España concedería la residencia a casi un millón de migrantes indocumentados

El gobierno dijo que el nuevo reglamento podría dar estatus legal —y permisos de trabajo— a unas 300.000 personas al año durante los próximos tres años.

MADRID – España dijo que podría otorgar permisos de residencia y trabajo a unos 900.000 inmigrantes indocumentados en el país durante los próximos tres años para ayudar a abordar una creciente necesidad de trabajadores, incluso cuando otros países europeos adoptan posturas más duras sobre la inmigración.

El nuevo reglamento comenzará a aplicarse en mayo, y las autoridades esperan que unos 300.000 inmigrantes al año, hasta 2027, obtengan un estatus legal. Solo serán elegibles quienes lleven al menos dos años viviendo en España, dijo el gobierno.

Legalizar a los inmigrantes indocumentados no es solo “respeto por los derechos humanos”, dijo Elma Saiz, ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en una entrevista a Radio Nacional de España. “También es prosperidad”.

Saiz afirmó que España necesita unos 250.000 trabajadores extranjeros al año para mantener su Estado del bienestar, dados sus “desafíos demográficos”, entre ellos una de las tasas de natalidad más bajas de Europa.

Los países europeos tienen una población en edad de trabajar cada vez más reducida, y las empresas reportan una escasez crónica de trabajadores, sobre todo en sectores como el cuidado de personas mayores, la agricultura y la hostelería. Sin embargo, solo existe una vía legal limitada para la inmigración al continente, y los gobiernos han tardado en ampliarla a medida que crecía el sentimiento antiinmigración en toda Europa.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, ha hablado a menudo de la acuciante necesidad de mano de obra en su país y dijo el mes pasado que la inmigración era fundamental para el crecimiento económico. La clave de la inmigración, dijo, “está en gestionarla bien”.

El nuevo reglamento de España no se aplicará a las llegadas recientes, incluidas las más de 25.500 personas que han llegado de manera ilegal este año a las islas Canarias desde África occidental, más del doble que en el mismo periodo del año pasado, según Frontex, la agencia de fronteras exteriores de la Unión Europea.

Ismael Gálvez Iniesta, profesor de Economía de la Universitat de les Illes Baleares, dijo que la mayoría de los inmigrantes indocumentados en España son mujeres procedentes de Sudamérica. Muchos llegaron en avión con visas de turista y se quedaron más tiempo del permitido. No hay cifras oficiales sobre cuántos de ellos trabajan, pero muchos se trasladan a España —donde ya hablan el idioma— por las oportunidades económicas, dijo.

Las vías legales de inmigración implican un proceso engorroso para los empleados. “Hay mucha burocracia para hacer contratos en origen”, dijo Gálvez, quien es coautor de varios informes sobre estadísticas de inmigrantes indocumentados en España. “Esto desincentiva mucho a las empresas para empezar los trámites”.

Patricia Fernández, abogada de la Coordinadora de Barrios, una organización que presta asesoramiento jurídico a inmigrantes, dijo que el nuevo reglamento se queda corto en el sentido de que el proceso para adquirir un permiso de residencia sigue siendo “excesivamente regotistas”. También dijo que no había suficientes funcionarios para expedir esa documentación, lo que probablemente provocaría grandes retrasos.

Alrededor de siete de cada diez europeos creen que las tendencias demográficas ponen en peligro la prosperidad económica y la competitividad de Europa a largo plazo, según un estudio de la UE del año pasado. Los más de cuatro millones de ucranianos que se han trasladado a países de la UE desde la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022 obtuvieron empleo por la vía rápida, pero los políticos dicen que se necesita una solución a más largo plazo.

En el conjunto de la Unión Europea, el número de inmigrantes no autorizados que intentaron cruzar a la UE descendió un 43 por ciento en los 10 primeros meses de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior. En 2023, el bloque experimentó su mayor número de cruces de este tipo desde 2016.

Los partidos de derecha han aprovechado la ansiedad por la migración y la preocupación por una dilución de la identidad nacional. Dirigentes locales de países como Alemania, que ha recibido un gran número de inmigrantes en la última década, afirman que las escuelas y los centros de salud están desbordados.

En las últimas semanas y meses, Alemania y Francia han intensificado los controles fronterizos, y Países Bajos anunció planes para hacer lo mismo a partir del mes que viene. En septiembre, Suecia, un país conocido desde hace tiempo por su política de acogida de inmigrantes, dijo que planeaba ofrecer dinero en efectivo a los inmigrantes que aceptaran volver a casa. Y los líderes europeos están estudiando cómo crear centros en los que podrían pagar a países de fuera de la Unión Europea para que tramiten las solicitudes de asilo y asuman la responsabilidad de deportar a aquellos cuyas peticiones no sean aceptadas.

Eve Geddie, directora de la oficina europea de Amnistía Internacional en Bruselas, dijo que el debate sobre la externalización del control del asilo distrae de la necesidad de aumentar la migración legal. “Enormes sectores clave de Europa dependen de estas personas”, dijo.