WASHINGTON – La Corte Suprema de Estados Unidos dijo el martes que permitirá a la administración Trump continuar deportando inmigrantes a terceros países —una polémica política que ha enviado a cubanos residentes del sur de la Florida a naciones africanas— hasta que resuelva el caso.
En una orden de una sola página, el máximo tribunal anuló una decisión dictada en febrero por un juez federal de Massachusetts que había declarado ilegal e inconstitucional la propia guía del gobierno de Trump sobre cómo envía inmigrantes a terceros países. Ese fallo exigía al gobierno federal que diera una “notificación significativa” a la persona sobre adónde sería enviada y que le permitiera impugnar la deportación a un tercer país.
A principios de este mes, un tribunal federal de apelaciones ratificó la mayor parte de la decisión de Murphy. A su vez, la administración Trump solicitó la intervención de la Corte Suprema, argumentando que los fundamentos de la orden eran “improcedentes” y perjudicaban las relaciones diplomáticas.
El martes, la Corte Suprema no respondió a los argumentos del gobierno, pero concedió su solicitud de suspender temporalmente la orden de Murphy.
El tribunal fijó la audiencia del caso para diciembre y ordenó a ambas partes preparar sus argumentos sobre si el juez del caso podía conceder el estatus de demanda colectiva a los inmigrantes involucrados. También indicó que escuchará argumentos sobre si la guía del gobierno referente a las expulsiones a terceros países era legal bajo la ley federal de inmigración y la Constitución.
“La suspensión finalizará tras la emisión de la sentencia de esta Corte”, señala la breve orden. Las juezas Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson se opusieron a conceder la suspensión solicitada por el gobierno.
En una declaración enviada al Miami Herald el martes, la administración Trump celebró la decisión.
“La política de expulsión a terceros países del DHS vuelve a estar en vigor. Un mal día tanto para los indocumentados con antecedentes penales como para los activistas de fronteras abiertas. Aún no es tarde para recibir $3,000 y un vuelo de regreso a casa”, dijo James Percival, asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional.
La orden de la Corte Suprema es la intervención de emergencia más reciente del máximo tribunal del país en casos federales relacionados con las políticas migratorias de Trump. El año pasado, el tribunal dio luz verde al gobierno para poner fin al Estatus de Protección Temporal para los venezolanos.
Esto ocurre además semanas después de que la administración Trump enviara a venezolanos y cubanos a Guinea Ecuatorial y Liberia. Cubanos en Guinea Ecuatorial, dijeron que se encontraban retenidos indefinidamente en un hotel sin acceso a abogados, atención médica ni libertad de movimiento.
Como una vía para intensificar las deportaciones, la administración Trump ha comenzado a enviar a las personas que no puede deportar a sus países de origen a naciones que acepten recibirlas. Dichos inmigrantes no pueden ser devueltos a sus países natales, ya sea porque sus gobiernos se niegan a recibirlos o porque han presentado argumentos creíbles de que sufrirían torturas u otros daños si fueran deportados a su patria.
Para eludir ese obstáculo, la administración Trump ha negociado acuerdos con varios países, otorgándoles recursos financieros a cambio de recibir a los deportados. Sin embargo, algunas de esas naciones se encuentran bajo advertencias de “no viajar” emitidas por Estados Unidos y otras están gobernadas por regímenes represivos. Aunque los países receptores han ofrecido garantías dentro de los acuerdos de que los deportados no sufrirán daños, expertos y abogados afirman que dichas promesas carecen de credibilidad.
El caso de Massachusetts, presentado en marzo de 2025 por inmigrantes en riesgo de ser enviados a terceros países —entre ellos un ciudadano cubano casado con una ciudadana estadounidense—, ha ido y venido por los tribunales. En junio de 2025, un tribunal de apelaciones desestimó una solicitud de la administración Trump para anular una orden preliminar del juez. La Corte Suprema concedió esa petición y anuló la orden preliminar, y el martes volvió a fallar a favor del gobierno.