La Corte Suprema avala regulación de “armas fantasma” de Biden

La Corte Suprema echó para atrás la decisión de un tribunal inferior que bloqueaba una regulación contra las «armas fantasma»; la decisión de los jueces del Máximo Tribunal permitirá a la Administración Biden continuar con su estrategia contra la violencia armada.

WASHINGTON – Mediante una reñida votación fue 5-4 a favor, la Corte Suprema avaló la regulación de las llamadas “armas fantasma”, una política prioritaria del presidente Joe Biden.

Los jueces John Roberts, presidente del Tribunal Supremo, Amy Coney Barrett, la jueza conservadora, y otros tres liberales de la Corte, lograron congelar la orden de un tribunal inferior a través de la cual se le prohíbe al gobierno regular las llamadas “armas fantasma”.

De acuerdo con la ley federal, este tipo de dispositivos son imposibles de rastrear, como armas de fuego, pues se adquieren en mercados en línea como kits de ensamble carentes de números de serie, además de que el fabricante no le exige al comprador verificar sus antecedentes.

Asimismo, las empresas que las comercializan tampoco proporcionan registros de transferencia lo cual dificulta poderlas rastrear, una característica por demás atractiva para los grupos delincuenciales que las adquieren para violar la ley, así como para individuos que con restricciones legales para comprar armas de fuego.

De esta manera, aunque los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh votaron en contra de la propuesta, se impuso el punto de vista de la mayoría en la Corte Suprema.

Con el objetivo de que el gobierno pudiera rastrear a este tipo de kids, el año pasado, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos actualizó sus reglamentos y redefinió su concepto dándoles una connotación de armas de fuego.

Aunque está claro que a ninguna persona se le prohíbe adquirir o poseer un kit de armas fantasma, pero a quienes los posean se les exige cumplir con las leyes federales que imponen condiciones a la comercialización de armas de fuego.

En este sentido, se pretendía que los fabricantes y comercializados de kits fantasma los marcaran con números de serie y además debían mantener un registro de sus productos esto con la finalidad de que las autoridades en determinado momento puedan rastrearlos cuando estén ligados con algún tipo de delito.

Frente a dicha exigencia, Reed O’Connor, juez del Tribunal de Distrito Norte de Texas, consideró que las autoridades se habían excedido al promulgar la norma y la bloqueó a nivel nacional.

Acto seguido, un tribunal federal de apelaciones se negó a suspender dos disposiciones clave impugnadas de la regulación, esto pese a los argumentos de presentados por Elizabeth Prelogar, quien como procuradora general, advirtió sobre el incremento de delitos relacionados con armas denominadas fantasma.

A los fabricantes de este tipo de kits de armas de ensamble se le exigía marcarlas con un número de serie para llevar un registro y a los comercializadores verificar los antecedentes de quienes los adquieran