Fallo de la Corte Suprema en caso de insurrección de Trump pudiera tener un efecto dominó

WASHINGTON – Cuando la Corte Suprema de Estados Unidos se reúna el mes próximo para examinar el caso Trump vs. Anderson, en el que se dirime si el ex presidente Donald Trump está descalificado para ser incluido en la boleta en Colorado por su intento de anular las elecciones presidenciales de 2020, su fallo final tendrá implicaciones que irán mucho más allá de la candidatura de Trump.

Observadores de la corte ven el caso como un comodín que pone a prueba una teoría jurídica novedosa y explosiva sobre la elegibilidad de los insurrectos para ocupar cargos públicos. Independientemente de cómo se pronuncie la corte, se espera que la decisión aclare una oscura estipulación de la Constitución que se está poniendo a prueba por primera vez en más de 150 años, y pudiera dar lugar a impugnaciones legales para descalificar a toda una clase de legisladores republicanos que participaron o incluso alentaron los esfuerzos de subversión electoral y el ataque contra el Capitolio de Estados Unidos que siguió el 6 de enero de 2021.

Abogados involucrados en el caso en ambas partes dijeron a McClatchy que un fallo de la Corte Suprema sobre el alcance y la fuerza de la estipulación constitucional –la Sección Tres de la 14ª Enmienda– pudiera tener efecto dominó en las boletas en todo el país.

“Hay un gran número de funcionarios que pudieran caer bajo el ámbito de la Sección Tres, y si Trump no estuviera postulándose, probablemente estaríamos litigando contra ellos”, dijo Donald Sherman, asesor jurídico en jefe de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), que presentó el caso de Colorado junto con un grupo de despachos de abogados y está representando a los demandantes ante el alto tribunal.

El éxito en la Corte Suprema pudiera impulsar nuevas acciones, dijo Sherman.

“No se trata solo de personas que estén en las boletas”, añadió. “Pudiera haber personas que están en el cargo ahora mismo que podrían ser buenos objetivos para perseguir el litigio en virtud de la Sección Tres”.

La Sección Tres de la 14ª Enmienda establece que las personas que previamente juraron la Constitución, incluidos los titulares de cargos estatales y federales, están inhabilitados para un cargo si “participaron en insurrección o rebelión”, o dieron “ayuda o consuelo a los enemigos de la misma”. En un fallo histórico el mes pasado, la Corte Suprema de Colorado dictaminó que Trump quedaba descalificado de la boleta en ese estado por su papel en el ataque al Capitolio.

Una interpretación amplia de la Sección Tres por parte del alto tribunal pudiera afectar a una serie de otros legisladores a nivel federal, estatal y local que participaron en la campaña de subversión de un mes de duración, desde los que proporcionaron apoyo material hasta los que simplemente alentaron a la turba del 6 de enero para que impidiera al Congreso certificar los resultados de las elecciones, un deber constitucional.

“Se pudiera ver a otros funcionarios atrapados en un fallo de este tipo”, dijo Andrew Rudalevige, profesor de Gobierno en el Bowdoin College y profesor visitante en la London School of Economics and Political Science. “Dependería mucho de cómo se pronuncie la corte, y especialmente de la amplitud con la que defina –si es que lo hace– ‘ayuda y consuelo a los enemigos de la misma’”.

Los individuos serían más vulnerables a las impugnaciones en virtud de la Sección Tres si participaron personalmente en la violencia del 6 de enero, o si proporcionaron apoyo tangible para el evento, como financiación para autobuses para transportar a los participantes, suministro de armas u organización de habitaciones de hotel, dijo Rudalevige. No se conoce definitivamente el alcance de las personas involucradas hasta ese punto que hayan prestado juramento anteriormente.

Pero en un primer caso de prueba, CREW impugnó ante los tribunales en 2022 a un comisionado del Condado Nuevo México que había sido condenado por invadir los terrenos del Capitolio el 6 de enero. Un juez ordenó su destitución inmediata y su inhabilitación para futuros cargos, el primer caso de aplicación de la Sección Tres desde 1869.

Otra impugnación de ese año, contra la representante republicana Marjorie Taylor Greene en Georgia, fue finalmente desestimada, después de que un juez no encontrara pruebas suficientes de que Greene hubiera participado personalmente en la insurrección antes de jurar su cargo el 3 de enero de 2021. Pero la premisa legal de que la Sección Tres pudiera ser aplicable a Greene si hubiera participado no fue discutida.

Una sentencia favorable de la Corte Suprema a CREW ampliaría aún más el alcance de la Sección Tres.

