Los almacenes esperan alberegar de 1,500 a 10,000 personas cada uno.
SALT LAKE CITY, Utah – Una creciente campaña nacional está tomando forma en contra del plan del gobierno federal de convertir almacenes industriales en centros de detención migratoria a gran escala, mientras activistas organizan una jornada nacional de protestas y legisladores evalúan posibles restricciones a la política.
Las manifestaciones, programadas para el 25 de abril y descritas en materiales de organización como la jornada nacional de acción “Communities Not Cages”, surgen en medio de un creciente escrutinio sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y la expansión de su infraestructura de detención.
Actualmente ICE está explorando, comprando y adaptando almacenes en todo el país para la detención migratoria, los cuales se espera que alberguen entre 1,500 y 10,000 personas cada uno.
Encarcelar a personas en almacenes de detención improvisados y a gran escala aumentará exponencialmente la probabilidad de abuso y muerte bajo custodia de ICE, que lamentablemente ya se encuentra en un nivel históricamente alto bajo la administración Trump, dicen activistas.
Las comunidades pro inmigrantes creen que los centros de detención en almacenes también desviarán recursos críticos, como el agua y la electricidad, de las comunidades locales, y podrían reducir los ingresos fiscales y limitar las oportunidades económicas.
Por ahora se tienen previstas más de 160 acciones en todo el país en contra de las extensiones de Trump, incluidas acciones en Hagerstown (Maryland), Atlanta (Georgia), Alexandria (Luisiana) y Salt Lake City (Utah), para denunciar la expansión de la detención migratoria.
La jornada del 25 de abril está organizada por Disappeared In America, Detention Watch Network, Indivisible, MoveOn, Public Citizen y Workers Circle.
Una estrategia de expansión acelerada
En el centro de la controversia se encuentra una iniciativa federal multimillonaria para aumentar significativamente la capacidad de detención.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha impulsado un plan para adquirir y adaptar almacenes en todo el país y convertirlos en centros de detención y procesamiento migratorio. Documentos oficiales indican que el proyecto podría costar más de 38 mil millones de dólares y permitir la detención de decenas de miles de personas.
Desde inicios de 2026, ICE ha comprado múltiples propiedades industriales en varios estados, algunas con capacidad para albergar miles de detenidos simultáneamente.
Funcionarios federales sostienen que la expansión responde al aumento de arrestos y a una política migratoria más estricta, que ha llevado a cifras récord de personas bajo custodia migratoria.
En ciudades como Socorro, Texas, autoridades locales se enteraron de compras de grandes almacenes solo después de que se concretaran las transacciones, lo que generó preocupación por la falta de transparencia.
Las expansiones de Trump también tienen apuntada su vista en California.
Susan Beaty, abogada de California Collaborative for Immigrant Justice, dijo que como comunidad en el Área de la Bahía de San Francisco, “no queremos a ICE en nuestro vecindario.
“Cuando ICE no tiene un lugar donde encerrar a las personas, hay menos redadas y menos arrestos. Estamos diciendo no, no queremos la detención de ICE en nuestra comunidad, y queremos que ICE salga del Área de la Bahía y de California”, dijo Beaty.
En otros estados del país, activistas sostienen que los centros no son la solución.
JR Martin, miembro de No Detention Centers en Michigan, dijo que mientras el gobierno federal continúa su ataque contra inmigrantes en todo Michigan y en todo el país, “cada día escuchamos a más personas que se sorprenden al saber que Baldwin ahora alberga el centro de detención más grande del Medio Oeste”.
“Sabemos que a medida que esta conciencia se extienda, la oposición a ICE y al Grupo GEO seguirá creciendo. Cuando North Lake estuvo abierto por última vez hace cinco años, y las condiciones dentro llevaron a múltiples huelgas de hambre, una persona detenida allí nos dijo: ‘No quieren que nadie sepa lo que está pasando aquí, quieren mantenerlo bajo la alfombra.’ El Grupo GEO mantiene estas cosas bajo la alfombra tanto como puede, pero la verdad es que esta instalación ya ha sido cerrada antes, y volverá a ser cerrada. Nos unimos a campañas en todo el país y más allá para imaginar un futuro donde se satisfagan las necesidades de todas las personas, se respete la libertad de movimiento, y el sistema de detención migratoria que permite al Grupo GEO lucrar con el miedo y el sadismo racista deje de existir”.
Farah Al Jallad, organizadora de justicia migrante con Florida Student Power, dijo por su parte que las comunidades de Florida podrían estar prosperando en este momento, pero en cambio nuestros legisladores han decidido que quieren ver sufrir a sus propias comunidades.
“Más de 400 millones de dólares de fondos estatales irán cada año al ‘Everglades Concentration Camp’. En lugar de invertir en educación o en el aumento del costo de vida, que nuestras comunidades están pidiendo desesperadamente, se están enfocando en construir un centro que aterrorizará a nuestros miembros de la comunidad y destruirá nuestros ecosistemas”, sostuvo la activista.
