De la candidata narco a la compra de votos: Las polémicas que han marcado unas elecciones clave en España

Este domingo, el país europeo celebra comicios en 12 de sus 17 comunidades autónomas, en un proceso que ha estado lleno de escándalos.

MADRID – Una concejala detenida por narcotráfico; un candidato acusado de acoso laboral; abanderados terroristas y una denuncia de compra de votos. Las polémicas han marcado a fondo la última campaña electoral en España, que este domingo renueva los ayuntamientos y parlamentos de 12 de las 17 comunidades autónomas (regiones) del país, unos comicios considerados clave pensando en las elecciones legislativas nacionales previstas para seis meses más.

La atención (y tensión) es total en el país europeo. Para muchos, esta elección podría marcar la pauta para las votaciones nacionales, donde el PSOE espera consolidar su poder y seguir gobernando, Podemos busca crecer y la oposición de derecha, protagonizada por el Partido Popular (PP) y Vox, espera salir victoriosa y quedar en un buen pie para fin de año.

Con ese escenario, cualquier polémica ha dado que hablar. Y este año han abundado y han llegado a niveles altísimos, al punto que podrían incidir en los resultados.

El narcotráfico entró en las elecciones

Uno de los casos más bullados es el que protagonizó Ana González Martínez, concejala de Vox en el Ayuntamiento de Parla (Comunidad de Madrid) y candidata a la reelección que el 11 de mayo fue detenida junto a su marido y otras dos personas más bajo los cargos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico.

De acuerdo con la investigación, González y su pareja, de profesión militar, lideraban una organización dedicada a la venta de cocaína y marihuana a mediana escala a otros traficantes, que a su vez la vendían en pequeñas dosis, en zonas de Madrid y Toledo.

La sustancia era adulterada y almacenada en el domicilio de la pareja en Yeles (Toledo) y distribuida por el marido de la concejala, que usaba cuatro vehículos distintos para burlar a la policía. Ana González, por su parte, era la encargada de vigilancia y blanquear el dinero obtenido por la venta de drogas. En su vivienda en Parla, el matrimonio contaba con puertas de seguridad y perros de presa, además de sistemas de videovigilancia y una plantación con más de 5.000 plantas de marihuana, las que cultivaban colgados de forma ilegal a la red de energía eléctrica.

Horas después de su detención, Vox comunicaba la renuncia de la concejala a las elecciones del 28 de mayo, donde figuraba tercera en la lista presentada por la colectividad de extrema derecha.

La noticia tomó más fuerza al considerar que la lucha contra el narcotráfico era uno de los discursos fuerza de González -a quien apodaban «la nazi» en el municipio- tanto en la campaña como en su gestión en el Ayuntamiento, relacionando estos hechos muchas veces con la migración. «Es lamentable que la derecha parleña haya estado cuatro años intoxicando y hablando de delincuencia cuando resulta que la tenían dentro de su propia casa. Se trata de una concejala de Vox que ha estado insultando, dando lecciones y estigmatizando a la población inmigrante», dijo el alcalde de Parla, el socialista Ramón Jurado.

Un alcalde acusado de acoso laboral

Pero las polémicas también llegaron al oficialismo. Continuamos en la Comunidad de Madrid, pero esta vez en el municipio de Galapagar, cuyo alcalde y candidato a la reelección, Alberto Gómez Martín (PSOE), fue acusado de acoso laboral junto a otros tres funcionarios.

La denuncia, informó el diario El Mundo, fue presentada por la secretaria general del Ayuntamiento, la funcionaria con más rango y posición del lugar. De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron el 11 de marzo de 2021, día en que los acusados se reunieron con la denunciante, que tenía más de 60 años, y le pidieron que renunciara al derecho a prorrogar su servicio activo hasta los 70 años.

La respuesta negativa de la secretaria, aseguró, generó una reacción del alcalde y el resto de los acusados con «desconsideraciones morales, comentarios vejatorios y degradantes» y una acusación de «no cumplir con sus funciones». Finalmente, el 9 de abril de 2021 revocaron el servicio en activo de la mujer sin su consentimiento, lo que le provocó una crisis de ansiedad que la llevó a un centro asistencial.

Tras esto, la secretaria fue despedida y su puesto fue ocupado de forma temporal por un amigo de infancia del alcalde, según denunció el PP. Con estos antecedentes, la fiscalía pidió una pena de un año de cárcel e inhabilitación especial del derecho de sufragio, así como una indemnización de 2.000 euros por daño moral.

El escándalo del robo de votos

Sin dudas, este escándalo es el que más ha llamado la atención. Esta historia se centra en Melilla, ciudad ubicada en la frontera norte con Marruecos. Fue aquí donde la Policía Nacional inició la investigación por la existencia de un grupo dedicado a la compra de votos emitidos por correo para las elecciones del 28 de mayo.

Según la Policía, los involucrados habrían intentado juntar al menos 8.000 votos fraudulentos a favor del partido Coalición por Melilla (CPM), movimiento de centroizquierda formado por ex miembros del PSOE. Según reportó El Periódico, «la cantidad de voto que habría podido defraudar la red si no la hubiera parado la Policía habría reunido cantidad suficiente como para desnivelar fraudulentamente el resultado electoral en la ciudad».

De acuerdo con la indagatoria, las acciones habrían sido ejecutadas por dos narcos locales que habrían movido a sus hombres «ofreciendo a personas de estratos deprimidos de la población pagos de entre 50 y 200 euros» a cambio de su voto, agregó el citado medio. El público objetivo era mayoritariamente gente con doble residencia, es decir, con domicilio oficial en Melilla pero con vivienda en Marruecos.

Como parte del operativo hay hasta el momento diez detenidos, entre ellos el número 3 de la lista de candidatos de Coalición por Melilla, Mohamed Ahmed Al-lal.

Pero Melilla no es el único caso. En Mojácar, municipio de la provincia de Almería, en la región de Andalucía, también se desbarató una trama de compra de votos por correo que funcionaba de manera similar a la ya descrita. Entre los involucrados figuran dos candidatos que iban en las listas del PSOE.

Terroristas en la papeleta

La última gran polémica tiene que ver con la presencia de 44 ex miembros de la disuelta ETA condenados por terrorismo -siete de ellos por delitos de homicidio o asesinato- en la lista de candidaturas del partido vasco EH Bildu, lo que ha provocado severas críticas por parte de diversos sectores políticos y agrupaciones de víctimas.

El hecho salpicó al PSOE y al jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, luego de que EH Bildu apoyara al Ejecutivo en algunas de sus iniciativas parlamentarias, lo que ha sido aprovechado por la oposición -principalmente el PP- para criticar al oficialismo.

Sin embargo, un informe concluyó que todos los sindicados pueden ser candidatos porque ya cumplieron con la pena de inhabilitación absoluta para presentarse en cargos de votación popular.