Un tercer juez bloquea decreto de Trump que pone fin a la ciudadanía por nacimiento de hijos de personas indocumentadas

NEW HAMPSHIRE – Un tercer juez federal bloqueó el lunes el decreto del presidente Donald Trump que pone fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de personas que residen en Estados Unidos de forma irregular.

La sentencia del juez federal de distrito Joseph N. Laplante en Nueva Hampshire se produce después de dos sentencias similares de jueces en Seattle y Maryland la semana pasada.

Laplante, que fue nominado por el presidente republicano George W. Bush, dijo que no le convenció la defensa del decreto por parte de la administración Trump. Dijo que emitiría una orden judicial preliminar más larga más adelante explicando su razonamiento.

Una demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) sostiene que el decreto de Trump viola la Constitución e “intenta trastocar uno de los valores constitucionales estadounidenses más fundamentales”. Fue presentada en nombre de grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes que incluyen integrantes que están embarazadas y cuyos hijos podrían verse afectados por el decreto.

La administración republicana de Trump afirma que los hijos de personas que no son ciudadanas no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.

El gobierno está apelando el bloqueo del juez de Seattle al decreto de Trump.

Se han presentado al menos nueve demandas para impugnar el decreto sobre la ciudadanía por nacimiento.

En el caso presentado por cuatro estados en Seattle, el juez federal de distrito John C. Coughenour dijo la semana pasada que la administración Trump estaba intentando ignorar la Constitución.

“El estado de derecho es, según él, algo que se debe sortear o algo que se ignora, ya sea por ganancia política o personal”, dijo Coughenour, quien fue nombrado por el presidente republicano Ronald Reagan. “En esta sala y bajo mi supervisión, el estado de derecho es un faro brillante, que tengo la intención de seguir”.

Un juez federal de Maryland también bloqueó el decreto de Trump en otro caso presentado por grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes y mujeres embarazadas cuyos hijos por nacer podrían verse afectados.

Hasta el momento, el gobierno de Trump no ha presentado una apelación contra la orden judicial preliminar emitida por la jueza federal de distrito Deborah Boardman, nombrada por el presidente demócrata Joe Biden.

Un juez federal de Boston también escuchó los argumentos la semana pasada en una demanda presentada por un grupo de 18 estados. El juez de distrito de EE.UU. Leo Sorokin, nombrado por el presidente demócrata Barack Obama, no se pronunció de inmediato.

Laplante, el juez de Nueva Hampshire, elogió a ambas partes por la forma en que presentaron sus casos.

“No me convencen los argumentos de los demandados en esta moción”, dijo. “Tengo que decir que tampoco me ofenden, como abogado o jurista. Creo que el estado de derecho se atiende, mantiene y preserva mejor cuando excelentes profesionales presentan sus argumentos ante el tribunal con toda la experiencia, pericia y conocimientos que pueden reunir”.

En el centro de las demandas de los tres casos se encuentra la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868 después de la Guerra Civil y la decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott, que sostenía que Scott, un hombre esclavizado, no era ciudadano a pesar de haber vivido en un estado donde la esclavitud estaba prohibida.

En 1898, en un caso conocido como Estados Unidos contra Wong Kim Ark, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los únicos niños que no recibían automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer en suelo estadounidense eran los hijos de diplomáticos, que tienen lealtad a otro gobierno; los enemigos presentes en Estados Unidos durante una ocupación hostil; los nacidos en barcos extranjeros; y los nacidos de miembros de tribus soberanas nativas americanas.

Estados Unidos es uno de los aproximadamente 30 países que aplican la ciudadanía por derecho de nacimiento, el principio de ius soli o “derecho de suelo”. La mayoría se encuentran en América, y Canadá y México están entre ellos.