Deforestación de la Amazonía brasileña creció más del 88% en junio y pone en alerta a las organizaciones

Para ONGs de protección medioam-biental, el aumento se condice con la retórica y política del Presidente Jair Bolsonaro, que «incentiva» la tala ilegal y «fortalece» la idea de impunidad entre quienes cometen estos crímenes.

BRASILIA – El área desforestada ilegalmente en la Amazonía brasileña creció un 88,4% en junio respecto al mismo mes del año anterior, según las últimas estimativas del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (Inpe).

De acuerdo con la proyección del Instituto, que capta datos mensuales a través de un sistema de alertas de modificaciones en la cobertura forestal de la Amazonía, la deforestación ilegal se extendió el mes pasado en 920 kilómetros cuadrados, frente a los 488,4 kilómetros cuadrados registrados en junio de 2018.

Es la primera vez que la deforestación crece durante dos meses consecutivos desde la llegada a la Presidencia de Jair Bolsonaro – el 1 de enero pasado -, quien se ha mostrado favorable a una flexibilización de las reglas ambientales en el país.

En meses anteriores, como abril o marzo de 2019, la detección de áreas desforestadas se redujo un 49,4 % y 29,5 %, respectivamente. Aunque algunos analistas atribuyen esta disminución a la temporada de lluvias. En los 11 primeros meses, la deforestación alcanzó los 4.565 kilómetros cuadrados, un aumento del 15% comparado con el mismo periodo del año previo.

Ascenso mantenido

Expertos explicaron que se trata de un informe «rápido» y que por ello los datos pueden verse alterados por factores meteorológicos o incluso por la precisión tecnológica. «Es un sistema que detecta cada mes las alertas de deforestación y sirve como un teléfono de urgencias del crimen ambiental, pues notifica el Gobierno de las áreas donde se sospecha de una deforestación ilegal», señaló a EFE el coordinador de políticas públicas de Greenpeace, Marcio Astrini.

Pero aún cuando los datos consolidados solo serán divulgados a partir de octubre, las cifras igualmente preocupan. Astrini subrayó que «es una situación gravísima», pues evidencia que Brasil, que posee el 60% de la Amazonía, está «en la dirección contraria» de mantener los compromisos de conservación ambiental que ha asumido.

El director de justicia socio-ambiental del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) en Brasil, Raúl Valle, expresó a EFE que el gigante latinoamericano viene aumentando «constantemente» el área de deforestación desde 2012, pero que la situación se empeoró sobre todo a partir de 2018 con el Gobierno de Michel Temer. Según aseveró, éstas «han facilitado la privatización de tierras públicas y han incentivado la deforestación ilegal» como medio de «reivindicar el derecho sobre la propiedad».

En noviembre del año pasado, el Ministerio del Medio Ambiente de Brasil informó que la deforestación ilegal de la Amazonía brasileña alcanzó su peor índice en una década, con un aumento de casi un 14% entre agosto de 2017 y julio de 2018. Según los datos del Ejecutivo, el área deforestada llegó a los 7.900 kilómetros cuadrados, que equivale a más de cuatro veces la superficie del Parque Nacional Torres del Paine.

«Por eso es tan preocupante que los datos preliminares de junio apunten un alza con respecto al año pasado, simplemente porque el año pasado es una pésima referencia», recalcó por su parte Astrini.

Bolsonaro, un «incentivo» a la deforestación

Según el representante de Greenpeace, las políticas ambientales del actual Gobierno «tienen una relación directa» con la tendencia alcista de la deforestación, pues tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el propio Presidente Jair Bolsonaro han criticado a personas e instituciones que combaten el crimen ambiental. «Es un Gobierno que incentiva la deforestación en el discurso y, en la práctica, crea una serie de normas y reglas que disminuyen la capacidad del Estado de combatir el crimen ambiental», recalcó Astrini.

Desde su campaña para las elecciones de octubre pasado, Bolsonaro se ha mostrado favorable a una mayor flexibilización de las políticas ambientales brasileñas y, según organizaciones, en sus seis meses en el Ejecutivo ya ha desmantelado agencias de conservación, recortado el presupuesto para la fiscalización de delitos relacionados, y reforzado su escepticismo sobre la lucha contra el cambio climático.

Para Valle, el mensaje que emite Bolsonaro y su gobierno «fortalece» la idea de impunidad y de que «ya no habrá el mismo rigor a la hora de fiscalizar y castigar» estos crímenes. «De hecho, un 40% de las alertas de deforestación ilegal este año se han producido en áreas protegidas, en tierras indígenas y de conservación, mientras que en los cinco primeros meses de este año, las multas aplicadas disminuyeron un 30%», argumentó el director de WWF.

«La ilegalidad en la Amazonía siempre ha sido grande, pero ahora los grupos ilegales ven las declaraciones y actos del Gobierno como una señal de que pueden avanzar más y no serán retenidos», sentenció.

Los controvertidos posicionamientos del Presidente brasileño han despertado polémica en la comunidad internacional. Mientras que algunos países, como Estados Unidos, han alabado a Bolsonaro, otros, como Francia o Alemania, han rechazado la agenda ecológica del ultraderechista.

Este miércoles, París puso en suspenso la firma del pacto entre la Unión Europea y el Mercosur, al que pertenece Brasil, cuando se creía que el acuerdo estaba en la puerta del horno. El ministro de Transición Ecológica y Solidaria, François de Rugy, afirmó que una de las condiciones para la firma es que «Brasil respete sus compromisos» en materia ecológica. «No habrá ratificación si Brasil continúa con la deforestación» del Amazonas, aseveró.

Esa misma jornada, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, admitió la posibilidad de que el Gobierno extinga el Fondo Amazonía si no llega a un acuerdo con sus principales patrocinadores, Noruega y Alemania, sobre las nuevas reglas de funcionamiento propuestas por la administración brasileña.

Creado en 2008, dicho fondo administra unos 1.300 millones de reales (cerca de 320 millones de dólares) procedentes de los gobiernos de Alemania y Noruega, y de la petrolera brasileña Petrobras, para la protección del medio ambiente. Los recursos son asignados por el banco de fomento BNDES a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales (ONGs).

Ahora, el Ejecutivo pretende modificar la gerencia del fondo y destinar parte de su presupuesto a indemnizar a hacendados con tierras en áreas protegidas de la selva tropical. En los últimos seis meses, la administración Bolsonaro ya extinguió dos comités gestores del fondo, uno de los cuales incluía entre sus miembros a representantes del gobierno federal, de los gobiernos regionales y de la sociedad civil.