Así funciona la regla de protección para cónyuges de ciudadanos de Biden

PORTLAND – En un intento por equilibrar la balanza tras su reciente represión de asilo para los inmigrantes en la frontera sur, el presidente Joe Biden otorgó el martes nuevas protecciones para cientos de miles de inmigrantes que han estado viviendo en Estados Unidos ilegalmente durante años con parejas ciudadanas.

Según la nueva política, unos 500,000 cónyuges indocumentados estarán protegidos de la deportación y se les dará un camino hacia la ciudadanía.

El programa no entrará en vigor hasta posiblemente fines de verano, donde las personas elegibles sin récord criminal podrán solicitar los beneficios. Para ser elegible, los cónyuges deben haber vivido en Estados Unidos durante 10 años y estar casados con un ciudadano estadounidense al 17 de junio. Los beneficios también se extenderían a los aproximadamente 50,000 hijos de cónyuges indocumentados que se convirtieron en hijastros de ciudadanos estadounidenses.

“Estas parejas han estado criando familias, enviando a sus hijos a la iglesia y a la escuela, pagando impuestos, contribuyendo a nuestro país”, dijo Biden en la Casa Blanca, donde se le unieron miembros del Congreso y beneficiarios de DACA, conocidos como Dreamers.

El abogado de inmigración, Sergio Siderman dijo que para las familias mixtas esto significa un alivio al no ser separados a la hora de someter su papeleo para regularizar la estadía.

“Actualmente, los esposos, aunque estén casados con un ciudadano de los Estados Unidos y no tienen una entrada legal, deben salir a su país de origen a una entrevista para buscar su residencia permanente. Con la orden ejecutiva del presidente Biden, eso cambia radicalmente porque se puede pedir un perdón por una entrada ilegal”, dijo.

Esta nueva orden de Biden es la más importante en materia migratoria en más de una década y dará oportunidad a legalizar a las esposas y esposos de ciudadanos estadounidense dentro de los Estados Unidos, en vez de salir a su país natal, como se acostumbraba en el caso de personas que ingresaron al país de manera ilegal o sin ser detectados.

En la experiencia de Siderman, más de la mitad de los casos que ve, tienen que salir del país aun cuando siempre se busca la manera de evitar este paso.

“Veo a muchas personas que se desaniman por temor al saber que tienen que regresar a su país para arreglar sus documentos, ya sea por miedo, por mayores gastos, por dejar su trabajo o por razones familiares. En 27 años sirviendo como abogado, todos los clientes que van a una entrevista a la embajada han regresado pero la mayoría me cuentan que sufren de nervios, estrés y preocupaciones”, dijo el abogado.

“Muchos tienen demasiado tiempo sin regresar a su país, no conocen a nadie y el temor siempre está presente aun cuando vayan muy bien preparados y representados para su entrevista. Además hay más gastos al ir a la embajada porque estamos hablando de gastos de viaje como avión, hotel, alimentos, transporte local, etc,”, sostuvo.

Antes de la orden ejecutiva de Biden de este 18 de junio, los inmigrantes que tienen que salir porque no alcanzan un perdón, son todos aquellos que no pueden demostrar una entrada legal o que no tienen ninguna petición anterior como la 245i. Después de la orden ejecutiva del presidente Biden, todas personas sin documentos que estén casados con ciudadanos de los Estados Unidos pueden solicitar un PIP, o un perdón por entrada ilegal que les abre el camino para obtener su residencia legal sin salir del país.

Asimismo, la abogada de inmigración, Elizabeth Uribe anticipa que este nuevo proceso será más rápido que el procedimiento actual.

“El procedimiento actual es muy distinto ya que si el cónyuge llegó al país sin documentos no calificados para arreglar dentro del país; se hace la petición de familia, después solicitud del perdón por la presencia ilegal, y luego se tiene que ir a su país de origen para una entrevista consular. Este proceso actual toma de cuatro a cinco años o más”, dijo Uribe.

“Otro punto importante bajo el procedimiento actual, no recibir permiso de trabajo mientras el caso está pendiente. Si hay personas que hasta hoy no habían iniciado su caso por temor a tener que salir a su país de origen para la entrevista consular, ya que siempre existen riesgos y si un caso es negado en el extranjero hay complicaciones y una separación de la familia indefinida”, dijo.

Actualmente los que tienen que salir son los que no tienen entrada legal (INA 245(a)) o los que no tienen el amparo de la ley INA 245(i ).

En la experiencia de Uribe, la mayoría de casos que maneja también son personas que no califican para regularizar su estatus dentro del país.

“Es importante recalcar que por ahora USCIS no está aceptando aplicaciones; así que tengan cuidado con los estafadores”, dijo Uribe.

Dentro de su anuncio, Biden también dijo que facilitaría que los inmigrantes jóvenes, incluidos los Dreamers, obtengan acceso a visas de trabajo. Eso protegería su estatus legal incluso si el DACA, que ya está envuelto en un litigio, desaparece.

Maya Wiley, presidenta y directora ejecutiva de The Leadership Conference on Civil and Human Rights, dijo que durante décadas los activistas han estado pidiendo al Congreso que reforme el fallido sistema de inmigración con un enfoque en mantener unidas a las familias y brindar a las personas estabilidad a largo plazo.

“Este cambio afectará a personas que han vivido en Estados Unidos durante un promedio de 25 años y que son padres de casi 600,000 niños estadounidenses, manteniendo unidos a unos dos millones de familiares. Además, un nuevo proceso para los beneficiarios de DACA y los graduados universitarios indocumentados agilizará el acceso a visas basadas en empleo, brindando mayor estabilidad y oportunidades laborales”, dijo Wiley.

“Estos cambios representan las reformas migratorias más significativas desde que se creó DACA hace 12 años, ofreciendo estabilidad y oportunidades sin precedentes a innumerables inmigrantes”.

Por su parte, la presidente de la AFL-CIO, Liz Shuler, aplaudió el avance de Biden y Harris en materia de derechos.

“Los derechos de los inmigrantes son derechos de los trabajadores, y cualquier política que fortalezca la protección de los inmigrantes es clave para nuestros esfuerzos por desarrollar el poder de los trabajadores y elevar los estándares en nuestras industrias”, dijo Shuler. “Hasta que todos los trabajadores, independientemente de su estatus migratorio, tengan derechos iguales y exigibles en este país, los empleadores seguirán pagando menos, maltratando y clasificando erróneamente a los inmigrantes trabajadores que ayudan a mantener nuestra economía en funcionamiento. Ante décadas de vergonzosa inacción del Congreso, la administración Biden ha dado hoy un paso adelante sensato y muy necesario”.