EEUU endurece reglas: ¿Negarán la green card a inmigrantes de bajos recursos?

SEATTLE – Crecen los obstáculos bajo la administración Trump para los inmigrantes que buscan ajustar su estatus en EEUU mediante opciones legales como la residencia permanente, también conocida como green card, y han tenido que recurrir a determinadas asistencias.

Ahora el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) podrá también basarse en las condiciones económicas de los solicitantes de este vital documento para rechazarlos.

La propia agencia federal advirtió en redes sociales este viernes que considerará las solicitudes para el beneficio y podría negar el ajuste en los siguientes casos.

Carga pública

En su publicación, USCIS advierte que negará solicitudes de green card a solicitantes con probabilidades de convertirse en una “carga pública” para el país.

“Un solicitante puede ser rechazado si se considera «probable que en cualquier momento se convierta en una carga pública»”, señaló la agencia federal en X.

De la misma forma, USCIS definió una carga pública como “alguien que puede llegar a depender del gobierno para subsistir”. En 2022, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una regla final sobre el criterio de “inadmisibilidad por carga pública”.

Publicada en el Registro Federal, la normativa explica que las autoridades de EEUU pueden considerar inadmisibles para ajustar su estatus, e incluso para solicitar un visado, a quienes, en opinión del DHS o del Departamento de Justicia (DOJ) o funcionarios consulares, sean considerados propensos a convertirse en cualquier momento en una carga pública.

Según el DHS, la ley no define el término de “carga pública”, pero establece que, “a la hora de determinar la inadmisibilidad, los organismos encargados de la administración deben ‘tener en cuenta, como mínimo, la edad, la salud, la situación familiar, los bienes, los recursos y la situación financiera, así como la educación y las aptitudes del extranjero’”.

Durante la primera administración Trump, en 2019, el DHS publicó una regla sobre el concepto de “carga pública”, que buscaba desincentivar la obtención de tarjetas de residencia o visas para inmigrantes.

Según diversos reportes, la medida disuadió a muchas familias de inmigrantes de buscar ayuda o asistencia pública por temor a impactos negativos en su estatus migratorio.

Respuesta a una orden de Trump

USCIS plantea ahora que quiere apoyar la orden ejecutiva de Trump publicada en febrero bajo el nombre de “Restablecer la confianza en nuestros sistemas de inmigración legal y reforzar los esfuerzos de integración e inclusión de los nuevos estadounidenses”.

La agencia migratoria aclara que no tomará en cuenta las vacunas o beneficios públicos obtenidos durante la pandemia del COVID-19, en sus consideraciones de inadmisibilidad por motivos de carga pública.

En su regla de 2022, el DHS expuso que “no tendrá en cuenta la recepción, certificación o aprobación para la recepción futura de prestaciones públicas no contempladas en el título 8 del CFR 212.21(b) o (c), como el Programa de Asistencia Nutricional Complementaria (SNAP) u otros programas de nutrición, el Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP), Medicaid (salvo para el uso a largo plazo de servicios institucionales en virtud del artículo 1905(a) de la Ley de Seguridad Social), prestaciones de vivienda, cualquier prestación relacionada con vacunas o pruebas de enfermedades transmisibles, u otras prestaciones complementarias o con fines especiales”.

La agencia maneja criterios relativos al “hogar” en relación con los factores de situación familiar y bienes, recursos y situación económica. En tal sentido, explica que “tendrá en cuenta los activos, recursos y situación financiera del no ciudadano, tal y como se desprende de los ingresos, activos y pasivos de la unidad familiar del no ciudadano”.

El enfoque tiene un fuerte contraste con el reciente anuncio del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de un nuevo tipo de permiso de residencia para inmigrantes ricos, llamado “tarjeta dorada”, por un precio de $5 millones.