El DOJ impulsa el inglés en trámites, formularios y páginas federales, con posibles consecuencias para millones de hispanos
WASHINGTON – La posibilidad de hacer un trámite, consultar un beneficio o entender una comunicación oficial en español podría volverse cada vez más limitada para millones de personas en Estados Unidos. La administración de Donald Trump está presionando a las agencias federales para que prioricen el inglés y eliminen servicios en otros idiomas cuando no sean indispensables.
El Departamento de Justicia (DOJ) publicó nuevas directrices que piden a las dependencias del Gobierno operar exclusivamente en inglés, salvo cuando las traducciones o la asistencia multilingüe sean obligatorias por ley o necesarias para cumplir sus funciones.
El memorándum amplía el alcance de la política impulsada por Trump desde marzo de 2025, cuando firmó una orden ejecutiva que estableció el inglés como idioma oficial de Estados Unidos.
La nueva guía no se limita a documentos internos. Incluye correspondencia oficial, reglamentos, anuncios públicos, formularios, solicitudes, sitios web, materiales educativos, programas de divulgación e incluso herramientas de inteligencia artificial.
Millones de inmigrantes podrían perder acceso
El impacto podría alcanzar a una población enorme y es que, de acuerdo con el Migration Policy Institute, 27.4 millones de personas en Estados Unidos tenían un dominio limitado del inglés en 2025, alrededor del 8% de los residentes mayores de cinco años.
Para estas comunidades, contar con información en español puede marcar la diferencia entre completar correctamente una solicitud, conocer sus derechos o quedarse fuera de un programa gubernamental por no entender sus requisitos.
Los primeros cambios ya comenzaron. La Administración de Servicios Generales (GSA) cerró la versión en español de USA.gov, el portal que durante años permitió consultar información y servicios del Gobierno federal en ese idioma. La página comenzó a redirigir a los usuarios a su versión en inglés.
También el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) retiró materiales en otros idiomas de sus servicios. Según el propio memorándum del DOJ, los departamentos de Seguridad Nacional, Educación y Tesoro también comenzaron a eliminar contenido multilingüe de sus sitios web.
La nueva política tendrá excepciones legales
La administración sostiene que las agencias podrán mantener asistencia en otros idiomas cuando exista una obligación legal o cuando resulte necesaria para cumplir su misión. Entre los ejemplos aparecen la seguridad nacional, las operaciones policiales, la atención médica y la respuesta ante emergencias.
Sin embargo, especialistas en derechos civiles advierten que reducir las traducciones puede crear obstáculos para quienes necesitan comunicarse con las autoridades.
La discusión también tiene implicaciones legales. El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación por origen nacional en programas que reciben fondos federales. Su aplicación puede exigir medidas para garantizar que las personas con dominio limitado del inglés tengan acceso significativo a determinados servicios.
El Departamento de Justicia abrió un periodo para recibir comentarios públicos sobre el memorándum hasta el 11 de enero de 2027.