La alcaldesa de Bogotá agita el debate sobre la xenofobia contra los venezolanos en plena pandemia

Claudia López reclama ayudas al Gobierno de Iván Duque para atender a los migrantes en la capital.

BOGOTÁ – La posición de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha agitado el espinoso debate sobre la atención a los migrantes venezolanos en Colombia. La controversia ha llegado a cuentagotas, pero estalló decididamente esta semana por cuenta de los reportes de las familias expulsadas de las pensiones que se conocen como “pagadiario” en la capital, varias de ellas provenientes del país vecino.

En medio de la debacle mundial que ha provocado la propagación del coronavirus, y la cuarentena general decretada por el Gobierno de Iván Duque hasta el próximo 13 de abril, la mayoría de los 1,7 millones de venezolanos afincados en Colombia forman parte de las poblaciones más vulnerables. La alcaldesa, del partido progresista Alianza Verde, ha reclamado insistentemente que sean las autoridades nacionales las que atiendan a los migrantes, en un evidente pulso por recursos escasos en tiempos de crisis.

“Si de algo no se puede calificar a la Alcaldía de Bogotá es de xenófoba”, se defendió apasionadamente López este jueves ante las críticas que ha recibido por esos reclamos. La alcaldesa señaló que no es posible pagar el arriendo a las familias venezolanas y aseguró que los migrantes reciben numerosos apoyos en otros rubros como educación y alimentación. “Ya pagamos la comida, ya pagamos el nacimiento, ya pagamos el jardín, ya pagamos la escuela, ya damos empleo. Que pena que lo único que no podemos cubrir, es el arriendo. Y para eso pedimos un poquito de ayuda del Gobierno Nacional. Un peso aunque sea, uno. Porque todas estas cosas las pagan los impuestos de los bogotanos sin chistar. Llevamos tres años pagando eso, a 450.000 personas de Venezuela”, reiteró la alcaldesa.

Sus palabras, lejos de despejar la controversia, la exacerbaron. Desde diversos sectores consideran que esas declaraciones juegan peligrosamente con la xenofobia, en un país que ha mantenido una elogiada política de acogida y flexibilidad migratoria bajo una enorme presión. A la alcaldesa le reclamaron su continua referencia a una nacionalidad específica, la distinción permanente entre colombianos y venezolanos para referirse a las franjas más vulnerables de la sociedad y el énfasis de los costos que representan los extranjeros, en lugar de sus aportaciones. Sin ir muy lejos, muchos migrantes venezolanos realizan repartos a domicilio de alimentos, medicinas y otros insumos a través de diversas aplicaciones móviles.

En medio de la crisis sanitaria, en Colombia se han abierto paso medidas para desactivar la bomba social y garantizar un ingreso básico a los más vulnerables. Paradójicamente, Bogotá ha encabezado esos esfuerzos con un programa para entregar subsidios a 350.000 familias bajo el umbral de la pobreza. Pero los migrantes han terminado por convertirse en el principal punto de fricción. En coordinación con el gerente presidencial para los asuntos fronterizos, Felipe Muñoz, la Alcaldía se comprometió a coordinar la entrega de 25.000 mercados adicionales este fin de semana entre la población migrante. Con fondos de Acnur y otras fuentes de cooperación internacional se entregarán más mercados. Pero el tema de los arriendos está lejos de resolverse. El Ejecutivo prohibió las expulsiones de inquilinos, pero los gobiernos locales se quejan de que es difícil implementar esa orden sobre el terreno.

En las antípodas ideológicas, Duque y López han debatido entre la colaboración y las tensiones en la respuesta a la pandemia. Con su simulacro de aislamiento de cinco días, Bogotá precedió la cuarentena nacional y aportó valiosa información para gestionar la crisis sanitaria. Hasta esta controversia, la alcaldesa había sido ampliamente elogiada. De hecho, fue la líder mejor evaluada en una encuesta sobre la emergencia del coronavirus de la firma Polimétrica, con una valoración del 82,2%, una amplia ventaja sobre Duque, que puntuó 61,7%.