Más de 230 muertos en solo un año: Las claves de la sangrienta crisis carcelaria en Ecuador

El motín del martes que dejó 116 muertos y 80 heridos en el penal de Guayaquil es sólo una demostración de la grave crisis que vive el país en los distintos recintos penitenciarios.

GUAYAQUIL – Los hechos han llamado la atención. La muerte de 116 reclusos al interior de la cárcel de Guayaquil ha enlutado una vez más a Ecuador, cuyo Presidente Guillermo Lasso decretó estado de emergencia en todos los recintos penitenciarios. El problema pasa con que no es la primera vez que esto ocurre: en 2021 ya van al menos tres motines en prisiones que han dejado más de 230 fallecidos.

Entre los sucesos más graves se cuenta una reyerta en febrero en cuatro prisiones de forma simultánea que dejó 80 muertos; en julio, fueron alrededor de 30 en otra; los que se suman a los 116 asesinados y 80 heridos del martes. El goteo, sin embargo, es continuo semana tras semana.

Pero, ¿cómo comenzó esta crisis? «Es un acumulado de muchos años. Un proceso de decisiones inapropiadas desde el Estado y de esta nueva tónica que tiene que ver con la incursión de un nuevo cartel emergente, Jalisco Nueva Generación, que disputa el territorio al de Sinaloa, que desde 2015 o 2016 predominaba acá. Esos espacios tienen también un replique en las cárceles», explica a Efe el periodista Arturo Torres, experto en seguridad interna, delincuencia y narcotráfico y autor del libro «Rehenes».

Torres agrega que esta lucha «ha generado sicariatos, delitos, crímenes y presiones en la justicia para articular todo alrededor del narcotráfico». Todo esto «se profundiza con la pandemia, con la salida hacia marzo o abril de droga que había quedado represada».

Pasa que Ecuador ha ocupado últimamente un rol importante en el narcotráfico a nivel latinoamericano. Ya dejó de ser solo un país de tránsito, sino también en este territorio se acopia y procesa la droga. «Tenemos un sinnúmero de problemas que se manifiestan en lo que estamos viviendo ahora en las cárceles, y que tienen un denominador común: el narcotráfico, Ecuador como pieza clave, eslabón, entre Perú y Colombia, productores de cocaína», dice el experto.

El periodista explica que tampoco es anecdótico que este nuevo motín haya ocurrido en Guayaquil, ciudad que desde hace unos años se ha transformado en «el eslabón» de carteles que llegan de Europa, entre montenegrinos, albaneses, griegos, belgas, holandeses y españoles.

«Estos carteles también venden, y pagan con drogas a las bandas que les dan protección y ellas, a su vez, (emprenden) el microtráfico. Guayaquil está en la lucha de las bandas porque es el territorio donde se puede vender pequeñas cantidades».

El gran problema del sistema carcelario

Un factor clave en esta crisis es el modelo de sistema carcelario. Esto comienza en 2014 «con la reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en la que se criminaliza el microtráfico. Ahora el 40% de los internos son microtraficantes, gente que podría estar tratándose en las calles», dice Arturo Torres.

Esto ha conducido a la creación «de grandes centros penitenciarios en Cotopaxi, Latacunga y Guayaquil, que se convierten en verdaderas bodegas de seres humanos».

Ahí viene el otro gran problema: el hacinamiento. «En las prisiones hay una población fluctuante de 90.000 detenidos cada año, de los que 42.000 entran y salen y el resto permanece» por distintos períodos, explica Torres.

«Ahora tenemos un 30% de hacinamiento, es decir, con una capacidad para 30.000, estamos en 40.000. Hay 1.500 ‘guías’ (carceleros), cuando se necesitan 4.000. ¿Quién tiene el control? Las bandas. Hay 25.000 internos que son parte de ellas, 20.000 de Los Choneros y Los Lobos, las megabandas», agrega.

Por otro lado, hay descoordinación absoluta entre los organismos políticos, judicial y de seguridad, y ese «es un tema clave», dice Torres porque, por ejemplo, «las decisiones sobre la ubicación de los presos más peligrosos depende de los jueces. Entonces, por las presiones que reciben de abogados, asignan estos detenidos a diferentes centros que no entran en la planificación del SNAI», el sistema penitenciario.

«No hay articulación para poner (en lugares distintos) a los cabecillas y la inteligencia no tiene un mapeo para decidir». Además, el preso que entra por cualquier delito menor debe buscar la «filiación» o «protección» de una de las «megabandas» o será más vulnerable dentro de prisión.

También hay que hacer hincapié en la internación de armas en los recintos penales. El periodista afirma que «el sistema está absolutamente corrompido. Meten armamento pesado, fusiles, metrallas, granadas. Son un campo de batalla con armamento del narcotráfico. Llegan desde Perú, la mayor parte» y se financian con el narcotráfico y de «la venta interna de droga».

«A un jefe de banda eso le genera 300.000 dólares semanales, es un gran negocio» con el que se puede corromper todo dentro y fuera de prisión.

El rol del Estado

Para Arturo Torres, el problema también pasa por el rol que ha jugado el Estado a nivel histórico, el cual debe cambiar. «El enfoque actual es punitivo, policial y militar, y este es un fenómeno mucho más complejo que requiere una visión mucho más transversal. No hay estrategia a largo plazo. Buscar el encierro para solucionar la conflictividad social es un esquema que nos lleva a esto de manera directa».

En esa línea, critica la decisión del Presidente Lasso de decretar estado de excepción. «Ya ha habido seis estados de excepción y no ha ocurrido nada», recalca y agrega que esta nueva orden es «un fracaso de la política de Estado frente a la crisis sistémica que vivimos desde hace mucho tiempo» por «el crecimiento de las bandas y el poder acumulado del narcotráfico».

Ese poder «ha permeado todo el sistema carcelario y de justicia» y «es muy difícil enfrentar todo ese aparataje con un estado de excepción que es una medida muy puntual: un paño de agua tibia para un enfermo terminal con una metástasis que no ha sido debidamente diagnosticada como para acoplarse (al problema) desde lo preventivo, lo operativo y a lo prospectivo».

«El problema es doble vía. Lo que ocurre en las cárceles se traslada a las calles en sicariatos, delitos violentos como hemos visto en Guayas, y eso nos expone a un escenario muy grave en seguridad ciudadana. Este año vamos a llegar a dos dígitos de muertes (violentas) por cada 100.000 habitantes, y el siguiente a 15. Es un problema que va mucho más allá (de las cárceles), que tiene ramificaciones», sentencia.