Fin de la Cicig: Guatemala cierra capítulo anticorrupción promovido por misión de la ONU

La Comisión Internacional Contra la Impunidad termina su mandato tras 12 años de funcionamiento, luego de que el Presidente Jimmy Morales revirtiera su promesa de pedir una extensión de la labor de la entidad hasta 2021.

CIUDAD DE GUATEMALA – Una inédita lucha contra la corrupción en Guatemala llega a su fin este martes, con el cierre de una misión antimafias de la ONU que llegó a acusar a sectores considerados intocables y provocó la renuncia en 2015 del entonces Presidente, Otto Pérez.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de Naciones Unidas único en el mundo, termina su mandato tras 12 años de funcionamiento luego de que el Presidente del país, Jimmy Morales, revirtiera su promesa de pedir una ampliación hasta 2021.

Morales, quien antes elogiaba el trabajo de Cicig, llegó a señalar a la misión de ser una amenaza a la paz de Guatemala y prohibió el regreso del titular de la entidad, el ex juez colombiano Iván Velásquez, a quien declaró persona non grata y acusó de interferir en asuntos internos de la nación.

La salida de la Cicig genera una situación de incertidumbre sobre la continuidad de investigaciones de alto impacto y el ataque a la raíz de la corrupción.

Activistas consideran que el cierre fue empujado por sectores económicos poderosos, que se vieron amenazados por el alcance de la misión. «Los guatemaltecos estamos presenciando la salida de Cicig debido a esas presiones de los sectores oscuros», dijo a la AFP Eleonora Muralles, presidenta de la asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS).

«Se investigó a estos poderes que antes eran ocultos y ahora ya se desenmascararon, pertenecientes a élites económicas que aquí era prohibido tocarlos. Entonces quieren revertir lo que se ha trabajado o que ya no salgan más casos», agregó la activista.

Desafíos anticorrupción

La Cicig llevó al banquillo de los acusados a empresarios, militares, diputados, alcaldes y otros sectores señalados de corrupción. Aunque empezó a funcionar en 2007 a petición del gobierno guatemalteco, fue en 2015 cuando la Cicig agitó el país al revelar un fraude en las aduanas que provocó la renuncia del ex Mandatario Otto Pérez, señalado como cabecilla de la estafa.

En agosto de 2017, Velásquez y la entonces fiscal general, Thelma Aldana, pidieron retirar los fueros al actual jefe de Estado, al encontrar indicios de financiamiento electoral ilícito en su campaña de 2015, pero el Congreso ha evitado despojarlo de inmunidad hasta ahora.

Un año antes, una investigación de la fiscalía y la Cicig llevó al arresto de un hermano y un hijo de Jimmy Morales, por un contrato irregular de alimentos. Ambos fueron absueltos el mes pasado. El Presidente y los detractores de la Cicig han insistido que la misión formuló acusaciones sin fundamentos, violó la presunción de inocencia y fue selectiva en sus casos.

Muralles rechazó esos argumentos, señalando que la «Cicig buscó y encontró esas negociaciones oscuras», e indicó que sectores empresariales del país «se aliaron a este señor Jimmy Morales, que por supuesto prefirió servir de alfombra y el país ya no le importó».

Álvaro Montenegro, integrante del colectivo Alianza por las Reformas, coincidió en que la Cicig «tocó el corazón de la impunidad y la corrupción» al acusar a «personajes que tienen un muy fuerte poder económico». Para el activista, evitar un retroceso en la lucha contra la corrupción será un «gran reto» para la sociedad civil guatemalteca tras la retirada de la misión de la ONU.

«Será una responsabilidad de la ciudadanía de estar empujando al Ministerio Público. De estar observando, fiscalizando y de estar exigiendo que se continúe con esta labor», agregó.

Sí se puede

La Fundación Right Livelihood, que entregó en 2018 su llamado Nobel alternativo a Aldana y Velásquez, calificó el trabajo de la Cicig como «una de las campañas anticorrupción más exitosas del mundo». «Su experiencia debe usarse como una hoja de ruta para el futuro también en otros lugares del mundo donde la corrupción está dañando a la sociedad», refirió en un comunicado Ole von Uexkull, director de la fundación.

En su informe final, la Cicig destacó que desmanteló 70 estructuras criminales, llevo a juicio a 600 personas y logró 400 condenas.

«Creo que mis principales logros tienen que ver con haber generado una conciencia ciudadana (…). Que sí se puede adelantar investigaciones serias y profundas independientemente de quién sea la persona a la que se esté investigando», señaló Velásquez en una entrevista divulgada por la ONU.

La ex fiscal Aldana, quien intentó postularse a la presidencia, expresó en Twitter su reconocimiento a la misión: «Gracias Cicig por el legado de justicia y conciencia ciudadana. Juntos lo hicimos».

Por su parte, el recién electo presidente, Alejandro Giammattei, se negó a pedir la continuidad de la entidad y en su lugar anunció la creación de una comisión anticorrupción desde el propio gobierno, con apoyo internacional. Según anunció, esta tarde volará a Washington, Estados Unidos, para sostener una reunión sobre el combate contra la corrupción con el secretario de Estado, Mike Pompeo.