Los puntos claves de la denuncia contra Bolsonaro por intento de golpe de Estado

De acuerdo con la Fiscalía, el expresidente brasileño lideraba una organización criminal que tenía un «proyecto de poder autoritario».

BRASILIA – La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) de Brasil presentó una denuncia formal ante el Supremo Tribunal Federal (STF) contra el expresidente Jair Bolsonaro y un grupo de aliados por un intento de golpe de Estado en 2022 contra su sucesor, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

El documento señala que el exmandatario derechista lideraba una organización criminal que ejecutaba actos lesivos contra la democracia y tenía un «proyecto autoritario de poder».

Si la denuncia es aceptada, Bolsonaro pasará a ser imputado y enfrentará un proceso penal en el Tribunal Supremo, pudiendo ser condenado por los delitos descritos en la acusación.

Estos son los principales puntos de la denuncia contra el exgobernante:

Los acusados y los delitos que les atribuyen

De acuerdo con la PGR, este intento de golpe de Estado fue encabezado por un núcleo central dentro de la organización criminal. Entre los principales nombres implicados, además del propio Bolsonaro, están el exministro de Defensa y excompañero de fórmula del líder derechista, Walter Braga Netto; el diputado y exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), Alexandre Ramagem; el excomandante en jefe de la Marina Almir Garnier Santos y el excomandante en jefe del Ejército Paulo Sérgio Nogueira.

A ellos se suman los exministros Anderson Torres (Justicia) y Augusto Heleno (Gabinete de Seguridad Institucional), además de Mauro Cid, ex asesor de Bolsonaro.

Según la denuncia, «de ellos surgían las principales decisiones y acciones con impacto social», siendo Mauro Cid el encargado de «transmitir las directrices al resto de miembros del grupo».

Todos ellos, fueron acusados por los delitos de liderazgo de una organización criminal armada; intento de abolir violentamente el Estado democrático de derecho; golpe de Estado; daños calificados por violencia y amenaza grave contra los bienes de la Unión y deterioro del patrimonio catalogado.

Discurso golpista

Según el fiscal general, Paulo Gonet, Bolsonaro adoptó un tono de ruptura con la democracia desde 2021, al atacar las instituciones y cuestionar el sistema electoral.

«A partir de 2021, el Presidente de la República adoptó un tono cada vez más de ruptura con la normalidad institucional en sus reiteradas declaraciones públicas, en las que expresó su descontento con las decisiones de los tribunales superiores y con el sistema electoral electrónico vigente», destacó Gonet.

Esta escalada autoritaria ganó más fuerza tras la anulación de las condenas del entonces candidato Luiz Inácio Lula da Silva, posibilitando su candidatura y, posteriormente, su victoria en las elecciones de 2022.

Presiones a los militares

En la denuncia también se indica que el expresidente Bolsonaro editó la versión final del decreto golpista, presentada el 14 de diciembre de 2022 por el general Paulo Sérgio Nogueira a los comandantes de las tres Fuerzas Armadas. El documento sostenía que declarar el estado de defensa daría poderes extraordinarios a Bolsonaro y al mismo tiempo establecía la creación de la «Comisión de Regularidad Electoral», órgano que revisaría los resultados de los comicios.

El objetivo de la reunión, dice la denuncia, era presionar a los militares a sumarse a la insurrección y garantizar el apoyo armado para impedir que Lula asumiera el cargo. El general Freire Gomes, entonces comandante del Ejército, confirmó a la PGR que el borrador presentado era aún más amplio que la versión inicial de Bolsonaro.

«La reunión tuvo como objetivo presionar nuevamente a los militares para que se sumaran a la insurrección, garantizando así el apoyo armado a las medidas excepcionales que se debieran adoptar», destacó la fiscalía.

El borrador del decreto golpista fue encontrado en la residencia del exministro Anderson Torres, uno de los denunciados.

Espionaje a juez del Tribunal Supremo

El testimonio de Mauro Cid reveló que Bolsonaro ordenó directamente el seguimiento a Alexandre de Moraes, ministro del Tribunal Supremo sindicado como uno de los grandes adversarios del entonces presidente. El espionaje formaba parte de la Operación «Mundial 2022», que tenía como objetivo «neutralizar» al magistrado.

Inicialmente, las órdenes vinieron de los tenientes coroneles del Ejército Rafael Martins de Oliveira y Hélio Ferreira Lima, quienes fueron señalados como los autores intelectuales de la operación. El ex asesor presidencial Marcelo Câmara fue señalado como uno de los responsables de ejecutar las acciones.

«El seguimiento fue entonces solicitado por el colaborador al coronel Marcelo Câmara, que era quien realizaba esas operaciones», afirmó Cid.

La PGR destaca que la orden de vigilancia se reforzó en vísperas de la Navidad de 2022. «La persona que solicitó el seguimiento del ministro Alexandre de Moraes fue el expresidente Jair Bolsonaro», dice la denuncia.

Los hechos del 8 de enero de 2023

Según la Fiscalía, Bolsonaro y sus aliados incentivaron deliberadamente los campamentos instalados por sus adherentes frente a los cuarteles militares, en un intento de provocar acciones de las Fuerzas Armadas a favor del golpe.

