CIUDAD DE MÉXICO – Funerarias, el Servicio Médico Forense (Semefo) y la comandancia municipal de Iguala están ahora en el centro de dos nuevas líneas de investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Las autoridades llegaron a estas pistas después de revisar nuevamente registros telefónicos y documentos relacionados con los hechos ocurridos en septiembre de 2014.
El pasado sábado se cumplieron 12 años de la desaparición de los normalistas, quienes fueron atacados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El nuevo análisis permitió identificar a 17 personas que no habían sido investigadas y reconstruir comunicaciones entre presuntos integrantes de Guerreros Unidos, policías, funcionarios y particulares.
Una funeraria quedó bajo la lupa
Uno de los nuevos caminos llevó a las autoridades hasta un empresario identificado como Rodolfo, cuya familia estaba relacionada con una funeraria, el Servicio Médico Forense de Iguala y el panteón municipal.
La Fiscalía encontró además un dato que llamó especialmente la atención: el 4 de octubre de 2014, días después del ataque, Rodolfo utilizó el teléfono de Julio César Mondragón Fuentes, uno de los estudiantes desaparecidos.
A partir de esa pista se realizaron cateos en instalaciones relacionadas con servicios funerarios. En la Funeraria El Ángel, los investigadores localizaron un resto óseo dentro de un cajón, un arma de fuego, documentos y un crematorio que no estaba registrado.
También encontraron certificados de defunción, documentos para trasladar cuerpos y autorizaciones de inhumación que tenían firmas y sellos, pero estaban en blanco.
Las búsquedas posteriores en la funeraria y el Semefo dejaron 23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales y restos biológicos. Parte de este material continúa bajo análisis con la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Investigan si hubo una red para desaparecer evidencias
La Fiscalía también analiza testimonios que apuntan a que algunos de los estudiantes pudieron haber sido llevados a funerarias después de su desaparición.
Con esa información, las autoridades buscan determinar si existió una red relacionada con Guerreros Unidos que pudo haber sido utilizada para ocultar o destruir evidencias del caso.
Por esta línea de investigación, siete personas están vinculadas a procesos, mientras los investigadores continúan revisando comunicaciones, documentos y otros indicios para establecer qué ocurrió.
Otra pista lleva a la comandancia de Iguala
La investigación también busca responder una pregunta que podría cambiar la reconstrucción de aquella noche: ¿17 de los normalistas estuvieron en la comandancia municipal antes de desaparecer?
Para tratar de responderla, la Fiscalía analiza siete testimonios: cuatro corresponden a policías municipales, dos a presuntos integrantes de Guerreros Unidos y uno a un sobreviviente.
Los investigadores también siguieron el rastro del teléfono de Israel Caballero Sánchez, que después de la desaparición fue utilizado por la esposa de un exfuncionario.
Estos elementos son considerados por el Gobierno como una posible contradicción a la versión de José Ulises Bernabé, quien sostuvo que aquella noche solo seis personas fueron llevadas a la comandancia y que no eran estudiantes. México ha solicitado su extradición desde EE.UU.
El subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, dijo que esclarecer lo ocurrido dentro de la comandancia de Barandilla es una de las prioridades actuales del caso.
Revisan teléfonos y videos
El nuevo análisis incluye los teléfonos de Jorge Antonio Tizapa y Jorge Aníbal Cruz, además de una investigación sobre el supuesto ocultamiento de videograbaciones del Palacio de Justicia.
Las autoridades también mantienen solicitudes de extradición de personas que se encuentran en EE.UU. e Israel. Medina recordó que el caso fue abordado con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su visita a México en septiembre de 2025.
Más de 160 personas han sido procesadas
Los nuevos avances se presentan mientras el Gobierno informa que 168 personas han sido procesadas por hechos relacionados con el caso y que 130 permanecen en prisión. Desde octubre de 2024, las autoridades han realizado además 30 detenciones.
Entre los investigados hay 17 militares que enfrentan procesos penales, mientras siguen abiertas otras líneas para determinar posibles responsabilidades a nivel federal.
La Fiscalía también ha digitalizado cerca del 90% de cinco millones de hojas que forman parte de los expedientes acumulados durante los 12 años de investigación.
Desde 2019, las autoridades han intervenido 1,931 sitios de búsqueda como parte de los trabajos para encontrar información o posibles restos relacionados con los estudiantes.
El caso sigue abierto 12 años después
El Gobierno mexicano anunció además una vía de colaboración con ONU-DH para incorporar expertos independientes a la investigación, aunque descartó que el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) vuelva a participar en el caso.
Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las líneas relacionadas con las funerarias, el Semefo y la comandancia de Iguala, mientras continúan revisando llamadas, documentos, testimonios y restos encontrados durante los operativos.
“No vamos a bajar la guardia. Intensificaremos las búsquedas”, afirmó Medina al presentar los avances de una investigación que, 12 años después de la desaparición de los 43 normalistas, todavía busca establecer qué ocurrió con ellos.