Las familias de los guatemaltecos, originarios del departamento de San Marcos, fronterizo con México, alertaron desde el principio que entre los fallecidos podrían hallarse sus seres queridos ”10 hombres y tres mujeres_, pues habían perdido contacto con el grupo cerca del 21 de enero. Además, el traficante que los guiaba se había comunicado con alguno de ellos y les indicó que estaban muertos.
Las autoridades de Tamaulipas anunciaron esta semana el arresto de una docena de policías estatales que enfrentan cargos de homicidio, abuso de autoridad y falso testimonio. De forma paralela, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó sobre el cese de ocho de sus agentes por irregularidades aparentemente vinculadas con el caso.
El fiscal no explicó cuál fue el móvil del crimen, pero en México policías locales y estatales corruptos a menudo están a sueldo de los cárteles. Estas bandas del crimen organizado suelen cobrar a los traficantes de migrantes por cruzar sus territorios y secuestran o matan a migrantes que no hayan pagado o a quienes optaron por cruzar a través de grupos rivales.
El crimen revivió la masacre de 72 migrantes en 2010 cerca de la localidad de San Fernando, también en el estado de Tamaulipas. La posibilidad de que se repitiera una masacre de este tipo era una de las mayores preocupaciones del actual gobierno mexicano, que ante el reciente suceso garantizó que no habría impunidad.
