Argentina cae en un nuevo “default” parcial

El Gobierno de Alberto Fernández aplaza un año el pago de bonos bajo legislación local por unos 10.000 millones de dólares.

BUENOS AIRES – Argentina ha incurrido en un nuevo default parcial. Con un decreto publicado a primera hora del lunes, el Gobierno de Alberto Fernández aplazó hasta 2021 el pago de varias emisiones de bonos que vencían a lo largo de este año. Se trata de bonos en divisa estadounidense emitidos bajo legislación argentina y su importe ronda los 10.000 millones de dólares. “Esta decisión es parte del plan que trazamos para restaurar la sostenibilidad de la deuda”, dijo el ministro de Hacienda, Martín Guzmán.

Con la renegociación general de la deuda aplazada por la pandemia, Martín Guzmán parece reservar los escasos dólares de que dispone para el pago de los bonos que se atienen a la legislación extranjera (entiéndase neoyorquina): un default en esos bonos supondría la apertura automática de pleitos y, probablemente, la irrupción de los llamados “fondos buitre” (los que invierten en deuda considerada impagable y buscan resarcimiento en los tribunales). Con los bonos bajo ley argentina ese riesgo es menor, aunque entre los damnificados por el aplazamiento figuran grandes fondos internacionales, como Fidelity y Pimco.

Hace una semana, Guzmán aseguró que todos los bonos serían tratados por igual. La ruptura del compromiso fue, sin embargo, relativamente bien acogida en Wall Street, donde los bonos argentinos bajo ley estadounidense registraron una leve subida. Eso se debió, según los analistas, a que los inversores interpretaron que esos bonos tendrían un trato de privilegio en el sentido de que su reembolso, al menos hasta llegar a un acuerdo de reestructuración, sería prioritario. Incluso se redujo unos puntos el riesgo-país. Los bonos bajo ley argentina, por el contrario, cayeron en Wall Street hasta un 17%.

El anuncio de diferimiento no supuso una gran sorpresa. El jueves y viernes de la pasada semana, los bonos bajo ley argentina se vendían en torno al 30% de su valor nominal, es decir, a precios en los que se daba por supuesto un default.

En el decreto de aplazamiento se argumentaba que la pandemia había “alterado los plazos previstos” en el programa de sostenibilidad de la deuda y que su “impacto sobre la salud pública sumado a la situación económica y social imperante” hacía forzosa la medida. En mayo vencían ya más de 1.500 millones de dólares de uno de los bonos diferidos a 2021. Hasta diciembre había vencimientos por otros 2.000 millones. A través de su cuenta de Twitter, Martín Guzmán añadió que el aplazamiento era parte de un “plan para sentar condiciones para una Argentina que se desarrolle con inclusión social cuando dejemos atrás estas durísimas circunstancias del Covid-19”.

A medio plazo, nadie se sentía capaz de predecir si este aplazamiento, o “default” parcial, sería el último, o si habría que tomar nuevas medidas de este tipo hasta llegar a la plena suspensión de pagos. Los cálculos que había realizado en enero Martín Guzmán, que dispone de plenos poderes en materia de gestión de la deuda, quedaron invalidados por la pandemia y el frenazo económico causado por el confinamiento de la población.

Por el momento resulta imposible estimar el impacto que el coronavirus tendrá sobre el cuadro macroeconómico de un país en recesión desde 2018, cuando recibió del Fondo Monetario Internacional una ayuda de 57.000 millones de dólares. La cantidad percibida del préstamo, unos 44.000 millones, no podrá ser devuelta en los plazos previstos. Por otra parte, la caída de la recaudación fiscal se compensará con emisión de billetes por parte del Banco Central, lo que puede agudizar una inflación que antes de la pandemia superaba el 50% anual. Algunos economistas temen que el frenazo de la economía y el aumento del gasto público necesario para asistir a las familias que se han quedado sin ingresos pueda suponer una contracción superior al 4,5% del Producto Interior Bruto.

El presidente Alberto Fernández planea aliviar las medidas de confinamiento a partir del 13 de abril, con el fin de que sectores de la economía ahora paralizados (el comercio no alimentario ni farmacéutico, diversos renglones industriales) puedan reiniciar una cierta actividad y se reduzca en lo posible la gravedad de la recesión.