Peligran cuatro millones de “Green Cards” por la reforma migratoria de Trump

La reforma de Trump reduciría drásticamente la inmigración por reunificación familiar.

PORTLAND  – A pesar de las políticas contrarias a la inmigración del presidente, Donald Trump, más migrantes han conseguido la ciudadanía.

Según las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional, consultadas por el portal de noticias web Quartz, más de 544,000 inmigrantes consiguieron la ciudadanía durante el primer trimestre del año fiscal 2018 (Octubre 2017- septiembre 2018). Un incremento del 15% respecto del año anterior.

La mayoría de los inmigrantes pueden solicitar la ciudadanía después de cinco años de ser residentes permanentes y pasar un examen especial. Pero los más recientes cambios que Trump planea introducir podrían revertir esta tendencia.

Bajo la más reciente propuesta de la administración Trump para reformar el sistema migratorio, más de cuatro millones de inmigrantes podrían perder su lugar en la lista de espera para obtener la green card o tarjeta de residencia permanente, según expertos consultados por la revista Forbes, especializada en negocios y finanzas.

La propuesta de Trump cambiaría radicalmente el proceso para otorgar tarjetas de residencia. Sería un sistema basado en puntos, que beneficiaría a la migración por empleo y reduciría drásticamente la migración por reunificación familiar.

El mayor cambio tiene que ver con la distribución de los permisos con base en un esquema de puntos, que tomaría en cuenta la edad, el dominio del inglés, la oferta de empleo y el nivel de estudios.

En caso de que se apruebe, uno de los efectos inmediatos sería que desaparecería la actual lista de espera. Lo que quiere decir que millones de migrantes que ya habían solicitado un permiso de residencia tendrían que reiniciar el proceso bajo las nuevas reglas, según un análisis de la consultoría Berry Appleman & Leiden citado por Forbes.

“La Casa Blanca ha dicho que la gente que está esperando actualmente una green card recibirán puntos adicionales, pero los detalles no se han dado a conocer”, según el análisis de Berry Appleman & Leiden.

También desparecerían las cuotas migratorias por país, lo que probablemente beneficiaría a inmigrantes de países como India, que suelen llegar con diplomas universitarios y ofertas de trabajo en el sector tecnológico.

El plan migratorio es producto de meses de consultas y negociaciones del yerno del presidente Trump y asesor principal, Yared Kushner. Según el Gobierno, con éste se pretende fomentar la competitividad económica y la seguridad fronteriza, al mismo tiempo que se respetan los derechos humanos.

El nuevo esquema mantendría el 1,1 millón de visas de residencia permanente, pero reduciría por la mitad las visas por por vínculos familiares, de un 66% a un 33%, y aumenta las visas por trabajodel 12% al 57%.

En cuanto a la seguridad fronteriza, no habría un “gran muro” de costa a costa sino barreras físicas (muros o vallas) en 33 tramos estratégicos de la frontera sur.

Sin embargo, el plan todavía está lejos de concretarse. No se ha presentado al Congreso y una vez que esto se haga es muy probable que sea rechazado por los demócratas, cuyos líderes ya han expresado su descontento.

El congresista demócrata por Illinois, Jesús García, dijo a Noticias Telemundo que el plan migratorio de la Casa Blanca omite que la economía necesita a los inmigrantes, y no resuelve la situación de la población indocumentada.

La iniciativa, según senadores que participaron el 7 de mayo en una reunión con Kushner, no plantea una solución para los poco más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, no menciona ningún programa de “trabajadores temporales”, ni incluye la prioridad de la Administración de reformar el proceso de asilo.

Ya antes de su divulgación oficial, el plan afronta críticas de grupos ultraconservadores, como el Centro para Estudios Migratorios (CIS, por su sigla en inglés) y la Federación Estadounidense para una Reforma Migratoria (FAIR, por su sigla en inglés), que exigen una reducción significativa en la inmigración legal y más “mano dura” contra los inmigrantes indocumentados.