Resistencia legal y local
La estrategia de convertir almacenes ha provocado resistencia en comunidades de todo el país.
Autoridades estatales y locales, tanto demócratas como republicanas, han intentado bloquear o limitar estos proyectos mediante leyes, cambios de zonificación o presión pública.
Sin embargo, la capacidad de los gobiernos locales para detener estos proyectos es limitada, ya que se trata de operaciones federales.
Preocupaciones sobre condiciones y escala
Críticos argumentan que convertir almacenes, espacios diseñados para almacenamiento industrial, en centros de detención plantea serias preocupaciones humanitarias y logísticas.
Estos edificios suelen carecer de ventilación adecuada, control de temperatura e infraestructura básica necesaria para albergar a miles de personas.
Además, informes y testimonios han señalado problemas persistentes en el sistema de detención migratoria, incluyendo hacinamiento, atención médica deficiente y condiciones insalubres, lo que genera dudas sobre la capacidad de ICE para gestionar instalaciones aún más grandes.
Funcionarios federales, por su parte, han defendido el plan, afirmando que las nuevas instalaciones cumplirán con los estándares existentes de detención.
Activismo y respuesta política
Organizadores aseguran que habrá acciones en múltiples ciudades del país, aunque el número exacto de eventos y participantes no ha sido verificado de manera independiente.
Paralelamente, legisladores han comenzado a reaccionar ante la política. Algunos han expresado preocupación por el impacto en las comunidades locales, el uso de recursos públicos y las condiciones de detención.
El jueves, la congresista Rashida Tlaib (MI-12) y Detention Watch Network llevarán a cabo una conferencia de prensa sobre la Ley para Prohibir la Detención en Almacenes (Ban Warehouse Detention Act), la cual prohibiría al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluyendo ICE, establecer, operar, expandir, convertir o renovar cualquier almacén u edificio, o estructura similar con el propósito de detener personas.
El proyecto de ley también impediría que la administración establezca nuevos modelos de detención migratoria.
Asimismo, el pasado 20 de marzo, la congresista Delia C. Ramirez (IL-03) encabezó a 32 miembros del Congreso en una solicitud al Comité de Asignaciones de la Cámara para que restrinja al Departamento de Seguridad Nacional de utilizar fondos federales para la compra de almacenes destinados a la detención migratoria en el proyecto de ley de asignaciones del año fiscal 2027.
Los legisladores están pidiendo al Congreso que, en su lugar, redirija los fondos, incluidos fondos no gastados de la “One Big Beautiful Bill”, de la detención hacia servicios que las comunidades necesitan.
El Departamento de Seguridad Nacional estima que el proyecto, conocido como la “Iniciativa de Reingeniería de la Detención”, costará a los contribuyentes 38.3 mil millones de dólares, casi diez veces el presupuesto total de detención de ICE en el año fiscal 2024.
“Dadas las ya generalizadas violaciones al debido proceso y a los derechos humanos que están ocurriendo a manos de ICE, es seguro que esta expansión histórica resultará en un aumento de arrestos ilegales para llenar las camas, deportaciones apresuradas e injustas en violación del debido proceso, separaciones familiares generalizadas, brotes de enfermedades en las instalaciones y muertes evitables por negligencia médica”, escribieron los miembros del Congreso.
“A través del proceso de asignaciones, el Congreso tiene la autoridad y la obligación de impedir que ICE use fondos de los contribuyentes para llevar a cabo su proyecto de almacenes”, agrega.
ANTECEDENTES:
ICE está explorando activamente, comprando y planeando convertir aproximadamente 23 almacenes en todo el país en nuevos centros de detención y procesamiento migratorio. De implementarse, este plan aumentaría rápidamente la capacidad de detención a 92,600 personas, lo que indicaría una expansión masiva y la normalización del confinamiento a gran escala. En algunos sitios, ICE planea comenzar a detener personas tan pronto como este mes.
“Dadas las ya extendidas violaciones al debido proceso y a los derechos humanos por parte de ICE, es casi seguro que esta expansión histórica resultará en un aumento de arrestos ilegales, violaciones al debido proceso, separaciones familiares generalizadas, brotes de enfermedades en las instalaciones y muertes evitables debido a negligencia médica”, sostiene el comunicado de la congresista Rashida Tlaib.
Un tema en desarrollo
La situación sigue evolucionando. Mientras algunas compras y proyectos continúan, otros han sido retrasados o cancelados debido a presión política, desafíos legales y oposición comunitaria.
Incluso, recientemente, el DHS ha pausado parte de la adquisición de nuevos almacenes y está reconsiderando algunos proyectos en medio de críticas y cuestionamientos.