Jornada clave en Francia: Gobierno de Macron enfrenta dos mociones de censura por polémica reforma previsional

Una aprobación de la iniciativa es la única forma en que la oposición podría sepultar el plan de pensiones del Mandatario.

PARÍS – Francia vive este lunes una jornada política clave con la votación de dos mociones de censura contra el gabinete de la primera ministra Élisabeth Borne, que tumbarían también la impopular reforma de las pensiones si al menos una se aprueba.

La decisión del presidente liberal Emmanuel Macron de adoptar el jueves por decreto el endurecimiento de las reglas para cobrar una pensión completa recrudeció las protestas, que se tornaron en disturbios puntuales durante el fin de semana.

«Reitero mi llamado al presidente: Retire esta ley, no la promulgue. Esto calmaría los ánimos», dijo al diario Libération el líder del sindicato CFDT, Laurent Berger, para quien Macron será «el responsable de lo que ocurra».

Contra el rechazo de los sindicatos y de dos de cada tres franceses, Macron impuso un retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantó a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42 como ahora) para cobrar una pensión completa.

Sin mayoría clara en el Parlamento, el Presidente usó el polémico artículo 49.3 de la Constitución para adoptar su reforma. La única manera de impedir su aplicación es que los diputados aprueben una moción de censura contra el Gobierno.

La Asamblea Nacional (cámara baja) debe debatir a partir de las 16:00 horas las mociones presentadas por la extrema derecha y por el grupo de diputados independiente LIOT, con el apoyo de la izquierda, pero es complicado que prosperen.

Para salir adelante, cualquiera de las dos debe recabar 287 votos -la mayoría absoluta de la actual cámara de 573 diputados (hay cuatro escaños vacantes)-, por lo que necesitarían el apoyo de unos 30 legisladores de la oposición de derecha.

El presidente de Los Republicanos (LR, derecha), Éric Ciotti, reiteró este lunes que su partido no apoyará las mociones de censura, aunque algunos de sus diputados sí lo harán, entre ellos Aurélien Pradié, que habló de «quizás una quincena».

«Sí, votaré a favor de la moción de censura» de LIOT, «no la de la Agrupación Nacional (extrema derecha)», anunció en la radio Europe 1 Pradié, abogando por un «electroshock» y una «alerta política» para el Gobierno.

Para aumentar la presión sobre estos diputados, la líder ultraderechista Marine Le Pen dijo que no presentarán un rival contra quienes apoyen las mociones en caso de elecciones anticipadas. Macron amenazó con convocarlas en caso de revés.

«Cambiar» o disolver

La confirmación de la reforma no parece que calmará la tensión social. Desde el jueves se registraron protestas en varias ciudades, como en la plaza de la Concordia en París, a la espera de la novena jornada de manifestaciones masivas el jueves.

Este lunes, los manifestantes intentaron bloquear los accesos por carretera a la ciudad de Rennes (oeste) y las autoridades pidieron a las compañías aéreas que anulen de nuevo el 20% de sus vuelos en el aeropuerto parisino de Orly martes y miércoles.

El Gobierno también teme perturbaciones en los exámenes en los liceos para obtener el diploma de final de estudios ante eventuales bloqueos, como algunas organizaciones de estudiantes pidieron, o retrasos a causa de los transportes.

Más allá de la reforma, el Presidente, a quien no afecta la moción de censura, se juega poder aplicar el programa de su segundo mandato hasta 2027. El domingo, a través de su entorno, aseguró que quería ir hasta el final con su proyecto de pensiones.

Francia tiene una de las edades de jubilación más bajas de la Unión Europea (UE) y, en un contexto de mayor esperanza de vida, el Gobierno defiende que la reforma permitirá lograr el «equilibrio» en la caja de las pensiones para 2030.

Pero los observadores consideran que, en caso de ganar, el Ejecutivo logrará una «victoria pírrica». El Presidente deberá «cambiar» o disolver la Asamblea, porque «ya no pueden gobernar», estimó el diputado de LIOT, Charles de Courson.

La oposición de izquierda prepara también un recurso ante el Consejo Constitucional para retrasar su aplicación y estudia también iniciativas para promover un referéndum ciudadano sobre la misma.