GINEBRA – Un panel de expertos independientes enfocados en la discriminación racial afirma que el discurso racista y de odio del presidente Donald Trump y altos funcionarios estadounidenses, así como la batida migratoria en Estados Unidos, ha resultado en “graves violaciones a los derechos humanos”.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, con sede en Ginebra, emitió su decisión el miércoles e hizo un llamado a Estados Unidos a suspender sus redadas migratorias en escuelas, hospitales e instituciones religiosas y sus alrededores.
La decisión no es jurídicamente vinculante, pero busca exigir que un país —en este caso, Estados Unidos— cumpla con sus propios compromisos internacionales.
El panel señaló que también estaba “sumamente perturbado” por el uso de un lenguaje despectivo y deshumanizante en torno a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Los miembros del comité atribuyeron los aumentos reportados de discriminación racial al “discurso de odio racista” en contra de esos grupos, pero no mencionaron datos específicos. Además del discurso, también existe preocupación por el posible impacto al hecho de que políticos y otras figuras públicas utilicen los estereotipos como arma para incitar delitos de odio y discriminación.
“Que políticos e influyentes figuras públicas del más alto nivel, en particular el presidente, los presenten como criminales o una carga, podría incitar a la discriminación racial y los delitos de odio”, indicó el comité en un comunicado de prensa.
Trump, al igual que los presidentes Joe Biden y Barack Obama, ha estado en el cargo cuando la ONU ha condenado el racismo sistémico, el odio y la discriminación. Pero el panel se refirió específicamente en esta ocasión al discurso de Trump como parte del problema. No señaló a Biden ni a Obama por su retórica.
También se señaló al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés), junto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés), por perfilar racialmente a personas de color y realizar verificaciones de identidad que parecían arbitrarias.
“Esta evaluación de Naciones Unidas es tan inútil como su escalera eléctrica que no sirve, y su sesgo extremo sigue demostrando por qué nadie los toma en serio”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, quien mencionó el trabajo de Trump para reducir el crimen y reforzar la frontera de Estados Unidos.
“A nadie le importa lo que piensen los supuestos ‘expertos’ de una ONU sesgada, porque los estadounidenses viven en un país más seguro y más fuerte que nunca”, agregó.
El panel alega en su informe que Estados Unidos no cumple con sus obligaciones como parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que fue adoptada por Naciones Unidas en 1965. El informe destacó incidentes que involucraron “métodos discriminatorios, peligrosos y violentos” que han dejado ocho personas muertas en los últimos tres meses, incluidos Alex Pretti y Renee Good, dos ciudadanos estadounidenses que fueron abatidos por agentes federales mientras protestaban en Minnesota.
El comité sostuvo que el uso de fuerza letal en esos dos casos fue equivalente a una “privación arbitraria de la vida y otras graves violaciones de las leyes internacionales de derechos humanos”.
Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo que se encuentran detenidos también merecen un trato humano e igualitario, libre de discriminación, al amparo de la Convención. Pero a estos grupos se les han negado servicios básicos esenciales como la atención médica, la educación y el apoyo social, según el informe.
El panel le ha pedido a Estados Unidos que revise si sus políticas migratorias se apegan a las leyes internacionales de derechos humanos. Esto debería incluir la suspensión de redadas migratorias, incluso en torno a escuelas, instituciones religiosas y hospitales; la derogación de “medidas discriminatorias” relacionadas con los procedimientos de asilo; y el establecimiento de salvaguardas para que las agencias migratorias no tengan acceso a datos personales en bases de datos gubernamentales.
Se desconoce, sin embargo, si la ONU podría realmente obligar al cumplimiento de estas propuestas.
No es la primera vez que el panel critica a Estados Unidos por racismo y discriminación. Lo hizo tras las protestas generalizadas de Black Lives Matter de 2014 por la muerte de Michael Brown a manos de la policía, y nuevamente en 2020 tras el asesinato de George Floyd.
También en 2020, otro organismo de derechos humanos de Naciones Unidas escuchó argumentos similares de un relator especial sobre racismo contemporáneo, discriminación y xenofobia.
El gobierno de Trump convirtió las deportaciones a gran escala en una parte clave de su agenda para un segundo mandato, implementó una gran cantidad de restricciones migratorias y reforzó las labores policiales en varias ciudades del país. La ofensiva ha provocado un aumento de los arrestos de inmigrantes y crecientes preocupaciones sobre las tácticas del gobierno tanto en la detención como en la aplicación de la ley.
El gobierno ha mencionado preocupaciones económicas y de seguridad para justificar sus acciones.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial está compuesto por 18 expertos independientes de todo el mundo y supervisa la implementación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Estados Unidos ratificó la convención en 1994.