¿Cómo está respondiendo Oregón a la orden de Trump que pone fin a la ciudadanía automática por nacimiento?

SALEM – La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, junto con una coalición de grupos de inmigrantes y varios estados, incluido Oregón, han presentado demandas impugnando la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pone fin a la ciudadanía por nacimiento para los niños nacidos en Estados Unidos.

El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, dijo el martes que el estado se unía a otros estados para impugnar legalmente la orden ejecutiva que Trump firmó el lunes después de prestar juramento nuevamente.

Rayfield dijo que si bien el presidente “tiene todo el derecho a emitir órdenes ejecutivas… ese poder no se extiende a instituir políticas que infrinjan nuestros derechos constitucionales”.

El fiscal general de Oregón se suma a la impugnación legal contra Trump

El estado de Oregón se unió a Washington, Illinois y Arizona en una demanda que solicita el cese inmediato de la orden ejecutiva del presidente Trump que pone fin a la ciudadanía por nacimiento, anunció Rayfield.

Se presentó una demanda similar en Massachusetts y se unieron California y otros 17 estados, el Distrito de Columbia y San Francisco.

La orden ejecutiva de Trump titulada “Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense” tiene como objetivo poner fin a la ciudadanía automática por nacimiento.

La Decimocuarta Enmienda establece la ciudadanía por nacimiento, lo que significa que cualquier niño nacido en los EE. UU. es ciudadano, independientemente del estatus de sus padres.

“El intento de la administración de eludir la Decimocuarta Enmienda es una clara violación de la Constitución de los Estados Unidos. Si se permite que siga vigente, esta orden violaría décadas de leyes establecidas que han ayudado a mantener a los niños sanos y seguros”, dijo Rayfield en una declaración preparada.

Los estados también argumentan que poner fin a la ciudadanía por nacimiento causará gastos no planificados porque la financiación federal para muchos programas, como Medicaid, se verá afectada por el estatus migratorio.

En 2022, alrededor de 4.000 bebés nacidos de uno o dos padres que no eran ciudadanos nacieron en Oregón, según la demanda.

Los estados «se verán obligados a soportar costos significativamente mayores para operar y financiar programas que garanticen la salud y el bienestar de sus residentes», dice la demanda.