La corte de apelaciones revoca un veredicto que otorgó $ 1 mil millones a los condados madereros de Oregón

El Tribunal de Apelaciones de Oregón ha determinado que la gestión de los bosques estatales para obtener el «mayor valor permanente» no significa maximizar los ingresos derivados de la madera.

PORTLAND – La Corte de Apelaciones de Oregón revocó el miércoles el veredicto de un jurado que otorgó a los condados madereros y distritos fiscales de Oregón $1.100 millones que dicían que les debían por la pérdida de ingresos por tala.

La cuestión central del caso era si el estado estaba obligado por contrato a maximizar los ingresos derivados de la madera en las tierras forestales estatales, donadas por los condados en las décadas de 1930 y 1940.

El estado de Oregón acordó administrar esas tierras, que en su mayoría fueron quemadas y taladas, “para asegurar el mayor valor permanente de esas tierras para el estado” y devolver algunas ganancias de la tala a los condados. El estado ha repartido millones a los condados anualmente, lo que ha influido mucho en los presupuestos locales.

Sin embargo, los condados equipararon el “mayor valor permanente” con maximizar los ingresos de la tala y demandaron al estado por no administrar los bosques en consecuencia. Un jurado estuvo de acuerdo con los condados en 2019 y ordenó al estado pagar mil millones de dólares más intereses por daños y perjuicios.

“Los condados nunca habrían transferido su propiedad al estado sin la seguridad de que el estado aplicaría los principios de rendimiento sostenido para maximizar los ingresos de la tierra a largo plazo”, dijo John DiLorenzo, el abogado principal de los condados, durante el juicio oral que se llevó a cabo a principios de este año.

El estado apeló la decisión, diciendo que el sistema de valor de las tierras forestales incluía recreación, hábitat de vida silvestre y más, no solo madera.

En una decisión publicada el miércoles por la mañana, la corte de apelaciones estuvo de acuerdo con el estado y revocó el veredicto del jurado.

“El argumento político de que el estado debe maximizar los ingresos está legalmente muerto”, dijo en un comunicado Ralph Bloemers, un abogado del Crag Law Center que presentó un informe Amicus Curiae en el caso, en nombre de varios grupos conservacionistas.