Los médicos privados de México alzan la voz: “El Gobierno nos ha dado la espalda”

Médicos del sector privado protestan afuera de la Escuela Médico Naval, en Ciudad de México.

Una convocatoria de vacunación improvisada termina en caos, frustración y largas filas de trabajadores sanitarios, que acusan discriminación y la ausencia de una estrategia para inocularlos

CIUDAD DE MÉXICO – Hartos de esperar y con el desgaste de más de un año de pandemia a cuestas, miles de médicos mexicanos reclaman que el Gobierno no los ha tomado en cuenta para ser vacunados. Trabajan en centros o consultas privadas, así como en miles de farmacias, pero en la mayoría de los casos se han quedado fuera de la campaña nacional de vacunación porque no se les considera personal en la primera línea de atención contra la covid, a pesar de que han estado en contacto con pacientes con coronavirus, o porque no trabajan en instituciones públicas. Las protestas se han sucedido esta semana en el Estado norteño de Chihuahua y en la capital del país, que a finales del año pasado tenía la mayor cantidad de muertes de trabajadores sanitarios a causa de la pandemia en el mundo, según Amnistía Internacional.

La doctora Cecilia Hernández salió del consultorio apenas recibió un mensaje de WhatsApp con una noticia que ha esperado durante meses. “Vacunación a sector salud, incluyendo personal de hospitales privados. Pasen la voz”, se leía en una de las publicaciones que corrieron como la pólvora el jueves entre los chats y grupos de trabajadores sanitarios. Para el mediodía, cientos de ellos ya habían llegado a la Escuela Médico Naval, al sur de Ciudad de México, para recibir una dosis. Había también personal del sector público, militares, conocidos y familiares que se acercaron con el mismo objetivo. “Fue un caos, había una cantidad de gente impresionante”, cuenta Hernández. Las largas filas, los reclamos, las denuncias en redes sociales y el bloqueo de calles para exigir que se les tomara en cuenta en la vacunación no funcionaron. Algunos compañeros tuvieron suerte, pero la mayoría se fue con las manos vacías. “Nos sentimos humillados: el Gobierno nos ha dado la espalda”, reclama el oncólogo Christian Camacho.

Las autoridades de la capital, la zona más afectada por la pandemia y la que probablemente tiene la mejor estrategia de inoculación del país, aseguró en un comunicado que la desorganización surgió porque la convocatoria era falsa y que todo el personal sanitario en la primera línea de atención a la covid de los sectores público y privado ya había sido vacunado. Pese a la confusión, unos 500 trabajadores sanitarios de centros privados pudieron ser inmunizados, de acuerdo con la Secretaría de Salud local.

El problema es más profundo. Entre el personal sanitario, cientos de miles no saben si serán vacunados ni cuándo. El Gobierno anunció en enero pasado que el sector de la salud sería el grupo prioritario y cifró en 1,1 millones los empleados en la primera línea de atención contra el coronavirus. Ellos debían recibir la vacuna entre diciembre y febrero y a cerca de otro millón de sanitarios se les aplicaría antes de que terminara abril.

Como en el resto del mundo, el primer trimestre del año arrancó con la esperanza de la llegada de la vacuna, pero el optimismo se fue difuminando por los imprevistos, la escasez de dosis y un avance en la cobertura mucho más lento de lo previsto. El Plan Nacional de Vacunación se quedó corto y ninguno de los pronósticos que hizo el Gobierno se cumplió: ni los plazos, ni las dosis recibidas, ni las personas inmunizadas. Para finales de marzo, por ejemplo, se esperaba tener más de siete millones de dosis del biológico ruso Sputnik V, pero solo han llegado 900.000. Lo mismo pasó con Pfizer, el envasado local del fármaco de AstraZeneca y lo que se esperaba distribuir de CanSino. Y las autoridades tuvieron que tocar otras puertas: alrededor de la mitad de las vacunas que se tienen disponibles se han conseguido por tratos con el laboratorio chino Sinovac, que no estaban en el cálculo inicial, y préstamos como el que hizo Estados Unidos o contratos que no estaban contemplados como el que se firmó con el Instituto Serum de la India para cubrir el desabasto de dosis de AstraZeneca.

A la fecha, México ha vacunado a más de 661.000 trabajadores sanitarios, la mayoría del sector público. A mediados de febrero, las autoridades sanitarias decidieron empezar con la vacunación masiva de la población mayor de 60 años para salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Pero conforme se ha acelerado el ritmo y las personas vacunadas ya se cuentan por millones, la inmunización para el personal de salud se ha estancado y los trabajadores, sobre todo del sector privado, reclaman que se han quedado en el limbo. En los hospitales privados aseguran que apenas se ha inmunizado al 50% de su personal. Mientras tanto, hay cerca de seis millones de vacunas en el país que están disponibles y no se han aplicado.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, y Hugo López-Gatell, el portavoz mexicano para la pandemia, han pedido paciencia y han insistido en que todos recibirán la vacuna. Hace dos semanas, López-Gatell justificó que no se había avanzado en las inoculaciones a miembros del sector privado porque no se tiene un censo médico y criticó que a menudo las listas que recibían estaban “infladas”. El meollo es que México —un país en el que se necesitan más vacunas de las que se tienen disponibles— no sabe cuántos doctores, enfermeros y trabajadores auxiliares hay en el país, a pesar de que se prometió que serían los primeros en vacunarse. Mientras se busca una solución contrarreloj a una laguna estadística que ha existido por décadas, la vacunación a privados está virtualmente paralizada.

