Por Matías Trejo De Dios
Vivimos tiempos extraordinarios. Tiempos de una sensibilidad tan refinada, tan delicada y tan cuidadosamente protegida que ciertas palabras han pasado a ser tratadas como si fueran objetos peligrosos.
Entre ellas se encuentra una de las más antiguas y comunes del lenguaje político y administrativo: «autoridad».
Al parecer, el término resulta incómodo para algunas personas porque les recuerda experiencias negativas vividas en países donde el poder fue arbitrario, corrupto o abiertamente abusivo. Y, en lugar de preguntarnos cómo construir instituciones más transparentes, responsables y cercanas al ciudadano, la solución propuesta consiste en eliminar la palabra o sustituirla por otra considerada más amable.
Es un planteamiento fascinante. Si el problema es la corrupción, cambiemos el vocabulario. Si el problema es el abuso, reformemos el diccionario. Si el problema es la tiranía, escondamos el término que la describe. Quizá algún día descubramos que, al borrar la palabra «incendio», también desaparece el fuego.
Naturalmente, las palabras pueden tener una enorme carga emocional e histórica. Nadie discute eso. Pero reconocer ese hecho y concluir que determinadas expresiones deben desaparecer son cosas muy distintas.
La paradoja resulta aún más interesante cuando se aplica a la población hispana. A menudo se da por sentado que los hispanos constituyen un grupo homogéneo, condicionado por experiencias traumáticas y, por tanto, poco dispuesto a distinguir entre una autoridad despótica y una autoridad legítima.
La consecuencia de esa idea es profundamente paternalista. Se presenta a millones de personas como individuos demasiado frágiles para comprender la diferencia entre el abuso del poder y el ejercicio legítimo de la ley; demasiado vulnerables para entender que una democracia funciona precisamente porque la autoridad está limitada por normas, por instituciones y por la voluntad de los ciudadanos.
Resulta curioso que semejante visión se presente, además, como una muestra de sensibilidad cultural. En realidad, encierra la sospecha de que el ciudadano hispano debe ser protegido incluso de las palabras, como si la experiencia de la inmigración, el trabajo, el esfuerzo y la adaptación a una nueva sociedad no hubiera sido suficiente para desarrollar el criterio necesario para comprender el funcionamiento de una república.
Y, sin embargo, la mayoría de las personas entiende intuitivamente algo bastante sencillo: la autoridad y el autoritarismo no son la misma cosa. Nunca lo han sido.
La historia de los Estados Unidos se ha construido sobre una idea radical: la autoridad no pertenece a una persona, sino a la ley. