Comenzó el juicio estatal sobre la constitucionalidad de la ley de armas en Oregón

SALEM – Pronto podría decidirse el destino de la ley de armas aprobada por los votantes de Oregón, una de las más estrictas del país.

El juicio estatal en torno a la Medida 114 comenzó en el condado de Harney. El juez de circuito Robert S. Raschio ha programado seis días para presentar argumentos sobre si la ley viola la Constitución de Oregón.

La Medida 114 fue aprobada por estrecho margen en noviembre pasado, con el 50,6% de los votantes a favor de los cambios en el proceso de propiedad y compra de armas de fuego en el estado.

Según la medida, las personas deben obtener un permiso antes de comprar un arma. Los cargadores de gran capacidad que contienen más de 10 cartuchos de munición están prohibidos a menos que pertenezcan a miembros de las fuerzas del orden o del ejército, o que hayan sido comprados antes de la aprobación de la ley. La ley también crea una base de datos de armas de fuego a nivel estatal.

Se suponía que la medida entraría en vigor el 8 de diciembre, pero ha estado en suspenso mientras el estado argumenta su legalidad en los tribunales federales y estatales. El juez Raschio suspendió todas las partes de la medida en enero y emitió una preliminar orden judicial.

En julio, la jueza federal Karin Immergut dictaminó que la medida de control de armas es constitucional después de un juicio que duró una semana. Karin Immergut dictaminó que la prohibición de los cargadores de gran capacidad y el requisito de permiso estaban en línea con otras regulaciones de armas y eran permisibles según el lenguaje de otras decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Los demandantes en ese caso presentaron una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y podrían trasladar la decisión a la Corte Suprema de Estados Unidos.

¿Qué hace la Medida 114 de Oregón?

La medida exige que los habitantes de Oregón obtengan un permiso para comprar un arma. Los solicitantes deben pagar una tarifa máxima de $65, presentar una identificación con fotografía, tomarse las huellas digitales, aprobar una verificación de antecedentes penales y completar una capacitación de seguridad aprobada.

Los jefes de policía, los alguaciles del condado o sus designados son los «agentes de permisos» según la medida y tendrían 30 días para emitir un permiso.

Las renovaciones tendrían un costo de $50 dólares.

La policía estatal debe mantener una base de datos electrónica de permisos con capacidad de búsqueda y reportar los datos de los permisos. La venta y transferencia de armas de fuego a una persona sin permiso sería un delito menor de Clase A según la ley y podría ser un delito grave si se repite el delito.

La Medida 114 también prohibía la fabricación, importación, compra, venta, posesión, uso o transferencia de cargadores con capacidad para más de 10 balas. Se suponía que las restricciones entrarían en vigor 180 días después de la aprobación de la ley.

Los miembros de las fuerzas del orden y de las fuerzas armadas estaban exentos, además de aquellos que ya poseían o heredaban los cargadores para usarlos en su propiedad, en campos de tiro o competiciones, para cazar o mientras los transportaban a un lugar permitido.

Testimonio restringido

El lunes, los propietarios de armas Joseph Arnold y Cliff Asmussen expondrán sus propios argumentos a nivel estatal.

El juez Raschio ha prohibido ciertos testimonios en el caso, incluidos testimonios de médicos sobre el tratamiento de víctimas de disparos, víctimas y testigos de violencia armada.

Los acusados ​​tenían la intención de llamar al cirujano traumatólogo Dr. Mackenzie Cook, hija de una víctima del tiroteo en Clackamas Town Center, y brindar testimonio relacionado con la cantidad de balas disparadas en situaciones de autodefensa, según la moción de los demandantes.

Si bien Raschio estuvo de acuerdo con la moción de los demandantes, también aceptó la moción del demandado de excluir testimonios relacionados con los esfuerzos estatales y locales y la capacidad para implementar la medida.

En cambio, el juez Raschio dijo que se centrará en el texto de la medida tal como se aplica al Artículo I, Sección 27 de la Constitución de Oregón.

«La cuestión es si la Medida 114 es aparentemente constitucional según la Constitución de Oregón. Así que toda esa evidencia está fuera del ámbito de competencia del tribunal, ya que no estoy tomando una decisión política», dijo Raschio. «Sólo estoy tomando una decisión sobre la constitucionalidad de la medida electoral».

El juicio comienzó el lunes a las nueve de la mañana.