Los estudiantes chilenos desafían a las autoridades educativas con la filtración del examen de la selectividad

Las autoridades deben suspender la prueba de historia, lo que se suma a las ocupaciones y protestas de los alumnos contra el examen de ingreso a la educación superior

SANTIAGO – Las agrupaciones de estudiantes chilenos que intentan boicotear los exámenes de selectividad —programados para este lunes y martes en todo el país— han puesto nuevamente contra las cuerdas a la institucionalidad, en medio del estallido social que explotó el 18 de octubre. El Consejo de rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), que agrupa a 30 instituciones públicas y privadas y tiene a su cargo el sistema de ingreso a la educación superior, en forma inédita ha decidido suspender nacionalmente la sección de historia de la selectividad –la Prueba de Selección Universitaria (PSU)­–, luego de la filtración de preguntas de uno de los facsímiles. Los cerca de 202.000 alumnos que estaban inscritos para rendir esta parte del examen no pudieron empezar la prueba a las 14.30 de la tarde en Chile como estaba programado (cuatro horas menos que en España), lo que se suma a las ocupaciones y protestas de este lunes y martes que han impedido el normal desarrollo del proceso.

La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile (ACES) lo celebró como un triunfo “no solo para los secundarios, sino para el pueblo en su conjunto”. “Han sido más de 10 las generaciones las que han luchado por el fin de esta prueba y por fin este año quedó en claro que este examen discriminador no se puede rendir nunca más”, dijo la portavoz Ayelén Salgado, que indicó que su agrupación no conoce detalles de la filtración. “Perfectamente el CRUCH podría haber cancelado la PSU, pero no escucharon al pueblo, como lo han hecho siempre las autoridades de nuestro país. Chile despertó y nunca más vamos a aguantar que no se oigan nuestras demandas”, agregó la dirigente. Víctor Chanfreau, otro de los voceros de ACES, indicó que “han sido más de 100 estudiantes los detenidos”. “Nos tienen miedo, porque saben que no somos solo los secundarios sino el pueblo en su conjunto el que se manifiesta no solo contra la PSU, sino contra el modelo educativo mercantil”, indicó el estudiante.

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, anunció que su cartera presentará denuncias y querellas y que apoyará las acciones judiciales que interpongan grupos de apoderados. «Cuando en un Estado de derecho se impide por la violencia a un grupo grande de jóvenes ejercer sus derechos más básicos, como era participar de esta PSU, es evidente que van a tener que asumir todas las responsabilidades penales y civiles que correspondan», dijo la ministra de Sebastián Piñera.

Leonor Varas, directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional de la Universidad de Chile (DEMRE), que desarrolla los instrumentos de la selectividad, informó de que “el Consejo de rectores en su reunión del 9 de enero decidirá la forma en que continuará el proceso”. El rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, en representación del CRUCH indicó que “el proceso de admisión para el año 2020 continúa adelante” y que “las pruebas que se han rendido tienen plena validez”. Valle calificó de “grave” la filtración y aseguró que los hechos serán denunciados ante la Fiscalía: “Es un ilícito que no puede quedar en la impunidad”.

Solo el pasado lunes, 86 establecimientos no pudieron acoger a los estudiantes que durante la mañana rendirían la prueba de lenguaje y por la tarde la de ciencias. Este martes por la mañana, en otros 50 locales no pudo rendirse la sección de matemáticas, con lo que la cifra de locales afectados llegó a los 136 (de un total de 729). La mayoría se ubica en zonas de clase media y populares, porque en los colegios privados de sectores acomodados los estudiantes han rendido el examen sin mayores complicaciones. De acuerdo con la directora del DEMRE, “la aplicación de la prueba de matemáticas fue extremadamente dura, muy violenta”. Se han vivido escenas caóticas, que fueron relatadas a través de redes sociales: “Una turba con fierros entró a la sala donde mi sobrino daba la PSU, en el colegio Fernando de Aragón, en Puente Alto [en el sur de la capital]. Varios chicos, aterrados. Papás defendiendo a sus hijos. Horrible todo”, relataba el lunes la periodista y escritora, Yenny Cáceres.

El llamado a boicot a la PSU era conocida hace días y los rectores optaron por no “sobre reaccionar” con mayor presencia policial: “No vamos a permitir ingresar fuerza pública al interior de los colegios (…) Si nosotros empezamos una refriega contra los estudiantes que están boicoteando y una confrontación, ya sea por fuerza pública o lo que fuere, claramente estamos alterando el ámbito en el cual se está dando la prueba y eso no lo queremos hacer y no lo vamos a hacer”, indicó el lunes el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi. El rector Valle, por la mañana, admitió que «tal y como están diseñados los instrumentos de la PSU, probablemente este es el último año que se rinde».

Las protestas sociales que comenzaron en Chile el pasado 18 de octubreestallaron por la acción de los secundarios, que protagonizaron las entradas masivas a las estaciones del metro sin pagar, en protesta por el alza del precio del pasaje. Los estudiantes llevan más de una década reclamando en las calles contra el sistema educativo que implantó en el régimen de Augusto Pinochet que aún hoy, tras varias reformas, se mantiene en el puesto más bajo de la OCDE. Las revueltas sociales en demanda por mejores servicios básicos como las pensiones, la salud y la propia educación han sido masivas: más de un millón de personas se congregó el 15 de noviembre solo en Santiago. Mientras, las protestas desbordadas han registrado niveles inéditos de violencia y destrucción en distintas ciudades.

Autoridades de Gobierno, como el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward, han manifestado su preocupación porque este tipo de protestas se repliquen en el plebiscito sobre la Constitución del 26 de abril próximo.