El documento del organismo internacional señala que fondos destinados a programas sociales habrían sido utilizados para financiar operaciones de seguridad y acciones contra críticos del régimen.
NACIONES UNIDAS – Un grupo de expertos de Naciones Unidas acusó este martes al Gobierno de Nicaragua de desviar fondos públicos para financiar la represión contra la oposición, tanto dentro como fuera del país, mediante una «red transnacional» de vigilancia e inteligencia.
«La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie —absolutamente nadie— se interponga en el camino del régimen», señaló en una declaración el presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, Jan-Michael Simon.
El equipo presentó un nuevo informe sobre la situación en el país centroamericano, gobernado por el izquierdista Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, su esposa, quienes se mantienen en el poder de forma consecutiva desde 2007.
De acuerdo con el documento, elaborado a partir de decenas de entrevistas y abundante evidencia documental, desde 2018 —año en que estallaron protestas estudiantiles que fueron reprimidas con violencia— se habrían desviado recursos públicos para financiar acciones de represión.
Entre esos fondos, según el informe, se incluyen recursos originalmente destinados a programas sociales y a proyectos municipales.
Para ello se habría creado «una estructura paralela» dentro del partido oficialista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), destinada a canalizar dinero hacia «operaciones de seguridad, grupos armados progubernamentales y actividades partidarias».
El informe, encargado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, también reúne antecedentes sobre la existencia de una red de vigilancia e inteligencia que operaría más allá de las fronteras de Nicaragua y que sería utilizada para vigilar, intimidar y atacar a nicaragüenses que viven en el extranjero.
Según el documento, esta estructura estaría integrada por el Ejército, la policía, autoridades migratorias, el ente regulador de las telecomunicaciones TELCOR, misiones diplomáticas y operadores vinculados al FSLN.
«La vigilancia y el acoso digital, el hackeo y la divulgación de datos personales han sido utilizados para silenciar a personas críticas», señala el informe.
Asimismo, indica que el actual coministro de Relaciones Exteriores, Valdrack Jaentschke Whitaker, habría integrado un grupo de alto nivel encargado de coordinar acciones de represión transnacional en varios países mientras ejercía cargos diplomáticos entre 2021 y 2023.
Frente a esta situación, los expertos de la ONU pidieron a la comunidad internacional impulsar mecanismos que permitan exigir responsabilidades, algo que consideran difícil mientras Nicaragua continúe fuera de diversos organismos del sistema de Naciones Unidas y sin colaborar con el Consejo de Derechos Humanos.
Entre las medidas sugeridas se incluye la aplicación de jurisdicción universal —que permite a tribunales nacionales juzgar crímenes internacionales independientemente del lugar donde se cometieron—, mayor protección para la población exiliada y sanciones selectivas contra responsables.
El informe también advierte que el gobierno retiró de forma arbitraria la nacionalidad a 452 nicaragüenses y dejó a miles de exiliados en condición de apátridas al negarse a renovar o entregarles documentos de identidad, además de impedir que muchos regresen al país.