“Abogados de inmigración exigen libertad para operar sin orden ejecutiva

LOS ÁNGELES – Tras el paso de la administración de Donald Trump, una orden ejecutiva que impone la amenaza de sanciones, revisiones y una supervisión más estricta contra los abogados que representan demandas contra el gobierno federal, los activistas pro inmigrantes encienden la alarma.

Este memorando no solo es engañoso, sino también increíblemente peligroso. El acceso a la asesoría legal es esencial para el sistema de justicia y la democracia, dicen líderes comunitarios.

La orden, dicen activistas, ataca específicamente a los abogados de inmigración que defienden a personas inmigrantes en la mira del gobierno.

El memorando del presidente Trump titulado “Prevención de Abusos del Sistema Legal y la Corte Federal”, declaró que el sistema de inmigración está “repleto de ejemplos de comportamiento inescrupuloso por parte de abogados y bufetes de abogados”, y ordena al Fiscal General y al Secretario actuar contra los abogados de inmigración, los bufetes de abogados y el Colegio de Abogados de Inmigración en determinadas circunstancias. El memorando ordena sanciones, revisiones y una supervisión más estricta de los abogados en casos de asilo e inmigración.

Nicole Melaku, co directora de la campaña “Fairness to Freedom” y directa de la Alianza Nacional Para Nuevos Estadounidenses dijo que “los abogados que representan a inmigrantes, votantes o comunidades marginadas promueven un sistema legal que funcione correctamente, donde todos tengan la oportunidad justa de comprender y defender sus derechos”.

Por este motivo, “El presidente Trump está persiguiendo a los abogados porque defienden el Estado de derecho y obstaculizan sus crueles planes de separar a las familias inmigrantes. Al abusar de su poder para amenazar a los abogados o bufetes de abogados cuyos litigios no le agradan, el presidente se asegura de que ya no vivamos en una democracia, sino bajo un régimen autoritario”, Melaku.

Shayna Kessler, directora de la iniciativa “Avanzando la Representación Universal” del Instituto Vera de Justicia, declaró que el derecho a un juicio justo no es opcional; es una garantía constitucional.

“La administración Trump debe revertir su postura para preservar la integridad de nuestro sistema legal y nuestra democracia. En lugar de intimidarse por esta indignante práctica, los miembros de la comunidad jurídica seguirán cumpliendo con su labor de proteger los derechos de las personas y exigir al gobierno que rinda cuentas ante la Constitución”, dijo Kassler.

Con el aumento de las deportaciones rápidas sin el debido proceso y el uso de otras agencias federales para rastrear a los extranjeros, los abogados son una necesidad, dicen activistas.

Rebekah Wolf, directora de la Campaña de Justicia Migratoria del Consejo Americano de Inmigración, dijo que las investigaciones son claras sobre la necesidad de abogados migratorios para garantizar cierto nivel de debido proceso para quienes navegan el sistema migratorio, “tan complejo y deficiente”.

“Sin embargo, la mayoría de los no ciudadanos ya se ven obligados a hacerlo solos, y la administración Trump ahora está trabajando para despojar de abogados al mayor número posible de personas, todo con el pretexto de aumentar las cifras de deportación”, dijo Wolf.

Las personas en procedimientos judiciales de inmigración buscan representación legal mientras navegan por el sistema legal complejo. Los voluntarios pro bono, por ejemplo, realizan este trabajo sin costo alguno para satisfacer la urgente necesidad de representación legal en este sistema desatendido. Este memorando también intenta intimidar y castigar a abogados y voluntarios para que no ayuden a los inmigrantes a presentar sus casos. Este intento de eliminar el debido proceso básico perjudicará a quienes ya tienen pocas opciones.

A juicio de Lindsay Toczylowski, presidenta y directora ejecutiva del Centro Legal de Defensores de Inmigrantes (ImmDef), existe una razón por la que el presidente Trump teme a los abogados.

“Sabe que los abogados son fundamentales para defender una sociedad basada en el Estado de derecho y que nuestra labor es exigir a los funcionarios electos que rindan cuentas ante la Constitución. Desde hace tiempo, el presidente Trump ha considerado que el debido proceso y la equidad fundamental son inconvenientes para sus planes de deportaciones masivas y caos en nuestras fronteras”, dijo la activista.

“No nos dejaremos intimidar porque sabemos que apoyamos a nuestros clientes y comunidades. Defendemos el Estado de derecho y la justicia para todos. Nos mantenemos firmes en el lado correcto de la historia y no nos iremos a ninguna parte”, dijo Toczylowski.

Asimismo, Cecillia Wang, Directora Jurídica Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), dijo que la acción del presidente de Estados Unidos constituye un ataque aterrador y sin precedentes contra los cimientos de la libertad y la democracia.

“Los buenos abogados, independientemente de su ideología o partido, se mantendrán firmes en el honorable ejercicio de nuestra profesión. Seguiremos defendiendo al pueblo y el estado de derecho”, dijo.