Nuevo gobierno en España: Puigdemont exige la amnistía de independentistas catalanes para apoyar a Sánchez o Feijóo

Tras las elecciones, el partido del líder catalán quedó en el centro del tablero político, por lo que su voto inclinaría la balanza hacia uno u otro lado.

BRUSELAS – El líder catalán Carles Puigdemont presentó este martes las condiciones de su movimiento político para negociar su eventual apoyo a la investidura del nuevo jefe del Gobierno español, incluyendo una amnistía para los independentistas.

En una conferencia en Bruselas, Puigdemont mencionó entre las condiciones el «respeto a la legitimidad del independentismo» catalán, «el abandono completo y efectivo de la vía judicial» contra los independentistas y la creación de un «mecanismo de verificación» del cumplimiento de los acuerdos.

El líder catalán, huido a Bélgica para evadir la justicia española desde 2017 tras el intento de secesión que desató una compleja crisis política en el país, también reclamó fijar «como únicos límites los definidos por los acuerdos y tratados internacionales que hacen referencia a derechos humanos (individuales y colectivos) y las libertades fundamentales».

Las elecciones realizadas en España dejaron al partido de Puigdemont, Junts per Catalunya, en el centro del tablero político, y su voto hará inclinar la balanza hacia uno u otro lado.

Ninguno de los principales candidatos -el socialista Pedro Sánchez y el conservador Alberto Núñez Feijóo- tiene números suficientes para convertirse en presidente del gobierno.

Ganador de los comicios, Feijóo asumió el encargo del rey Felipe VI de someterse a un debate de investidura en el Congreso los días 26 y 27 de septiembre.

Sus posibilidades, sin embargo, son ínfimas, ya que ni si sumara los apoyos de la extrema derecha de Vox y de otras pequeñas formaciones dispuestas, conseguiría la cifra necesaria de diputados.

Puigdemont insistió este martes en que no hay negociaciones en marcha para definir a quién apoyará su movimiento, pero explicó cuáles son las condiciones para negociar ese eventual voto.

«Ninguna de estas condiciones previas es contraria a la Constitución y por lo tanto a ningún tratado europeo, y ni tan solo requieren un largo proceso legislativo, son condiciones previas que se han de poder cumplir antes de que se agote el plazo legal para evitar nuevas elecciones», dijo.

Impulsar un «pacto histórico»

En opinión del dirigente independentista y actual eurodiputado, «no parece que el candidato de la derecha (Feijóo) tenga los apoyos suficientes como para ser escogido (…) Tampoco los tiene el actual presidente», Sánchez.

Por ello, señaló, España «está enfrentada a un dilema», que se podría romper con la adopción de un «pacto histórico».

«No sorprenderá a nadie que diga que hoy no existen las condiciones para llegar a ese gran acuerdo. (…) Si hay voluntad real de encarar un acuerdo de esta naturaleza, estas condiciones deberían crearse», dijo.

Puigdemont mantuvo el lunes en Bruselas una demorada reunión con Yolanda Díaz, dirigente del partido de izquierda Sumar y vicepresidenta segunda del gobierno en funciones de Sánchez.

La reunión fue «fructífera», según definieron Sumar y Junts per Catalunya en un breve comunicado, donde afirmaron estar «de acuerdo en explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto político».

A mediados de agosto, el apoyo de los independentistas catalanes ligados a Puigdemont permitió elegir a una socialista a la cabeza del Congreso de los Diputados, pero el líder regionalista insistió en que este espaldarazo no tenía ninguna vinculación con la investidura del nuevo jefe del gobierno, prevista para fines de este mes.

Sánchez dijo el lunes, en un discurso pronunciado en Barcelona, que era necesario «continuar avanzando en la solución de la grave fractura» en Cataluña.

«Apostar por el diálogo y también por la concordia son la mejor solución a esta crisis, una solución que es plenamente constitucional», expresó.

De su lado, Feijóo cuestionó que sea Puigdemont quien tenga en sus manos la carta que definirá quién será el próximo jefe del gobierno español, lo que calificó como una «anomalía democrática».