Cientos de familias de Oregón podrían perder la ayuda para el alquiler bajo una nueva norma de la administración Trump

11/19/2026

PORTLAND – Al menos 259 hogares atendidos por Home Forward podrían perder su elegibilidad para recibir asistencia federal de vivienda, debido a una nueva norma de la administración Trump que exige que todos los miembros de un hogar demuestren su ciudadanía estadounidense o un estatus migratorio que los califique para el programa.

Home Forward, la agencia de vivienda pública que presta servicios en el condado de Multnomah, confirmó esta cifra. La agencia informó que, por el momento, no cuenta con una solución clara para las familias afectadas y está a la espera de lo que decidan los tribunales, dado que la norma enfrenta una impugnación legal.

El cambio podría afectar a niños que son ciudadanos estadounidenses y que viven con un progenitor que no reúne los requisitos para obtener ayuda federal de vivienda.

Según las normas vigentes, dichas familias pueden recibir un subsidio de alquiler reducido, calculado tomando en cuenta únicamente a los miembros del hogar que cumplen con los requisitos de elegibilidad. La nueva norma, por lo general, limita esta ayuda reducida al tiempo necesario para verificar la elegibilidad de todos los integrantes, salvo contadas excepciones.

En una entrevista con FOX Business, el secretario del HUD, Scott Turner, describió este cambio como la eliminación de un «vacío legal que ha existido durante décadas».

«Puede darse el caso de que una persona sea elegible o tenga una situación legal, mientras que otros miembros que viven en el mismo hogar no cuenten con una situación legal», señaló Turner. «Por eso estamos cerrando este vacío legal, Los contribuyentes estadounidenses trabajan arduamente y es su dinero el que se utiliza».

¿Qué cambiará para las familias?

Actualmente, un hogar compuesto por dos hijos que son ciudadanos estadounidenses y un progenitor cuya situación migratoria no cumple con los requisitos, puede recibir un subsidio de alquiler reducido basado en la elegibilidad de los hijos.

Según la nueva normativa, el hogar podría perder dicha asistencia si el progenitor permanece en la vivienda tras una determinación definitiva de elegibilidad. No presentar la documentación requerida dentro del plazo establecido —incluyendo cualquier prórroga autorizada— también puede dar lugar a procedimientos de cancelación de la ayuda.

La norma protege a los inquilinos actuales durante el proceso de verificación, siempre que este se realice dentro de los plazos, así como durante la celebración de una audiencia informal, si esta ha sido solicitada. Asimismo, contempla una excepción para los casos en los que el miembro del hogar cuya situación no puede verificarse abandona la vivienda. Se mantienen disposiciones que permiten una asistencia limitada y temporal, así como el aplazamiento provisional de la medida.

Turner señaló que la administración busca que la ayuda llegue a las personas que están a la espera de una vivienda.

«Tenemos muchísimas personas en nuestro país que figuran en las listas de espera de nuestras autoridades de vivienda pública para obtener un hogar», afirmó. «Hay personas mayores, veteranos que se encuentran sin techo, personas que huyen de situaciones de violencia doméstica… en fin».

Lo que, según el HUD, reveló su auditoría

En enero, el HUD (Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano) anunció los resultados de una revisión realizada a nivel nacional junto con el Departamento de Seguridad Nacional. Según el HUD, la revisión identificó a cerca de 200,000 inquilinos que requieren una verificación de elegibilidad más exhaustiva, a casi 25,000 inquilinos fallecidos y cerca de 6,000 personas que no son ciudadanas, a quienes clasificó como no elegibles para recibir asistencia.

Las agencias compararon los registros de vivienda con la información contenida en el sistema federal denominado «Verificación Sistemática de Derechos para Extranjeros» (SAVE, por sus siglas en inglés).

La cifra de casi 200,000 corresponde a registros que requieren comprobaciones adicionales de elegibilidad. En un anuncio realizado en noviembre, el HUD describió a estos inquilinos como personas cuya verificación de elegibilidad está incompleta o es desconocida.

Las instrucciones complementarias del HUD explican que el informe de cotejo puede incluir a personas que una agencia de vivienda local ya había clasificado como ciudadanos elegibles, pero respecto a las cuales los registros federales indican una discrepancia. Es posible que las agencias de vivienda necesiten solicitar documentos adicionales, realizar un paso de verificación más o corregir el registro de un inquilino.

