• La orden instruye al Secretario de Seguridad Nacional a trabajar con el Seguro Social para hacer una lista de ciudadanos verificados que tengan derecho a votar.
• Los demócratas han prometido emprender acciones legales contra el último intento de Trump de reformar las elecciones federales.
WASHINGTON – Los líderes demócratas del Senado y la Cámara de Representantes criticaron duramente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que restringe el voto por correo y crea una lista nacional de votantes elegibles, mientras el mandatario republicano busca usar su autoridad para ejercer más control en las elecciones federales antes de las elecciones de noviembre.
El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, demócrata por Nueva York, criticó la orden, tildándola de “apropiación ilegal de poder”, denominando las acciones de Trump de “desquiciadas” y acusando a los republicanos de intentar “aferrarse desesperadamente al poder” dificultando el voto.
“La Constitución es clara. Donald Trump no tiene poder para cambiar la forma en que los estados llevan a cabo sus elecciones”, declaró Jeffries en un comunicado. “Lucharemos contra este desesperado plan republicano para apoderarse de nuestras elecciones libres y justas y poner fin, de una vez por todas, a la era de la supresión del voto en Estados Unidos”.
La orden, firmada el martes, instruye al Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a trabajar con la Administración del Seguro Social para hacer una lista de ciudadanos estadounidenses verificados que tengan derecho a votar.
Asimismo, prohíbe al Servicio Postal enviar papeletas a quienes no figuren en la lista de votantes por correo aprobada por el estado y exige que las papeletas se guarden en sobres con códigos de barras para su seguimiento.
La orden instruye además a la fiscal general Pam Bondi a dar prioridad a las investigaciones y los enjuiciamientos de cualquier persona acusada de enviar boletas electorales a votantes no elegibles.
Jeffries alegó que la orden permite al gobierno “determinar unilateralmente quién tiene derecho a votar” y buscar intimidar a los funcionarios electorales estatales sometiéndolos a investigaciones “innecesarias”. Además, aseguro que la privacidad de millones de estadounidenses podría estar en riesgo.
El presidente afirma con frecuencia, sin pruebas, que el voto por correo y los casos de inmigrantes indocumentados que votaron contribuyeron al fraude generalizado en las elecciones presidenciales de 2020, informó The Hill.
Las acusaciones infundadas han servido de base para sus recientes llamados a “nacionalizar” los comicios y la presión ejercida sobre la Ley SAVE, una legislación nacional de identificación de votantes que pedirá a los estadounidenses mostrar un documento de identidad con foto al votar en las elecciones federales y aportar una prueba de ciudadanía para registrarse.
Trump ya había criticado antes la práctica del voto por correo, denominando “absurdo” el proceso por el cual los estados cuentan las papeletas recibidas luego del día de las elecciones. Muchos estados aceptan las papeletas de voto por correo y en ausencia siempre que tengan el matasellos del día de las elecciones.
Los demócratas han prometido emprender acciones legales contra el último intento del mandatario republicano de reformar las elecciones federales.
“Nos vemos en los tribunales. Perderás”, escribió el martes el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, en la plataforma social X.
Por su parte, Phil Weiser (demócrata), fiscal general de Colorado, manifestó que Trump carece de autoridad constitucional para interferir en las normas electorales estatales y prometió demandarlo.
“La Constitución establece claramente que los estados determinan la fecha, el lugar y la forma de las elecciones. Casi todos los votantes de Colorado —demócratas, republicanos e independientes— utilizan el voto por correo. El sistema electoral de Colorado es seguro y justo, y emprenderemos acciones legales para proteger las elecciones de Colorado”, escribió Weiser, que es candidato a gobernador del estado.