Los médicos privados no son solo aquellos que trabajan en los hospitales. Alredeor de unas 18.000 farmacias tienen consultorios anexos en los que se desempeñan un par de médicos para cubrir dos turnos. Esos también están esperando por sus vacunas y se reclaman primera línea contra la covid, porque las personas que se sienten mal acuden a ellos antes que a ningún otro lugar, sobre todo quienes tienen menos dinero. Muchos de estos médicos no han recibido capacitación contra la covid, su protección en la consulta es precaria y sus condiciones laborales mucho más, denuncian algunos. Además, hay otros miles, egresados de la universidad, que no han podido emplearse en los exhaustos servicios públicos, a pesar de la necesidad manifiesta de personal durante décadas, y han montado sus propias consultas de barrio. Tampoco han sido vacunados y algunos han caído enfermos. “Un gran número de médicos ha fallecido”, aseguró a este periódico recientemente el coordinador del programa de Investigación en Salud de la UNAM, Samuel Ponce de León. “Lo que vemos en los hospitales es solo la punta del iceberg”, decía.

Gustavo Celis tiene suerte, él hace una residencia en un hospital y trabaja con pacientes covid, lo que le ha proporcionado formación protegerse y ha sido vacunado. Pero su consulta privada, en la colonia de la Magdalena (Estado de México), estuvo cerrada de marzo a junio del año pasado. Reabierta, sigue viendo a pacientes con covid. “Decir médicos de primera línea es muy ambiguo. Hay muchos generales, con especialidades o con consultas privadas que se han infectado al recibir a pacientes que no sabían que tenían covid, la mayoría de ellos con cubrebocas que no tienen ningún efecto protector”, dice. “Creo que está habiendo una falta de equidad [por parte del Gobierno] en la protección de los médicos”, lamenta. “Se está diferenciando entre los institucionalizados y los privados, que no entran en los registros oficiales”, asegura.

La doctora Cecilia Hernández, que trabajó como directora médica de un hospital, dice que se ha pedido a los centros privados que elaboren sus propias listas de personal de primera línea. Puede parecer trivial, explica, pero por la propia naturaleza de la enfermedad no es tan clara la división entre quienes atienden a pacientes con coronavirus y los que no. Ella es especialista en alergias y tan solo la semana pasada recibió a cuatro personas con covid porque las molestias son similares en algunos casos, como ojos rojos y sarpullidos. Gastroenterólogos, cuenta, han derivado a pacientes con molestias estomacales, también presentes en algunas manifestaciones. Hay también camilleros, trabajadores de administración, vigilantes y enfermeras en constante contacto con pacientes covid, pero que rigurosamente no están considerados en la primera línea. La internista Hernández, que en su consulta usa un pijama quirúrgico, doble cubrebocas, lentes protectores y ha entrado a la UCI para dar seguimiento a sus pacientes con covid, tampoco está incluida. Los trabajadores eventuales, que no están en nómina, también se han quedado fuera.

“Hemos visto a muchos compañeros morir”, relata Hernández, que empezó a recibir a pacientes con coronavirus desde marzo del año pasado. Para muchos de los seguidores más asiduos del presidente, los centros privados, inaccesibles por sus costos elevados para la mayoría de la población, deben rascarse con sus propias uñas. La doctora responde que después de que la pandemia obligó a que el sistema público de salud se volcara a la atención de la covid, los hospitales privados han servido como una válvula de escape para atender a personas con otros padecimientos. “Es una frustración enorme, porque si no nos consideran los propios hospitales y las personas que trabajamos en ellos nos podemos convertir en un factor de riesgo para el resto de la población”, asegura. Camacho reclama también la división artificial entre el sector público y el privado, cuando “el virus no discrimina por eso, pero el Gobierno sí”.

Mientras los reclamos se vuelven cada vez más habituales, algunos miembros del sector privado han amagado con un paro general para presionar por una respuesta de las autoridades. La alternativa es remota, pero confronta a varios médicos agraviados con cuestiones éticas. “Yo no lo haría, la vida de mis pacientes estaría en riesgo”, zanja Hernández. Las asociaciones nacionales también han empujado porque se avance en la cobertura del personal médico y decenas de miles de doctores, enfermeras y otros trabajadores han lanzado una convocatoria para reunir un padrón propio de afectados: apenas una fracción de los empleados del sector público y privado que no han recibido la dosis.

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