Las fuerzas de seguridad enviadas por Donald Trump a Portland provocan un conflicto institucional

La fiscalía de Oregón denuncia al Gobierno federal después de dos semanas de tensión en las que se han producido detenciones aparentemente irregulares de manifestantes por la calle.

PORTLAND  – El Estado de Oregón ha demandado al Gobierno de Donald Trump después de dos semanas de tensión en las que fuerzas de seguridad federales enviadas por la Casa Blanca a la ciudad de Portland han actuado con violencia contra manifestantes al margen de las autoridades locales. La fiscalía de Oregón acusa a los agentes de detener a personas por la calle sin identificarse y sin causa aparente. “Queremos que se vayan”, dijo este domingo el alcalde de Portland, Ted Wheeler.

La situación ha cobrado interés nacional desde que esta semana surgieron videos en las redes de detenciones que recuerdan a países no democráticos. En ellos, se ve a agentes sin ninguna identificación de su nombre o de la agencia para la que trabajan, vestidos en uniforme militar, que detienen por la calle a manifestantes sin mediar palabra y los suben a furgonetas, también sin identificar. Esos agentes son un cuerpo especial formado dentro del Departamento de Interior (DHS) con agentes de la policía fronteriza (Border Patrol) y la policía de los juzgados (Marshalls) y han sido enviados por el Gobierno federal a Portland con el argumento de que la ciudad está fuera de control.

Las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis comenzaron a principios de junio y se extendieron durante más de un mes por todo Estados Unidos. En Portland, aún siguen concentrándose cada noche grupos contra la violencia policial. El 26 de junio, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para proteger los monumentos federales, cuando las protestas comenzaron a dirigirse contra las estatuas de pasado racista. En Portland, los manifestantes habían derribado estatuas de Thomas Jefferson y de George Washington. Portland fue una de las ciudades a las que la Casa Blanca envió fuerzas de seguridad federales con el mandato de proteger propiedades federales.

Sin embargo, a partir del 1 de julio, según los medios locales, estos agentes empezaron a tomar un papel más activo en la represión de las protestas. En un principio, colaboraban con la policía de Portland. Poco a poco empezaron a actuar por su cuenta. El 4 de julio, Día de la Independencia, se enfrentaron directamente a los manifestantes con gas lacrimógeno frente a los juzgados federales de la ciudad. Uno de los jefes de la policía de Portland, Chris Davis, dijo a la prensa que las manifestaciones estaban siendo utilizadas por grupos violentos, pero añadió que los agentes federales estaban “complicando las cosas”.

Finalmente, el 11 de julio la tensión se elevó a un nuevo nivel cuando, en una nueva protesta frente a los juzgados, los agentes federales dispararon a la cabeza de un manifestante. Donovan LaBella, de 26 años, sufrió fractura del cráneo e ingresó en el hospital en estado crítico. Esta fue la acción que hizo que las autoridades de Portland y de Oregón empezaran a pedir abiertamente la marcha de las fuerzas federales de la ciudad.

En todo este tiempo, Trump ha hablado de Portland en ocasiones sueltas, siempre para decir que las fuerzas federales están allí por petición de las autoridades locales y para mantener el orden en una situación que él pinta como fuera de control. “Hemos hecho muy buen trabajo en Portland”, dijo Trump en la Casa Blanca el 13 de julio. “Portland estaba totalmente fuera de control. (Los agentes) han entrado ahí y me parece que ahora tienen a mucha gente en la cárcel. Lo han apagado casi del todo. Si vuelve a empezar, lo apagaremos de nuevo, muy fácil. No es difícil de hacer”.

Entonces, surgieron los videos. La denuncia presentada el viernes por la noche por la fiscal general del Estado de Oregón, Ellen Rosenblum, relata el caso de un hombre de 29 años llamado Mark Pettibone, que contó su peripecia a The Washington Post. Pettibone asegura que en la noche del pasado miércoles, 15 de julio, unos agentes vestidos de camuflaje lo agarraron por la calle, lo metieron en una furgoneta y lo llevaron a una celda en los juzgados federales. Le leyeron sus derechos, pero no le dijeron por qué había sido detenido, ni le ofrecieron un abogado. Fue liberado sin ningún papel o registro de su detención. La denuncia va dirigida contra “desconocidos del 1 al 10”.

“Los ciudadanos de Oregón tienen derecho a caminar por las calles del centro de Portland por la noche y de madrugada”, dice Rosenblum en la denuncia. “Normalmente, una persona que está ejerciendo su derecho de caminar por la calle y se encuentra frente a unos hombres anónimos en ropa militar que le ordenan meterse en una furgoneta no identificada puede asumir razonablemente que está siendo secuestrado y es víctima de un delito”. La denuncia pide que se declaren estas tácticas como contrarias a la Primera, Cuarta y Quinta enmiendas de la Constitución y se exijan los protocolos policiales mínimos a estos agentes.

Las autoridades de Portland y de Oregón no tienen jurisdicción sobre estas fuerzas de seguridad federales. Dependen directamente de la Administración de Trump. Es muy raro que cuerpos de seguridad federales como la Patrulla Fronteriza o los Marshalls sean utilizados para tareas de seguridad ciudadana en las calles de una ciudad.

El jueves, el secretario provisional de Interior, Chad Wolf, hizo una visita por sorpresa a Portland en la que quedó clara la incomodidad de las autoridades locales con la supuesta ayuda federal. El alcalde de la ciudad, el demócrata Ted Wheeler, se negó a reunirse con él. El sheriff del condado, Mike Reese, también. La gobernadora demócrata del Estado, Kate Brown, habló por teléfono con Wolf y le pidió que se llevara a sus agentes porque “solo están empeorando las cosas” y denunció que se trataba de “teatro político”.

En Washington, tres de los demócratas de mayor rango en la Cámara de Representantes pidieron por carta al inspector general del Departamento de Interior que investigue los hechos. “Esta es una cuestión de máxima urgencia”, dicen en la carta los presidentes de los comités de Justicia, Interior y Control al Gobierno. “Los ciudadanos están preocupados porque la Administración ha desplegado una policía secreta, no para investigar delitos, sino para intimidar a individuos a los que ve como adversarios políticos”.