Los defensores celebraron el fallo como una gran victoria para inmigrantes vulnerables que temían denunciar delitos y buscar ayuda.
LOS ÁNGELES – Un fallo de un tribunal federal está devolviendo la esperanza a miles de sobrevivientes inmigrantes de violencia doméstica, trata de personas y delitos violentos, luego de que un juez restaurara temporalmente protecciones legales clave que, según defensores de los derechos de los inmigrantes, habían sido eliminadas a principios de este año.
En una orden de amplio alcance emitida el pasado martes, un juez federal en California bloqueó partes de una política de la administración Trump de enero de 2025 que había permitido a las autoridades migratorias arrestar, detener y deportar de manera más agresiva a personas que buscaban protección bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), así como los programas de Visa U y Visa T.
La decisión también certificó clases nacionales de sobrevivientes con solicitudes migratorias pendientes, extendiendo protecciones temporales mientras avanza la demanda.
La decisión también certificó clases nacionales de sobrevivientes con solicitudes migratorias pendientes, extendiendo protecciones temporales mientras avanza la demanda.
“Este fallo envía un mensaje claro: el gobierno no puede arrestar, detener y deportar a sobrevivientes inmigrantes que tienen el derecho legal de permanecer en este país”, dijo Rebecca Brown, abogada supervisora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de Public Counsel.
“El Congreso creó las protecciones de la Visa U, la Visa T y VAWA precisamente para garantizar que los sobrevivientes pudieran presentarse, buscar ayuda y hacer nuestras comunidades más seguras, y esta administración ha estado rompiendo esa promesa. Continuaremos luchando hasta que cada sobreviviente reciba la seguridad, dignidad y justicia que se les prometió”, dijo.
El tribunal también ordenó al Departamento de Seguridad Nacional permitir el regreso a Estados Unidos de tres demandantes que ya habían sido deportados, incluida una sobreviviente de violencia doméstica identificada en documentos judiciales como Carmen F.
Según la demanda, Carmen y su hijo pequeño fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una cita programada, a pesar de tener una solicitud de Visa U pendiente. Después de ser deportada, presuntamente fue confrontada por su agresor al llegar a su país de origen y obligada a regresar con él.
Para las organizaciones defensoras de los inmigrantes, la orden representa más que una victoria legal: es una restauración de confianza para sobrevivientes que arriesgaron su seguridad al cooperar con las autoridades y buscar ayuda a través de canales legales.
“Esta orden restaura temporalmente parte de la seguridad y protección que nuestra nación prometió a los sobrevivientes inmigrantes que se atreven a denunciar el abuso que han sufrido”, dijo Bardis Vakili, director legal del Center for Human Rights & Constitutional Law.
“Pero la lucha continúa, porque aunque la Administración Trump crea lo contrario, el cumplimiento de las leyes aprobadas por el Congreso y de las protecciones garantizadas por la Constitución por parte de las agencias de inmigración no es opcional”, sostuvo.
Las organizaciones involucradas en la demanda señalaron que el fallo podría impactar de inmediato miles de casos migratorios pendientes en todo el país.
Jessica Farb, subdirectora del Immigration Center for Women and Children (ICWC), dijo que este fallo restablece un nivel de seguridad para “los valientes sobrevivientes a quienes servimos, quienes dieron un paso al frente y solicitaron protección bajo las leyes que el Congreso creó para ellos”.
La activista añadió que las personas que buscan estos alivios pueden respirar más tranquilos al saber que estas protecciones y procesos están siendo restaurados, ayudando a garantizar que puedan permanecer en Estados Unidos.
Los defensores legales también argumentan que la intervención del tribunal envía un mensaje más amplio sobre la seguridad pública, señalando que el miedo a la deportación puede desalentar a víctimas y testigos de denunciar delitos.
Jordan Weiner, director ejecutivo interino de La Raza Centro Legal, sostuvo que esta orden demuestra que la campaña de deportaciones masivas del gobierno federal nunca tuvo como objetivo reducir el crimen.
“Eliminar políticas diseñadas para fomentar la cooperación entre las comunidades inmigrantes y las autoridades policiales debilita la seguridad pública para todos”, dijo el activista.
La demanda fue presentada por Public Counsel, el Center for Human Rights and Constitutional Law, La Raza Centro Legal, la Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA) y otras organizaciones defensoras de sobrevivientes en todo el país.
Aunque el fallo es temporal, los defensores aseguran que marca un punto de inflexión crucial en la batalla legal sobre cómo son tratados los sobrevivientes inmigrantes dentro de la política migratoria de Estados Unidos.
“Con este fallo, el tribunal ha reconocido las amenazas inminentes que esta administración representa para los sobrevivientes inmigrantes en todo el país”, dijo Angelica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA. “Esperamos garantizar que esta orden judicial temporal se cumpla al pie de la letra y convertir estas protecciones en permanentes”.