“En un caso extremo, ¿contarían los vítores en tiempo real en las redes sociales a los atacantes del 6 de enero como ‘ayuda y consuelo’?”, preguntó Rudalevige. “Sería un caso difícil de demostrar, pero una sentencia muy amplia pudiera ponerlo en juego”.

Otra estipulación de la Constitución, conocida como la cláusula de discurso y debate, probablemente blinda las acciones de 147 republicanos en el Congreso que votaron para rechazar los resultados de las elecciones del 6 de enero.

Pero varios titulares de cargos actuales o anteriores alentaron a anular los resultados de las elecciones de 2020 y los eventos del 6 de enero, pudiera decirse que fuera de sus funciones oficiales, incluido el representante Dan Bishop, un republicano de Carolina del Norte que actualmente se postula para procurador general ahí. En noviembre de 2020, Bishop apoyó en Twitter las falsas afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral y pidió a sus partidarios que “pelearan” en respuesta.

El día de los disturbios frente al Capitolio, el senador republicano de Missouri Josh Hawley levantó un puño de solidaridad en apoyo a la turba congregada.

“¿Ayudó o consoló Josh Hawley? Sí. Levantó el puño”, dijo Richard Painter, ex abogado en jefe de ética de la Casa Blanca durante la administración de George W. Bush. “Pero para Josh Hawley, si no hubiera hecho lo que hizo, ¿habría ocurrido lo mismo? Probablemente sí. Si Donald Trump no hubiera hecho lo que hizo, nunca habría ocurrido”.

“Se recurrirá más al lenguaje de ‘ayuda y consuelo’ con respecto a esas personas”, añadió Painter. “Creo que es más fácil de aplicar a Trump, porque él estaba en el centro de todo el asunto”.

‘NO ES PAN COMIDO’

La Sección Tres fue adoptada tras la Guerra Civil, redactada para prohibir que una generación de confederados que se había rebelado contra la Unión regresara al gobierno y continuara su lucha desde dentro.

Un artículo publicado este verano por William Baude y Michael Stokes Paulsen, dos destacados juristas conservadores, defiende que la Sección Tres no se redactó exclusivamente para la época de la Reconstrucción, sino que sigue viva y vigente, y es aplicable a quienes participaron en la subversión electoral de 2020 y a cualquier insurrección futura contra la Constitución.

Su artículo inspiró una avalancha de impugnaciones en todo el país e impulsó a la comunidad jurídica a tomarse en serio lo que antes se consideraba un sueño febril liberal: la perspectiva de descalificar por completo a Trump de la boleta electoral.

“Es un argumento originalista que esos centristas clave en la Corte Suprema deberían encontrar convincente, si es que encuentran algo convincente”, dijo Norm Eisen, zar de ética de la Casa Blanca bajo el ex presidente Barack Obama y coasesor de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes durante el primer juicio político a Trump en 2020.

Eisen cree que es posible que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts; el juez Brett Kavanaugh, y la jueza Amy Coney Barrett pudieran ser persuadidos de que Trump está inhabilitado en virtud de la Sección Tres, inclinando al tribunal hacia una decisión dramática. Pero también dijo que pudieran dejar de lado el caso por completo, descartándolo como un asunto político que requiere respuestas que no están en conocimiento de la corte.

“No es pan comido, pero nadie sabe cómo se va a pronunciar la Corte Suprema, porque nos encontramos en la rara situación de un territorio totalmente desconocido”, dijo Eisen.

Si los jueces conservadores del Tribunal prefieren tomar una vía de escape en lugar de dictar una sentencia radical, hay muchas oportunidades.

Sin embargo, incluso si los jueces fallan a favor de Trump, la forma exacta en que lo hagan establecerá un mapa de ruta para futuras impugnaciones legales basadas en la Sección Tres presentados contra otros titulares de cargos públicos, en relación con el 6 de enero o cualquier otra insurrección o rebelión futura que pudiera ocurrir, dicen expertos.

“El argumento con más probabilidades de ganar impulso y atraer a una mayoría bipartidista –si no unanimidad– es que la Sección Tres no es autoejecutable. En otras palabras, el Congreso debe actuar primero”, dijo Robert Ray, miembro del equipo de defensa de Trump durante su primer juicio político y el abogado especial que investigó al ex presidente Bill Clinton cuando dejó el cargo.

El Congreso pudiera aprobar una “legislación habilitante de aplicación general en estas situaciones”, dijo Ray, que ha presentado un ‘amicus curiae’ ante la Corte Suprema en apoyo al ex presidente.

La Sección Cinco de la 14ª Enmienda establece que “el Congreso tendrá el poder de hacer cumplir, mediante la legislación apropiada, las disposiciones de este artículo”. Pero los críticos de esta interpretación dicen que otras partes de la enmienda son aplicadas por los tribunales de forma regular y sin la acción del Congreso, en el caso más prominente, las cláusulas de debido proceso e igualdad de protección que figuran en la Sección Uno. Y el propio texto de la Sección Tres solo establece que el Congreso tiene un papel en la supresión de las inhabilitaciones, no en su aplicación en primer lugar.

La corte también podría limitar su decisión, evitando un fallo amplio sobre los hechos del caso.

“La corte pudiera concluir que Colorado tomó medidas razonables y apropiadas dentro de la ley cuando lo retiró de la boleta electoral, no diciendo que Donald Trump participó en una insurrección, sino que estaba dentro de la competencia de la corte de Colorado emprender acciones”, dijo Peter Kastor, vicedecano asociado de investigación y director de estudios de pregrado en historia en la Universidad de Washington en St. Louis. “Y eso bien pudiera facultar casos similares en otros estados, relacionados con el ex presidente y otros”.

Algunos expertos jurídicos han argumentado que los presidentes no cuentan como “funcionarios” bajo Estados Unidos, y señalan que la Sección Tres no nombra a la presidencia en una lista por lo demás exhaustiva de cargos sujetos a calificación. Baude y Paulsen se oponen a ello en su artículo, señalando que los legisladores que ratificaron la enmienda aclararon que la Sección Tres sí se aplicaba a los presidentes en un debate histórico, y argumentando que sería un desafío a la lógica inhabilitar para el cargo a todos los legisladores, salvo al más poderoso, por rebelarse contra la Constitución.

Incluso si la corte dictaminara que la Sección Tres no aplica al presidente, “es explícita con los miembros del Congreso y otros titulares de cargos públicos”, sentando las bases para una serie de posibles litigios, dijo Kastor.

Otros se preguntan si pudiera determinarse que una persona participó en una insurrección o rebelión sin enfrentar cargos penales, y mucho menos una condena, por los mismos motivos. Pero Baude, Paulsen y los demandantes en el caso de Colorado sostienen que la Sección Tres no establece tal requisito, y argumentan que simplemente establece una cualificación para el cargo –al igual que los requisitos de ciudadanía o edad– en lugar de imponer un castigo que requiera el debido proceso.

Algunos estudiosos cuestionan quién es el responsable de determinar si los acontecimientos de 2020 y 2021 constituyen una insurrección o rebelión. Otros señalan que las mayorías bipartidistas de la Cámara de Representantes y el Senado declararon que los sucesos del 6 de enero eran una insurrección, y argumentan que cualquier persona con autoridad para defender la Constitución, desde los secretarios de Estado hasta los jueces de la Corte Suprema, tiene el mandato y el deber de hacer cumplir la Sección Tres.

Otros se preguntan si los discursos públicos de Trump y sus mensajes en las redes sociales proclamando el fraude electoral y animando a sus seguidores a acudir a Washington para detenerlo el 6 de enero pudieran ser formas protegidas de libertad de expresión.

Expertos jurídicos de todo el espectro reconocen que el amplio lenguaje de la Sección Tres plantea conflictos con las protecciones de la libertad de expresión en virtud de la Primera Enmienda. Baude y Paulsen señalan que el propio Abraham Lincoln se preguntó si la libertad de expresión debía prevalecer sobre la necesidad constitucional de reprimir la rebelión, y argumentan que las enmiendas posteriores a la Constitución están diseñadas para tener en cuenta y sustituir a las anteriores. También señalan que varios actos de expresión –conspiración, solicitud, soborno e incitación, por ejemplo– están ampliamente aceptados como formas de expresión no protegidas en la actualidad.

Por último, la Corte Suprema pudiera considerar que la Sección Tres impide a los insurrectos tomar posesión de un cargo, pero no postularse o figurar en las boletas para un cargo; un argumento que esencialmente aplazaría el tema, en caso de que Trump gane la reelección en noviembre, creando un escenario poco probable de apelar a la corte.

Sherman, el asesor legal en jefe de CREW, reconoció que el equipo de Trump solo tendría que tener éxito en uno de estos argumentos para ganar el caso, mientras que su equipo deberá tener éxito en todos ellos.

Pero independientemente de quién gane, el resultado de Trump vs. Anderson será una sentencia histórica, que servirá como manual judicial sobre el tratamiento de rebeldes e insurrectos en las próximas décadas.

“No hay muchos expertos en la Sección Tres, así que no me fío mucho de lo que digan los expertos”, dijo Sherman. “Un caso como este presenta algunos interrogantes novedosos, y confío en que vamos a presentar los argumentos más sólidos”.

“Es importante que la nación tenga claridad”, añadió Sherman. “Estamos preparados para aceptar el fallo del tribunal superior del país. No sé si puedo decir lo mismo del ex presidente”.