Un golfista de un club de Trump y una firma vinculada a Trump Media figuran entre los beneficiarios de pagos cuestionados
WASHINGTON – El Departamento de Justicia (DOJ) quedó bajo cuestionamiento después de intervenir en un acuerdo que contempla pagos de 2.5 millones de dólares a cinco personas y empresas que demandaron al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por una filtración de información fiscal. Entre los beneficiarios figura un profesional de golf que trabaja desde hace 17 años en uno de los clubes del presidente Donald Trump.
Una investigación publicada por ProPublica reveló que altos funcionarios del gobierno negociaron indemnizaciones de 500,000 dólares para cada uno de los cinco demandantes, una cantidad que llamó la atención de funcionarios del IRS porque supera ampliamente lo que normalmente contempla la legislación para este tipo de reclamaciones.
El caso también involucra a una empresa cuyos inversionistas incluyen a Donald Wilson, cuya firma anunció una inversión de 100 millones de dólares en Trump Media and Technology Group, propietaria de Truth Social.
Un golfista de Trump recibirá medio millón
Uno de los nombres que aparece en el litigio es Shelby Lowman, profesional de golf de Trump National Golf Club Hudson Valley, en Nueva York. Según la investigación, Lowman trabaja en esa propiedad desde antes de que Trump la comprara en 2009 y también pinta paisajes de los campos del mandatario.
El acuerdo forma parte de la demanda colectiva Safe Harbor International LLC contra Booz Allen Hamilton, el IRS y el Departamento del Tesoro. Los demandantes sostienen que la agencia y el contratista no protegieron adecuadamente sus datos fiscales, que terminaron en manos de Charles Littlejohn, exempleado de Booz Allen.
Littlejohn filtró información tributaria de Trump y de miles de contribuyentes a medios como ProPublica y The New York Times. En 2023 se declaró culpable y recibió una condena de cinco años de prisión.
El pago que encendió las alarmas
La legislación establece una indemnización de 1,000 dólares por cada divulgación o consulta no autorizada de información fiscal. Los demandantes alegaron dos divulgaciones, por lo que la compensación legal inicial sería de 2,000 dólares por persona, salvo que demostraran daños adicionales.
Sin embargo, el Departamento de Justicia propuso pagar 500,000 dólares a cada uno. Según el medio, los abogados del IRS no fueron consultados, pese a que esa revisión suele formar parte del procedimiento habitual.
Gil Rothenberg, profesor de derecho de American University y exfuncionario de la división tributaria del Departamento de Justicia, cuestionó la operación.
“El acuerdo no da buena espina”, declaró a ProPublica. También consideró inusual que se planteara antes de una decisión judicial definitiva y que el gobierno renunciara prácticamente a su derecho de apelación.
Trump ya había propuesto otro fondo
La controversia recuerda la propuesta de un fondo de 1,776 millones de dólares impulsada por el entonces fiscal general interino Todd Blanche para resolver la demanda fiscal presentada por Trump, quien reclamaba 10,000 millones de dólares. La iniciativa generó críticas y finalmente fue abandonada.
La Casa Blanca defendió la actuación del Departamento de Justicia y afirmó que buscaba “promover la resolución eficiente de los casos para evitar responsabilidades extraordinarias”.
El litigio Safe Harbor sigue abierto. Además, dos personas más vinculadas con antiguos empleos en propiedades de Trump buscan incorporarse a la demanda. Un juez todavía debe decidir si permitirá que continúe como acción colectiva.