La carta también señala que las personas ya clasificadas por su agencia de vivienda como no ciudadanos no elegibles quedan excluidas de dicho informe de cotejo.

El HUD instruyó a las agencias a revisar el informe e iniciar medidas correctivas en un plazo de 30 días. Asimismo, indicó que recuperará los fondos correspondientes a pagos realizados en nombre de inquilinos no elegibles o fallecidos.

Las agencias de vivienda se enfrentan a posibles sanciones en materia de financiación

Una carta del HUD advierte que aquellas agencias que no cumplan con sus requisitos de presentación de informes podrían enfrentarse a órdenes de medidas correctivas, a la exigencia de obtener reembolsos de fuentes ajenas al HUD, o a la retención o reducción de su financiación.

La decisión de si debe finalizar la asistencia depende de cada hogar y de los requisitos aplicables en materia de verificación, audiencias y preservación de la unidad familiar.

La carta asigna a las agencias locales la responsabilidad de revisar los expedientes, documentar la elegibilidad y corregir cualquier información inexacta.

La ley federal que sustenta la controversia

El HUD (Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano) cita la Sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980, codificada en el título 42 del Código de los Estados Unidos (42 U.S.C. 1436a). La ley limita la asistencia federal para la vivienda a los ciudadanos estadounidenses y a categorías específicas de personas no ciudadanas que cumplen con los requisitos, incluidos los residentes permanentes legales, los refugiados y las personas a quienes se les ha concedido asilo.

Turner señaló que, a su juicio, la nueva normativa no hace más que aplicar dicha ley.

«La Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario establece —y en este momento, al ocupar el cargo de secretario del HUD, esa es mi función— que no se puede proporcionar asistencia a quienes se encuentran en el país de manera ilegal», afirmó. «Por lo tanto, estamos haciendo cumplir esta ley».

Durante décadas, las regulaciones del HUD han permitido que los hogares con estatus migratorio mixto residan juntos, ajustando el subsidio para excluir a los miembros que no cumplen con los requisitos de elegibilidad. La disputa legal gira en torno a si, conforme a la ley vigente, el HUD tiene la facultad de poner fin a esta práctica establecida desde hace mucho tiempo.

El HUD sostiene que una persona sin un estatus migratorio elegible se beneficia al residir en una vivienda subsidiada, incluso cuando el monto del subsidio se calcula tomando en cuenta únicamente a los residentes que sí cumplen con los requisitos.

El departamento propuso este cambio en febrero y anunció la normativa definitiva en noviembre.

Familias y grupos de inquilinos solicitan la intervención de un tribunal

La organización Public Counsel, junto con otros bufetes de abogados, presentó una demanda el 16 de noviembre ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.

Representan a tres residentes del condado de Los Ángeles y a las organizaciones de inquilinos People Organized for Westside Renewal y Unión de Vecinos.

Los demandantes argumentan que la norma amenaza ilegalmente la vivienda de familias con estatus migratorios mixtos, incluidos niños que son ciudadanos estadounidenses. Sus abogados señalan que los hogares podrían verse obligados a separarse o perder su asistencia.

La demanda solicita al tribunal que posponga la fecha de entrada en vigor, prevista para el 14 de diciembre, y que impida su aplicación en el Distrito Central de California mientras el caso sigue su curso.

El efecto que cualquier orden judicial pueda tener en los hogares de Oregón dependerá de lo que dicte el juez y del alcance de dicha medida.

Home Forward informó que está a la espera de la resolución judicial, dado que las familias enfrentan incertidumbre respecto a su asistencia para la vivienda.

Cuándo entrará en vigor la norma

Está previsto que la norma definitiva entre en vigor el 14 de diciembre.

Las agencias de vivienda deben notificar, a más tardar el 11 de enero de 2027, a los inquilinos actuales que aún deban presentar pruebas de su ciudadanía o de un estatus migratorio admisible.

Por lo general, los hogares con estatus migratorio mixto que se vean afectados disponen de un plazo de 90 días, a partir del 14 de diciembre, para presentar la documentación faltante. En determinadas circunstancias, es posible obtener prórrogas de hasta 60 días.

Otros inquilinos actuales que aún deban aportar dicha documentación, por lo general, podrán presentarla durante su próxima revisión anual o provisional de elegibilidad.