Indicadores económicos confusos y la expulsión de 222 presos políticos: La actualidad del régimen de Ortega en Nicaragua
La excarcelación de los detenidos opositores puso nuevamente al Gobierno del líder sandinista en la palestra. La situación no varía respecto de años anteriores, mientras continúan las acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
MANAGUA – El pasado jueves, 222 presos nicaragüenses tomaron un avión rumbo a Estados Unidos, un viaje que sorprendió a la opinión pública nacional e internacional y a los mismos reclusos, que sólo una vez arriba de la aeronave se enteraron de que fueron expulsados por el régimen de Daniel Ortega. Dejaban su país pero abrazaban la tan anhelada libertad, algo que la mayoría en ese momento veía como un imposible.
No estamos hablando de cualquier tipo de reclusos: los expulsados por el líder sandinista fueron detenidos en su momento por delitos como traición a la patria, asociación ilícita o desórdenes públicos. Estamos hablando de figuras de la política y los medios de comunicación identificadas con la oposición, que a su vez los catalogó de «presos políticos».
Al aterrizar en Estados Unidos, estos 222 excarcelados fueron despojados de su nacionalidad por su supuesta traición a la patria, no obstante, la mayoría ya recalcó que, pese a ya no tener pasaporte nicaragüense, el sentimiento es el mismo y continuarán en su «lucha» por sacar a Ortega del poder y establecer un nuevo régimen.
Este hecho suma un nuevo capítulo en el historial de idas y venidas del Gobierno de Daniel Ortega, ampliamente criticado a nivel internacional por las detenciones arbitrarias de dirigentes opositores, el cierre de medios de comunicación y la celebración de unas elecciones que dejaron una serie de dudas, entre otras cosas.
Lo que hay detrás de las expulsiones
La detención en 2021 de siete precandidatos presidenciales puso a Ortega una vez más en el ojo público. El arresto de destacadas figuras de oposición -entre ellas Cristiana Chamorro, quien aparecía en las encuestas como la rival más fuerte para destronar al Presidente nicaragüense- le valieron una serie de críticas, pero a la vez le allanaron el camino para las elecciones de ese año.
En los comicios de 2021, Ortega y su esposa, Rosario Murillo, se impusieron como fórmula presidencial en un proceso cuestionado por gran parte de la comunidad internacional y la propia oposición nicaragüense, que catalogaron las elecciones de fraudulentas y antidemocráticas.
En ese momento, los principales contendores políticos del Mandatario figuraban tras las rejas, junto a un grupo de líderes sociales, dirigentes, periodistas y dueños de medios de comunicación. Entretanto, crecían los llamados a la liberación y las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos, mientras Estados Unidos encabezaba una serie de sanciones económicas contra el régimen de Ortega y sus allegados. El líder sandinista, por su parte, aseguraba que todos los arrestos seguían un debido proceso, que los encarcelados habían cometido diversos delitos y que su Gobierno era objeto de un complot internacional orquestado por Washington.
Fue en ese escenario que, sorpresivamente, expulsó a los 222 reclusos, entre ellos los ex precandidatos Arturo Cruz, Félix Madariaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, además de la ya mencionada Cristiana Chamorro. Todos ellos fueron despojados de su nacionalidad e inhabilitados de por vida para postular y ejercer algún cargo público.
Pero, ¿cuáles son las intenciones de Ortega al tomar esta medida? En cadena nacional, el Presidente nicaragüense aseguró que no tenía «ningún» interés más allá del de proteger la patria. Sin embargo, el director del programa de América Latina del Wilson Center, Benjamín Gedan, afirmó a BBC Mundo que «es posible que más que nada quería exiliar del país a sus opositores más capaces. Ya había debilitado a la sociedad civil y al periodismo independiente».
«Tal vez también buscaba un remedio del daño económico y aislamiento diplomático causados por las sanciones de Estados Unidos», remarcó, algo que es compartido por la escritora nicaragüense Gioconda Belli, quien dijo al mismo medio: «Creo que se pueden estar dando cuenta de que no pueden vivir en ese aislamiento en el que se han metido, que la presión internacional por la libertad de los presos políticos ya afectaba sus relaciones con América Latina».
Esta medida, de todos modos, no ha acallado de ninguna forma las críticas, que incluso han aumentado después de que la justicia condenara a 26 años y 4 meses de prisión al obispo católico Rolando José Álvarez, detenido en 2022 y que se negó a subirse al avión rumbo a Estados Unidos junto al resto de los detenidos.
El sacerdote, que además fue despojado de su nacionalidad, fue calificado de «traidor a la patria» y culpable de los delitos de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas a través de la tecnologías de la información y la comunicación, obstrucción de funciones agravada y desobediencia o desacato a la autoridad, todo en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua.
La sentencia se conoció un día después de que Álvarez se negara a viajar, pese a que el juicio estaba programado para el próximo 15 de febrero.
Cifras confusas
En materia económica, Nicaragua -tercer país más pobre de Latinoamérica- presenta cifras que llaman la atención. Según el último reporte del Banco Mundial de octubre pasado, «se estima que la actividad económica en 2021 se recuperó a los niveles anteriores a 2018», mientras que el PIB real «aumentó un 10,3% en 2021 y continuó durante la primera mitad de 2022 con un crecimiento del 5,0%. El consumo privado facilitado por las remesas, más las exportaciones, impulsaron la expansión en la primera mitad de 2022».
De todos modos, la institución remarca que, pese a la recuperación económica, los impactos de la crisis por la pandemia de covid-19 permanecen. Por ejemplo, las tasas de empleo en el segundo trimestre de 2022 fueron inferiores a las del mismo periodo en 2019 (64% frente a 66%), ya que sectores económicos como la construcción y la hotelería no se han recuperado por completo.
«Los acontecimientos geopolíticos internacionales recientes también impactarían sobre el crecimiento, solo parcialmente compensados ??por los impactos positivos de los precios más altos de las materias primas exportadas. El actual contexto político interno también podría influir en inversiones por debajo de los niveles históricos», remarcó.
Este reporte, de todas formas, sorprendió a los especialistas que vaticinaban un escenario mucho peor. «Las cifras del informe del Banco Mundial son muy sorprendentes. Algunos de los datos parecen sacados del Banco Central de Nicaragua (BCN), el cual carece de toda confiabilidad, debido a su falta de independencia», afirmó a DW Désirée Reder, investigadora del Centro de Estudios sobre Conflictos de la Universidad Philipps, de Marburgo, y del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA).
La experta aseguró que se trata de «números difíciles de verificar por fuentes independientes, toda vez que este año (2022) el Gobierno de Daniel Ortega ha prohibido de facto un total de 2.500 organizaciones no gubernamentales desde diciembre de 2018, por lo que en Nicaragua apenas quedan observadores independientes, periodistas y analistas no oficialistas».
Con ese escenario, Nicaragua está una vez más en el ojo público.
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