PORTLAND – Un análisis reciente publicado por la organización FWD.us muestra que la participación en el programa 287(g) de ICE ha crecido más de un 900 por ciento durante el segundo mandato de Donald Trump, lo que ha ampliado de manera significativa el alcance de la agencia migratoria federal.
Según este documento, más de 760 agencias policiales locales se han inscrito ya en el modelo de “fuerza de tarea” anteriormente desacreditado, y entre 13,800 y 15,800 agentes de policía y alguaciles han sido convertidos en agentes con poderes de aplicación migratoria.
Esto ocurre en contraste con los 12,000 nuevos empleados contratados directamente por ICE durante el mismo período.
Históricamente, ICE se limitaba a financiar la capacitación y la infraestructura tecnológica de los departamentos que participaban en el programa 287(g).
Sin embargo, bajo el nuevo modelo de financiamiento establecido por la administración, ICE ha prometido pagar los salarios completos y las horas extra de los oficiales formados para hacer cumplir la ley migratoria, además de los costos iniciales y hasta “bonificaciones por desempeño” vinculadas a arrestos relacionados con inmigrantes, lo que implica que los agentes podrían ser recompensados económicamente por detener a personas sospechosas de ser inmigrantes.
“Hace más de una década vimos cómo deputar a las fuerzas policiales locales para hacer cumplir la ley migratoria podría resultar en desastre bajo el sheriff Arpaio y otros”, dijo Todd Schulte, presidente de FWD.us.
“Los incentivos federales para apuntar y perfilar dañarán a las comunidades inmigrantes y tendrán efectos colaterales en otras comunidades ya objetivo de las fuerzas del orden locales, afectando tanto a inmigrantes como a ciudadanos por igual”, sostuvo.
El análisis indica que al menos 137 millones de dólares ya han llegado a la policía local y, con base en las agencias actualmente inscritas, esta nueva fuente de financiamiento podría enviar entre 1,400 millones y 2,000 millones de dólares adicionales en 2026.
Si las inscripciones continúan al ritmo actual, esa cifra podría alcanzar hasta 3,400 millones de dólares en 2027, financiando aproximadamente a 29,000 oficiales con autoridad migratoria en todo el país.
“Esto sería, con mucho, la mayor inyección de fondos federales en las fuerzas del orden locales desde los subsidios COPS de los años 90, que aumentan los arrestos de bajo nivel sin tener un impacto significativo en la delincuencia”, afirmó Felicity Rose, vicepresidente de investigación y política de justicia penal en FWD.us.
“La investigación sobre el Modelo de Fuerza de Tarea 287(g) también mostró que causó un daño masivo a las comunidades sin reducir el crimen. Este programa es la confluencia de dos malas ideas que deberían quedar en el pasado, donde pertenecen”, dijo.
El informe publicado por FWD.us llega en medio de un intenso debate en el Congreso sobre el financiamiento adicional para ICE y programas de aplicación migratoria, y plantea nuevas preguntas sobre las consecuencias de subcontratar funciones federales críticas a agencias locales con diferentes niveles de experiencia y supervisión.