México investiga a militares por supuesto abuso de la fuerza

CIUDAD DE MÉXICO – La Secretaría de la Defensa Nacional inició una investigación a una veintena de militares de la base del ejército en Nuevo Laredo, en el fronterizo estado mexicano de Tamaulipas, para evaluar si en un enfrentamiento contra supuestos criminales en el que murieron 12 personas hubo un uso excesivo de la fuerza.

Según indicó el miércoles el general Luis Cresencio Sandoval durante la conferencia de prensa matutina junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, la fiscalía militar realiza una investigación completa de toda la base, entre 22 y 24 elementos, involucrados en el desarrollo de esa actividad, en esa agresión por parte de la delincuencia para determinar si hubo excesos.

El jefe del ejército no descartó que al haber civiles involucrados el tema pueda ser transferido a la Fiscalía General de la República.

En un video hecho público el lunes por el diario El Universal se puede observar a militares disparando a presuntos miembros del crimen organizado durante una persecución que conllevó la muerte de 12 civiles, entre los que se encontrarían al menos tres víctimas de secuestro.

Una vez que acaba la balacera y algunos militares se acercan al vehículo de los supuestos agresores, se escucha una voz que insta a matar a uno de los sospechosos que, aparentemente, seguía con vida.

El suceso ocurrió el 3 de julio en una de las ciudades fronterizas con Texas más azotadas por el crimen organizado y que es feudo del Cartel del Noreste, descendiente de los antiguos Zetas.

El presidente pidió el lunes que se iniciaran las pesquisas. Nosotros no vamos a permitir esas prácticas, dijo. Eso se hacía antes, había la consigna de rematar a los heridos en enfrentamientos, por eso había tasas de letalidad elevadísimas.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos en México pidió la víspera una investigación conforme a los más altos estándares internacionales» y calificó las imágenes del video de preocupantes» y que reflejan conductas que pueden constituir uso excesivo de la fuerza letal y otras violaciones de derechos humanos.

Estos hechos evidencian la importancia de que el despliegue de las fuerzas armadas ocurra en forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, agregó el comunicado.

Tanto Naciones Unidas como diversas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales llevan años expresando su preocupación por la militarización de la seguridad. Sin embargo, el despliegue de las fuerzas armadas, que inició en 2006, permanece en gran parte del país aunque desde el año pasado miles de soldados y marinos se integraron a la nueva Guardia Nacional.