Amotinados en un penal de Buenos Aires: “Nos negamos a morir en la cárcel”

Los presos exigen atención médica, elementos de higiene y arrestos domiciliarios para combatir el hacinamiento.

BUENOS AIRES – La olla a presión en la que se convirtieron las cárceles argentinas terminó por explotar con un violento motín en Devoto, un penal federal que ha sobrevivido a todos los intentos de reforma y hoy es el último de su clase en plena ciudad de Buenos Aires. Cientos de presos se rebelaron este viernes para exigir que se aceleren los arrestos domiciliarios ordenados por la Cámara de Casación para reducir el hacinamiento y combatir así un eventual brote de coronavirus. Medio centenar de presos están aún en los techos del penal y portan una bandera con la leyenda “Nos negamos a morir en la cárcel”. El servicio penitenciario informó de 11 guardiacárceles con heridas leves.

El miedo de los reclusos de Devoto a la covid-19 creció tras el testeo positivo de un guardiacárcel. Por el momento, los presos se han negado a hablar con las autoridades penitenciarias y han exigido ser atendidos por un magistrado de la Cámara de Casación. Los jueces que la integran recomendaron la semana pasada a los tribunales que concedan el beneficio del arresto domiciliario a unos 1.200 presos, cifra que se elevó luego hasta 2.000 por recomendación de la Procuración, la oficina que vela por los derechos de los presos.

El hacinamiento es un problema recurrente en todo el país. El sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires tiene, por ejemplo, capacidad para 24.000 reclusos y aloja a casi 52.000. En el sistema federal, con seis complejos y 28 unidades distribuidas por todo el país, la sobrepoblación ronda el 20%, según datos de la Procuración Federal. En Devoto, donde este viernes se inició el motín, hay 2.200 personas detenidas, cuando la capacidad es de 1.694.

Desde el inicio de la pandemia, las autoridades penitenciarias idearon un plan de contingencia para todas las prisiones que incluyó el reparto de material sanitario y la suspensión de las visitas familiares. Además, se autorizó a los presos a utilizar teléfonos móviles para que pudiesen mantener el contacto. Pero los reclusos denuncian que no tienen elementos de higiene suficiente, que la atención médica es mala y que sin sus familias perdieron las raciones de comida que recibían desde el exterior. Exigen además que se acate el fallo de Casación y se envíe a casa a los detenidos por delitos no violentos que integran grupos de riesgo, una forma de protegerlos y, al mismo tiempo, de reducir el hacinamiento.

Durante las últimas semanas, motines más o menos violentos se sucedieron en cárceles de distintas provincias para exigir medidas de prevención contra la pandemia, con un saldo de cinco presos muertos. Solo en la provincia de Buenos Aires hay unos 1.200 detenidos en huelga de hambre, según las estimaciones oficiales.

Este viernes, además, las autoridades provinciales relevaron a la dirección de un penal por la muerte de un recluso durante un enfrentamiento con policías. La autopsia determinó que el cuerpo del interno tenía ocho impactos de balas de goma y al menos uno de munición de plomo. “La utilización de proyectiles de plomo no está permitida dentro de las cárceles. Se utiliza en la seguridad perimetral, solo en casos extremos y para repeler agresiones externas”, dijo el titular del Servicio, Xavier Areses. Los policías que participaron del operativo antidisturbios dijeron que el preso había muerto por una puñalada, tras una pelea entre bandas.