Posible acuerdo entre el Gobierno e independentistas catalanes crispa la política española y genera protestas en el país

Frente a la posibilidad de una nueva investidura para Pedro Sánchez, el PSOE negocia con Junts para lograr una amnistía a procesados del independentismo.

MADRID – Las negociaciones entre el Gobierno e independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez como presidente continuaron este martes mientras en España crece el ambiente de crispación política desde algunos sectores y la presión judicial contra una posible amnistía a procesados del independentismo.

Mientras negocian el partido socialista PSOE y la formación independentista Junts en Bruselas, en distintas partes de España se suceden concentraciones apoyadas por grupos ultraderechistas que en algunos casos derivaron en incidentes.

A la vez, prosigue la ofensiva de la Justicia contra líderes independentistas como Carles Puigdemont, que desde Bruselas dirige la negociación de Junts tras huir de España después de la declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017.

Protestas con incidentes

Las concentraciones, que se repiten desde el pasado fin de semana, derivaron la pasada noche en incidentes ante la sede del PSOE en Madrid, con tres detenidos y cargas de policías antidisturbios.

Una actuación policial fuertemente criticada desde la derecha e incluso por sindicatos policiales, al considerarla desproporcionada, mientras que el Gobierno en funciones, de izquierda, defiende su “proporcionalidad».

A la protesta, convocada por un movimiento juvenil que se define como «patriota” español, acudió el líder del ultraderechista Vox, Santiago Abascal.

El PSOE decidió cerrar sus sedes por las tardes en toda España, ante el aumento de la tensión.

El conservador Partido Popular ha convocado concentraciones en toda España para el próximo domingo, pero no frente a sedes socialistas.

Ninguna de las partes negociadoras se aventura a concretar cuándo se cerrará el pacto, rebajando las expectativas para hacer posible la investidura esta misma semana.

Mientras se acerca la fecha tope, pues si no se celebra antes del 27 de noviembre habrá repetición electoral, la Justicia española sigue sus pasos en los procesos contra el independentismo.

Frente judicial

El juez que investiga por terrorismo entre otros a Puigdemont, que presidía el Gobierno regional de Cataluña cuando la declaración de independencia, ha abierto una vía para impugnar una eventual ley de amnistía ante la Justicia europea.

El magistrado de la Audiencia Nacional española Manuel García Castellón invoca en un auto judicial una directiva europea contra el terrorismo, lo que según explicaron a EFE fuentes jurídicas podría abrir la puerta a recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea esa amnistía si abarcase también causas por ese delito.

«Nos encontramos ante una materia que es Derecho de la Unión Europea», subraya en el auto.

Partidos y entidades independentistas catalanas, en un frente común, denunciaron que esta investigación por terrorismo representa una «persecución y criminalización del derecho a la protesta”.

El Gobierno regional de Cataluña, por su parte, acusó a la Justicia española de «prevaricar» para impedir el acuerdo de investidura.

El juez investiga protestas en Cataluña en 2019, entre ellas una huelga general y bloqueos en el aeropuerto de Barcelona y en la frontera con Francia, tras una sentencia que condenó a prisión a líderes independentistas, luego indultados por el Gobierno español.

El expresidente catalán está citado, junto a otros procesados, el próximo 17 de noviembre a un juicio en España sobre el supuesto desvío de dinero público para el proceso independentista.

En este contexto, una de las formaciones que apoyan a Sánchez, la coalición de izquierda Sumar, advirtió de que la presión judicial y en la calle obligan a «revisar con lupa» el acuerdo sobre la amnistía para que no haya «ningún atisbo de inconstitucionalidad».

El Consejo General del Poder Judicial, el órgano rector de los jueces en España, alertó el lunes de que esa ley acabaría con el Estado de derecho en el país, atentaría contra la Constitución española y sería un menosprecio a su sistema judicial.

España celebró el pasado julio elecciones en las que el más votado fue el conservador Partido Popular, pero no logró los apoyos parlamentarios necesarios para llegar al poder, que ahora intenta alcanzar la segunda fuerza con más votos, el PSOE, con el respaldo de distintas formaciones como Junts.