«El entonces Presidente siempre dio esperanza de que algo sucedería para convencer a las Fuerzas Armadas de ejecutar el golpe», afirmó Mauro Cid en su declaración.

El general Braga Netto, candidato a vicepresidente de Bolsonaro, mantuvo contacto directo con los manifestantes en los campamentos y reforzó la narrativa del golpe. Lo mismo ocurrió con el general Mário Fernandes, quien visitó personalmente los campamentos en noviembre de 2022.

Así las cosas, la PGR concluyó que los atentados del 8 de enero de 2023, donde un grupo de bolsonaristas invadieron las sedes de los tres poderes del Estado brasileño, con la invasión a la sede de los Tres Poderes, fueron resultado directo de esta articulación del círculo del exmandatario.

Plan para matar a Lula y De Moraes

La denuncia también afirma que Bolsonaro conocía y acordó un plan para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al ministro Alexandre de Moraes. El plan se denominó «Daga Verde Amarilla» y contemplaba la ejecución del mencionado juez y el envenenamiento del líder izquierdista.

El segundo paso, tras la muerte de ambos, era controlar en su totalidad los tres poderes del Estado y posteriormente crear un gabinete para organizar el nuevo orden golpista.

La PGR reveló una grabación de audio de un asesor de Bolsonaro confirmando que el expresidente conocía el plan y esperaba que se ejecutara el 31 de diciembre de 2022.

«El audio no deja dudas de que la acción violenta fue conocida y autorizada por Jair Messias Bolsonaro», dijo el fiscal Gonet.

Además, mensajes intercambiados por un grupo de WhatsApp llamado «Acompanhamento» confirman que la reunión en el Palacio presidencial de Planalto fue para planificar la ejecución del golpe.

Informe sobre las urnas

Según el testimonio de Mauro Cid, citado en la denuncia, el expresidente Jair Bolsonaro interfirió directamente en la elaboración del informe de las Fuerzas Armadas sobre las máquinas de votación electrónica, determinando que su conclusión fuera alterada para generar dudas sobre el sistema electoral.

Según la denuncia presentada por la PGR, Bolsonaro presionó al Ministerio de Defensa para modificar el documento y evitar que reafirmara la inexistencia de fraude en las elecciones de 2022.

Según Cid, la versión inicial del informe no señaló ninguna irregularidad en el sistema electoral, lo que contradecía el discurso de desconfianza de Bolsonaro en las encuestas. Sin embargo, por orden del expresidente, el texto fue ajustado para sugerir la posibilidad de que pudiera haber ocurrido un fraude, incluso sin ninguna prueba que sustentara esa tesis. La denuncia destaca que esta interferencia fue parte de una estrategia más amplia para desestabilizar la democracia.

El informe manipulado fue ampliamente explotado por los aliados de Bolsonaro para movilizar a su base y justificar la necesidad de una intervención militar. Esta narrativa fue crucial para mantener los campamentos frente a los cuarteles luego de la derrota electoral, además de fortalecer el intento de invalidar los resultados de las urnas. Según la PGR, la difusión de esta información falsa fue esencial para alimentar el movimiento golpista.

«Sangre en los ojos»

Según el documento, Bolsonaro mantuvo diálogo con simpatizantes, alentó manifestaciones frente a cuarteles y buscó alimentar un clima de inestabilidad para justificar una intervención militar.

Según la PGR, Mário Fernandes, entonces subdirector de la Secretaría General de la Presidencia, actuó como enlace entre el gobierno de Bolsonaro y los grupos que pedían una intervención militar.

Fotos encontradas en el celular de Fernandes confirman su presencia en campamentos instalados en el Cuartel General del Ejército en Brasilia, donde estuvo al menos cuatro veces. Además, los investigadores apuntan a un «vínculo estrecho» entre Fernandes y los principales líderes de los actos antidemocráticos.

La denuncia también incluye mensajes enviados al expresidente por el mayor brigadier Maurício Pazini Brandão, indicando que los partidarios estaban esperando una señal para actuar. En uno de los mensajes, Brandão escribió: «‘Mi tropa’ (jejejeje) sigue con ‘sangre en los ojos’. (…) Chatea con Amir hoy. ¿Desmovilizamos las tropas o permanecemos en alerta?». El texto refuerza que el plan de golpe contó con apoyo y coordinación entre sectores militares y civiles.

Además, Mauro Cid afirmó en su testimonio que Bolsonaro fomentó campamentos frente a los cuarteles para mantener viva la expectativa de un golpe militar. Según Cid, Bolsonaro «siempre dio esperanza de que algo sucedería para convencer a las Fuerzas Armadas de realizar el golpe». Esta habría sido una de las razones por las que el entonces presidente nunca ordenó la desmovilización de los manifestantes, incluso después de finalizadas las elecciones.

La PGR concluye que la permanencia de los campamentos en las afueras de las instalaciones militares fue deliberada y que los comandantes de las Tres Fuerzas firmaron una nota autorizando la continuación de las manifestaciones por órdenes de Bolsonaro. El documento describe los hechos del 8 de enero como resultado de una larga construcción de la organización criminal, que desde 2021 viene propagando la falsa narrativa de que el sistema de votación electrónica había sido manipulado para perjudicar al expresidente.