México extingue 109 fideicomisos, fondos se centralizarán

CIUDAD DE MÉXICO – Después de enconadas discusiones en ambas cámaras del Congreso, el Senado mexicano aprobó el miércoles diversas leyes que eliminarán 109 fideicomisos que financiaban una amplia gama de actividades, desde ciencia a ayuda en caso de desastres.

A partir de ahora todos esos fondos serán centralizados por la Tesorería de la Federación.

Los partidos de la oposición, e incluso algunos socios del oficialista Morena, se opusieron a la iniciativa por considerarla una apropiación de poder y dinero que podría perjudicar a los beneficiarios al hacer que esos recursos dependan de las partidas presupuestarias anuales.

La propuesta provocó uno de los debates más acalorados de la legislatura primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, que tuvo que sesionar en una sede alterna debido a que manifestantes que protestaban en el exterior del edificio principal bloquearon sus entradas.

En conjunto, esos fideicomisos suman recursos por un equivalente a 3.200 millones de dólares para proyectos de investigación, salud, deportes y educación, incluido uno para financiar la protección a periodistas amenazados. Los detractores aseguran que el gobierno quiere los fondos para cubrir sus necesidades de gasto.

Los senadores aprobaron, además, que los excedentes de esos fondos se destinen prioritariamente a combatir la pandemia de COVID-19.

Muchas organizaciones civiles indicaron en las últimas semanas que en la independencia de los fideicomisos radica precisamente su valor pero también denunciaron la falta de transparencia que había en la gestión de muchos de ellos. Por eso, su postura más generalizada era apostar por una mayor rendición de cuentas de estos instrumentos pero no por su desaparición.

El gobierno presentó el miércoles una serie de ejemplos de algunos de estos fondos y de su mala gestión de 2013 a 2018, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Entre otros aspectos denunció los grandes gastos operativos que tuvieron -más de 25 millones de dólares-, que se hicieron transferencias millonarias al sector privado o a fundaciones en el exterior con conexiones partidistas en México y el mal reparto de los mismos, privilegiando a algunos estados o, en el caso de ciertos fondos de investigación, destinando 40% de los recursos al 1 % de los beneficiarios.