EE UU enfrenta la pandemia con millones de personas invisibles para su sistema de salud
La falta de protección social y los inmigrantes indocumentados suponen un enorme punto ciego del sistema sanitario norteamericano.
LOS ÁNGELES – No va a ser fácil convencer a personas como José Luis Clatenco de que vayan al médico si notan estos días síntomas parecidos a la gripe. Clatenco es un inmigrante sin papeles mexicano de 38 años que vive en Los Ángeles (California). No tiene seguro médico. No lo ha necesitado en una década. Aún no conoce a nadie con síntomas de Covid-19, pero es consciente de lo que viene a las grandes ciudades de Estados Unidos. Ahora, tras las órdenes de cuarentena en California, vive encerrado en su casa con su esposa y su hija, de 17 años. “Solo salgo yo y para lo imprescindible”, dice.
El Gobierno federal ha comprometido dinero para asegurar que todo el mundo se puede hacer gratis la prueba del coronavirus. En Los Ángeles hay además un programa público que garantiza el tratamiento básico a todo el mundo. “En esta crisis, el virus no hace distinción”, dice Rigoberto Reyes, director del departamento de inmigración de la oficina del consumidor de Los Ángeles, el condado más poblado de EE UU (10 millones de habitantes). “Que no se dejen intimidar creyendo que su estatus migratorio los excluye de recibir estos servicios”, dice Reyes. California, Nueva York y otros nueve Estados han abierto un periodo extraordinario para contratar los seguros subvencionados de la reforma sanitaria de Barack Obama, que Trump lleva intentando hundir tres años.
Incluso si la prueba es gratis, Clatenco duda de si se la haría. “Hemos escuchado que mucha gente confunde la gripe con el virus. Si vamos al médico a hacernos la prueba nos arriesgamos a contagiarnos”. Además, enfermar significa la ruina laboral. En EE UU hay 30 millones de personas que no tienen baja laboral pagada. El lavado de coches donde trabajaba Clatenco ha cerrado por la crisis. Un amigo le ha conseguido “unas horas por la noche” en un supermercado. Gana 300 dólares a la semana que solo dan para comer. Va a trabajar sabiendo que enfermar es perder el último hilo financiero que le queda.
“Hay gente que prefiere no saber si está malo o no”, reconoce Andrés Martínez, inmigrante de 28 años protegido por el sistema DACA (que ampara a indocumentados), quien estos días también está encerrado con su familia tratando de no enfermar. “Si en el trabajo no te pagan la ausencia, mucha gente va a ir aunque tenga el virus si no presenta síntomas severos”. Son, además, los que hacen los servicios más básicos: preparan la comida de los restaurantes, cuidan a los niños, arreglan jardines y limpian casas.
Martínez sí sabe que las pruebas del coronavirus son gratis si llegara a tener síntomas. Pero también ha leído la historia de una mujer en Boston a la que el hospital le pasó una factura por el tratamiento de la neumonía de la Covid-19 por 35.000 dólares. “Nadie tiene eso”, se preocupa Martínez. Un estudio de la Reserva Federal de 2018 aseguraba que el 40% de los hogares de EE UU no pueden hacer frente a un gasto imprevisto de 400 dólares.
Clatenco y Martínez pertenecen a los tres grupos: ni papeles, ni seguro médico, ni ausencias laborales pagadas. Son millones de personas a las que el sistema sanitario de EE UU tiene que encontrar antes de que las encuentre el coronavirus.
“MUCHA GENTE TIENE MIEDO”
Los inmigrantes indocumentados (unos 11 millones) tienen otra razón para el miedo: la furia antinmigrantes de Trump le ha llevado a hacer una interpretación amplia del concepto de carga pública. Es decir, que el Gobierno negará visados a inmigrantes que obtengan ayudas públicas. Todos los programas puestos en marcha para hacer pruebas de coronavirus son ayudas públicas.
“El Gobierno federal dijo que las pruebas del coronavirus no se van a considerar para la carga pública”, explica Rigoberto Reyes, director de inmigración de la oficina del consumidor de Los Ángeles. “El condado está preocupadísimo, porque si estas personas no son atendidas sería una tragedia. Mucha gente tiene miedo. Creen que si reciben estos beneficios las autoridades de inmigración van a venir a por ellos. No es así”, añade.
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