Trabajos del Tren Maya se agilizan para que arranque en el sureste mexicano

CANCÚN (MÉXICO) – La fecha para poner en marcha el Tren Maya sigue firme para el 1 de diciembre de 2023 y comprende todo el circuito del Tren Maya, aseguró Óscar Lozano Águila, director de la empresa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que estará a cargo de la operación y administración de este sistema que se concluye a prisas.

“La fecha de inicio del primero de diciembre de 2023 comprende todo el circuito del Tren Maya, esperemos tener ya la certeza de informarle a todo el público en su momento cuáles van a ser todos los tramos que se habrán concluido para esa fecha”, sostuvo durante entrevista con EFE.

En los últimos meses, los trabajos de una de las obras más representativas de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han acelerado en Quintana Roo y Yucatán, e incluso las visitas de supervisión que realizaba el mandatario mensualmente ahora se hacen cada 15 días.

Apenas hace unos días, el paso de una de las locomotoras que se utilizan para transportar balasto y material de construcción por el sur de Quintana Roo y en la zona maya causó mucha expectación en poblaciones rurales.

Atrás del Aeropuerto Internacional de Cancún se construye una de las estaciones más grandes de todo el proyecto, las obras están en marcha las 24 horas del día y no se detienen ni en días festivos porque tiene que estar lista para principios de julio, ya que será aquí donde se presente el primero de los trenes que se construyen en Ciudad Sahagún.

Recientemente, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinoza, anunció en sus redes sociales la llegada de las primeras máquinas para julio próximo, las cuales servirán para hacer las primeras pruebas de rodamiento en las vías.

De acuerdo con el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), el tramo 4 que abarca de Izamal a Cancún tiene ya 200 kilómetros de vía terminada en ambos sentidos.

La vía del tren corre paralela a la autopista de cuota Cancún–Mérida, la cual entró a un proceso de modernización en el que se incluye la construcción de tres distribuidores viales para conectar con la población de Pisté, donde se encuentra la zona arqueológica de Chichén Itzá, en Valladolid y en El Tintal, el cual conecta con accesos a Holbox y a Playa del Carmen, ambos destinos turísticos de playa.

Cuando se anunció el proyecto que abarca los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde se planea construir una ruta de 1.554 kilómetros de vía férrea, se manejó una inversión de 120.000 millones de pesos (unos 6.315 millones de dólares), pero esa cifra prácticamente se triplicó en los últimos años.

CAMBIOS CONSTANTES EN EL TRAMO 5

Inicialmente se proyectó el trazo de las vías del Tren Maya entre Cancún y Chetumal sobre la carretera federal, incluso se hicieron las primeras obras para construir lo que sería la estación de Playa del Carmen y se retiraron más de 20.000 árboles, pero luego de numerosas protestas del sector turístico y empresarial el Gobierno mexicano anunció el cambio de ruta.

Los nuevos planes provocaron reacciones inmediatas de grupos ecologistas que denunciaron la falta de estudios ambientales para llevar a cabo la obra, quienes además de iniciar una batalla legal en instancias nacionales e internacionales, mantienen una estrecha vigilancia para documentar las afectaciones al medio ambiente.

Apenas en febrero pasado, en una de las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional, Javier May, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), a cargo de la obra, habló de un nuevo diseño del tramo 5.

En este trazado se proyectó que, 42 kilómetros de los 67 que hay entre Playa del Carmen y Tulum, sean elevados para proteger el suelo kárstico, cenotes, cavernas, y ríos subterráneos de la zona.

El Tren Maya es uno de los megaproyectos del presidente López Obrador, con el que busca potenciar el desarrollo en el sureste mexicano, mientras que organizaciones nacionales e internacionales han manifestado su preocupación por el posible impacto negativo a los derechos humanos de los pueblos indígenas mexicanos y en el medioambiente de la zona.