Estados proponen acuerdo sobre problemática del río Grande

ALBUQUERQUE – Nuevo México, Texas y Colorado han negociado un acuerdo que aseguran pondrá fin a una añeja disputa sobre la gestión de uno de los ríos más largos de Norteamérica, pero el gobierno federal y dos distritos de riego que dependen del río Grande se oponen al pacto.

El fiscal general de Nuevo México, Hector Balderas, anunció el martes que los estados habían alcanzado un acuerdo después de meses de negociaciones. Aunque los términos siguen siendo confidenciales, su oficina lo describió como “una solución integral a todas las reivindicaciones en el caso”.

“La sequía extrema y los sucesos climáticos imprevisibles hacen necesario que los estados trabajen juntos para proteger al río Grande, el cual es un elemento vital para nuestros agricultores y comunidades en Nuevo México”, dijo Balderas en un comunicado. “Y estoy muy desilusionado de que el gobierno se extralimite en sus facultades federales y obstruya el histórico acuerdo hídrico de los estados”.

Abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos y los distritos de riego que abastecen a los agricultores río abajo del embalse Elephant Butte arguyeron que la propuesta no sería una solución viable. El río es administrado mediante un sistema de presas y canales federales que se sujeta a las disposiciones de un tratado de aguas internacionales que también involucra a México.

El río Grande es frontera natural en una gran parte de la zona limítrofe entre Estados Unidos y México, donde se le conoce como río Bravo.

El caso ha estado pendiente en la Corte Suprema desde hace casi una década. Texas ha argumentado que la extracción de agua subterránea en el sur de Nuevo México ha reducido el caudal del río, lo que ha limitado la cantidad de agua que llega al otro lado de la frontera. Nuevo México arguye que se le han reducido su ración de agua.

Nuevo México y otros estados planean presentar en las próximas semanas una moción para continuar con el acuerdo propuesto, lo que abre la posibilidad de que las autoridades federales y los distritos de riego respondan.

Otra audiencia fue programada para enero.

La batalla por el río Grande se ha convertido en un caso multimillonario en una región donde el abasto de agua está disminuyendo debido al aumento de la demanda así como por la sequía y las temperaturas cada vez más elevadas debido al cambio climático.

A la fecha, Nuevo México ha gastado unos 21 millones de dólares en abogados y científicos en los últimos nueve años.

En otoño pasado, el árbitro especial que supervisa el caso presidió la primera etapa del juicio, el cual incluyó los testimonios de agricultores, hidrólogos, gestores de riego y otros. Se prevén testimonios más técnicos en la próxima fase, la cual ha sido aplazada.

A principios de año, algunos tramos del río en Nuevo México alcanzaron niveles mínimos históricos, por lo que algunos agricultores no sembraron sus tierras de manera voluntaria para contribuir a que el estado cumpliera sus obligaciones de reparto de aguas.

En el distrito de riego de Elephant Butte, funcionarios advirtieron recientemente a los agricultores que podrían esperar otro inicio tardío de la temporada de riego en 2023 y que las asignaciones volverán a ser bajas debido a que el sistema depende menos de las lluvias de verano y más de la escorrentía de primavera proveniente del derretimiento de nieve en el sur de Colorado y el norte de Nuevo México.