CIDH urge sancionar a responsables de mortal incendio en centro migratorio de México

CIUDAD JUÁREZ – Tras cumplirse un mes del incendio en un centro de inmigración de México donde murieron 40 migrantes de varios países y otros 27 resultaron heridos, la CIDH instó a investigar el caso y a sancionar a los responsables.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que los migrantes y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad de los hechos que “provocaron violaciones a derechos humanos” y la identidad de los “perpetradores”.

Esto implica la obligación de esclarecer, investigar, procesar y sancionar a responsables y, según las circunstancias, garantizar el acceso a información en poder del Estado.

“A un mes de los hechos señalados, la CIDH reitera su solidaridad con las víctimas y sus familias, y urge al Estado a actuar con debida diligencia para investigar, sancionar a responsables, reparar adecuadamente a las víctimas y adoptar medidas urgentes para evitar la repetición de estos hechos”, dijo el organismo interamericano.

Los migrantes y sus familiares, además, tienen derecho a asistencia, protección, acceso a la justicia. “Lo anterior, incluye el acceso a la justicia a través de fronteras en condiciones justas, eficaces y accesibles”.

La CIDH condenó la pérdida de vidas de migrantes en custodia del Estado mexicano y dijo que tomó nota de las acciones adoptadas por este, entre las que destacan: la suspensión definitiva de las actividades del centro provisional donde ocurrió el siniestro, la entrega de tarjeta de visitante por razones humanitarias que garantiza atención hospitalaria a los lesionados.

También las investigaciones iniciadas para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, y el proceso implementado para reparar a las víctimas de las familias.

Asimismo, dijo que se observa el anuncio del Poder Ejecutivo de la creación de un concejo para la protección de derechos humanos de personas migrantes y la reforma del Instituto Nacional de Migración (INM).

El organismo interamericano refirió también que organizaciones de la sociedad civil denunciaron la criminalización de Jaison “N”, señalado en el proceso penal como presunto autor material por acción de los delitos de homicidio y lesiones dolosos; “quien, en ese momento, estaría ejerciendo el derecho a la protesta por la carencia de insumos básicos como agua, papel de baño y alimentación”.

También advirtieron sobre los posibles riesgos en la recolección de evidencias, la entrega de los cuerpos y las limitaciones de las familias y sobrevivientes para participar en la investigación.

En relación con el traslado de los restos mortales, información del Estado señala que, hasta el 24 de abril, se procedió al retorno de 31 de las 40 víctimas fallecidas.

Se informó sobre la activación del Grupo de Acción Inmediata (GAI) junto con los gobiernos de Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras y Venezuela para apoyar de manera expedita a las familias, coadyuvar en la identificación de los fallecidos, repatriar los restos humanos, atender a los heridos y gestionar la reunificación de familias.

En ese sentido, la Comisión recuerda que, de acuerdo con los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas, se debe asegurar un proceso respetuoso de identificación, investigación y traslado de los restos mortales de personas migrantes, permitiendo a sus familiares realizar sus ritos fúnebres adecuadamente.

Los Estados de origen y residencia deben colaborar para consultar a los familiares antes de cualquier acción que altere los restos y garantizar apoyo logístico y financiero para el traslado.