Fallo de justicia europea sobre etiquetado de productos de asentamientos israelíes abre el debate en el mundo

En su veredicto, el tribunal estableció que si solo se indica que el país de origen de los alimentos es el Estado de Israel, cuando en realidad vienen de los territorios que este ocupa, se «podría inducir a error a los consumidores».

LUXEMBURGO – Debate ha causado el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el cual estableció que los productos originarios de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados por Israel desde 1967 -Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán- deben indicar su procedencia en el etiquetado.

La decisión del alto tribunal comunitario, ante la que no cabe recurso, respalda así la decisión adoptada por Francia en este sentido y vincula al resto de Estados miembros de la Unión.

La Organización judía europea y la empresa vitivinícola Psagot, que explota viñedos en los territorios ocupados, habían recurrido la decisión del Ministerio de Economía galo en 2016 ante el Consejo de Estado, el máximo órgano judicial del país, que decidió preguntar al TJUE sobre la interpretación de las normas europeas de información alimentaria.

El alto tribunal europeo sentenció el martes que los productos originarios de los territorios ocupados por el Estado de Israel deben indicar su territorio de origen y, en caso de que provengan de un asentamiento israelí en el mismo, especificarlo.

La corte asentada en Luxemburgo argumenta que si solo se indica que el país de origen de los alimentos es el Estado de Israel, cuando en realidad vienen de los territorios que este ocupa, se «podría inducir a error a los consumidores» sobre el hecho de que Israel está presente como potencia ocupante y no como entidad soberana.

Por tanto, considera que es «obligatorio» especificarlo para evitar el error.

En segundo lugar, subraya que los asentamientos en algunos territorios ocupados por Israel violan el derecho internacional humanitario al «materializar una política de traslado de población que dicho Estado aplica fuera de su territorio».

En este sentido, señala que la información que se debe facilitar a los consumidores debe permitirles tomar decisiones con conocimiento de causa y tener en cuenta «no solo consideraciones sanitarias, económicas, ecológicas o sociales, sino también éticas o relativas al respeto del Derecho internacional».

«Estas consideraciones pueden influir en las decisiones de compra de los consumidores», afirma el TJUE.

El Consejo de Estado francés deberá ahora resolver definitivamente el litigio conforme a la sentencia de la corte europea, que es también vinculante para cualquier tribunal de otro Estado de la Unión que tenga que resolver un caso similar.

Reacciones

La decisión de Luxemburgo, ciertamente, tuvo un sinnúmero de reacciones. Por un lado, la ONG Oxfam aplaudió la sentencia y subrayó que los asentamientos israelíes «violan los derechos y libertades de los palestinos y agravan la pobreza en el Territorio Palestino Ocupado». Es por eso que «los consumidores tienen derecho a conocer el origen de los productos que compran y el impacto de estas compras sobre la vida de la gente».

Por su parte, el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, manifestó que «acogemos con satisfacción la decisión del Tribunal de Justicia Europeo y pedimos a todos los países europeos que apliquen lo que es una obligación jurídica y política».

En tanto, en su editorial de este jueves, el diario español El País recalcó que «lo que el veredicto hace es establecer una inequívoca distinción entre lo que son los productos producidos dentro del Estado de Israel, que disfrutan de las ventajas arancelarias establecidas en un acuerdo preferencial con la UE, de aquellos elaborados fuera de las fronteras internacionalmente reconocidas y que se hacen pasar por los primeros».

Por el contrario, la Asociación Judía Europea criticó que «toda la base de la política de etiquetado es puramente discriminatoria contra el único Estado judío del mundo» y que ningún otro país del mundo con territorios en disputa está sujeto a una política tan unilateral.

Línea similar tomó el Gobierno de Estados Unidos, que manifestó su «profunda preocupación» por el fallo del TJUE, asegurando que indica «una parcialidad anti israelí». «Este requisito sirve solamente para alentar, facilitar y promover boicots, retiro de inversiones y sanciones contra Israel», afirmó Morgan Ortagus, vocero del Departamento de Estados. «Estados Unidos se opone de manera inequívoca a cualquier esfuerzo con esos propósitos, o a cualquier otra presión económica para aislar o deslegitimizar a Israel», agregó.

La reacción estadounidense fue cuestionada por la Comisión Europea, que calificó las críticas de Washington como «inaceptables», ya que el bloque comunitario «se opone firme e inequívocamente a cualquier forma de antisemitismo». Del mismo modo, aseveró que el fallo de Luxemburgo está basado en el derecho internacional y, por tanto, «no puede considerarse discriminatorio».