Agua en México, ¿vida o bonanza económica?

México ha subido hasta los primeros puestos mundiales por el número de asesinatos de ambientalistas, la mayoría defensores de bosque, tierra y agua.

MÉXICO- El congreso del estado de Puebla fue sorprendido por un grupo de campesinos. Exigía apoyo para la frenar el uso de avionetas que presuntamente utilizaban empresas avícolas para disolver nubes; cuatro años después, las aeronaves siguieron volando, la lluvia escasa y la protesta radicalizada: para septiembre pasado bloquearon carreteras y tomaron el control del Palacio Municipal de Tecamachalco. Poco después, su líder fue secuestrado.

Carlos Rodríguez desapareció la madrugada de este sábado 14 de octubre en los alrededores del ayuntamiento y sus compañeros volvieron a la carga con diversas manifestaciones. Culparon al edil Pedro Antolín Flores de complicidad con las empresas avícolas Calvario y Grupo Romero y de secuestrar a su dirigente; a la hortícola china Jazmines S.A de C.V, de hacerse de pozos de manera ilegal.

Tres días después, apareció Carlos Rodríguez, golpeado y amenazado, pero con la misma insistencia: “Deben parar las avionetas y devolver los pozos”, dijo como representante del Frente Ciudadano y Campesino en Defensa del Agua, la Tierra y los Recursos Naturales.

Los campesinos de los pueblos indígenas de esa región no pensaron, hasta hace unos cuantos años, que sus condiciones de pobreza pudieran ser peores. Dependientes de los cultivos de temporal, sabían que tenían agua al menos para comer hasta que llegaron empresas al lugar con el fin de lucrar con el campo y acapararon el agua, dicen. O la alejaron, según sus conveniencias.

“Tenemos que comer, necesitamos el agua, si nos la quitan, va a haber sangre”, advirtió Pedro Petronilo, activista de la misma organización. “No vamos a permitir que la avaricia de una empresa nos quite lo único que tenemos”.

Carlos Rodríguez sobrevivió, pero se teme por su vida y la de otros dirigentes porque en la última década, México ha subido hasta los primeros puestos mundiales por el número de asesinatos de ambientalistas, la mayoría defensores de bosque, tierra y agua.

En 2021, fue el país más mortal con 54 ataques, según el reporte de Global Witness que lleva esta cuenta y el porcentaje de impunidad de los mismos que se ubica aquí en el 94 %. En 2022, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental contabilizó al menos 24 decesos.

Previo al secuestro de Carlos Rodríguez, murió en Tlalmanalco,  Estado de México, el defensor del agua y ambientalista, Álvaro Arvizu Aguíñiga, a causa de lesiones provocadas por una agresión en la madrugada del 13 de junio de 2023, un día después de que otro ambientalista, Cuauhtémoc Márquez, falleció en un hospital por el ataque en su domicilio de Amecameca.

Los activistas eran parte del Programa de Investigación Sierra Nevada y de Guardianes de los Volcanes que por más de una década han luchado por la promulgación de una nueva Ley General del Agua para detener el tráfico del líquido a manos de empresarios“, dijo en un comunicado la entidad responsable de los proyectos: la Universidad Autónoma metropolitana.

Exportación vs locales

El éxito del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá ha tenido un lado negativo, según el estudio Los millonarios del agua, de Wilfrido Gómez y Andrea Moctezuma con base en cifras del Banco de México.

Para lograr la demanda de sus socios, seis productos que representan el 45% de las exportaciones agroalimentarias, por ejemplo, tiene que invertir millones de litros de agua que a la vez dejan ganancias millonarias en dólares.

En 2022, la cerveza como el principal producto agroindustrial, obtuvo ganancias por  5,618 millones de dólares (mdd); el tequila 3, 317 mdd; el aguacate 3, 085 mdd; carne y ganado bovino 2, 996 mdd; berries 2, 787 mdd y jitomate 2, 540 mdd.

Sin embargo, para producir un kilogramo de carne se necesitan hasta 20,000 litros de agua, para un kilo de aguacate, 2,000; para uno de jitomate, 250, para una cerveza de 250 mililitros, 75, y para un litro de tequila, 20 litros.

A ello se une la demanda industrial como la automotriz y la siderúrgica y, al final de cuentas, “una quinta parte del agua sustraida legalmente en México está en manos del 1.1 por ciento de los concesionados, es decir, en alrededor de 3, 303 empresas. El resto, pelea por ella, destacan Gómez y Moctezuma.

“Tal y como está la ley actualmente no existe  un límite en cuanto al volumen de agua que se puede concesionar y así se propició un acaparamiento que pone en riesgo el bienestar colectivo”.

El debate entre el uso doméstico y empresarial se agravó paulatinamente. En fechas recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que algunas empresas sí están ayudando para ceder agua de sus pozos, pero no todas y advirtió que si se complica, priorizaría el uso “para consumo humano”.

El Instituto Mexicano para la Competitividad hizo a su vez un llamado al gobierno a actualizar los marcos legales, modernizar la infraestructura hidráulica y analizar los desafíos del aumento poblacional, el crecimiento de la mancha urbana así como las sequías.

Mientras tanto,  las batallas a ras de piso continúan con asesinatos, amenazas y abusos legales por parte de empresas y funcionarios de gobierno.

En su más reciente informe, la organización Amnistía Internacional acusó al Estado mexicano de que en lugar de atender las causas, usa desproporcionadamente las normas penales contra quienes protestan pacíficamente para defender la tierra, el territorio, el agua y el medio ambiente.

“Nuestro informe resalta la utilización de tipos penales vagos o ambiguos que no respetan el principio de legalidad como “motín”, “obstrucción de obra pública” y las variaciones del delito de “ataques a las vías de comunicación”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

Entre otros casos, el informe analizó la Colonia Maya en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde un grupo se unió para protestar en contra de la construcción de un fraccionamiento residencial que los dejaría sin agua; el de Zacatepec, en el que Miguel y Alejandro, comunicadores y defensores nahuas, protestaron en oposición a la construcción de un drenaje en Ciudad Industrial Huejotzingo, Puebla, que desembocaría en el Río Metlapanapa, contaminándolo.