El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo durante la ceremonia de inauguración de un paso elevado en Managua, Nicaragua.
GINEBRA – Las autoridades nicaragüenses deben llevar a cabo una investigación independiente de la muerte bajo custodia del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, garantizar una autopsia imparcial y devolver sus restos mortales a su familia, declaró este lunes el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.
En un comunicado donde condenaron la muerte del activista, anunciada por las autoridades el domingo, el grupo de expertos de la ONU aseguró que la falta de una investigación imparcial y la no devolución de los restos de Rivera “refuerza la fuerte presunción de responsabilidad estatal por su muerte”.
El líder de 73 años, fundador del partido indígena Yatama, “no falleció por enfermedad, sino como resultado de su desaparición forzada de más de dos años, sin contacto con su familia, sin servicios médicos independientes y sin ninguna rendición de cuentas”, señaló uno de los expertos del grupo, el húngaro Reed Brody.
Rivera “dedicó cuatro décadas a defender los derechos de su pueblo”, afirmó Brody, quien pidió a la comunidad internacional que tome partido ante su fallecimiento.
La jurista uruguaya Ariela Peralta, también en el grupo de expertos, añadió que la desaparición forzada de Rivera desde su detención el 23 de septiembre de 2023, cuando era diputado de la Asamblea Nacional, constituye “un crimen internacional del que el Estado de Nicaragua es legalmente responsable”.
Añadió que cuando una persona en desaparición forzada fallece, “las acciones que causaron ese desenlace pueden constituir múltiples crímenes contra la humanidad, como el asesinato, la tortura y la persecución”.
El grupo presidido por el alemán Jan-Michael Simon ya pidió en marzo, en una misiva al Gobierno copresidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que se brindara información sobre la situación y el paradero de Rivera.
Los expertos recordaron este lunes que se ignora la situación de al menos otras nueve personas en Nicaragua en detención arbitraria, y también subrayaron que en un informe de 2024 documentaron al menos 46 asesinatos de líderes indígenas desde 2018.
En este sentido, resaltaron que la muerte de Rivera es síntoma de “un patrón amplio de violaciones” contra pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua.
Las autoridades se han infiltrado en las estructuras de autogobierno de estos pueblos para debilitarlas, han tolerado las invasiones de grupos armados que han causado la muerte de decenas de indígenas, y han realizado detenciones arbitrarias, tortura y persecución contra sus líderes, añadieron.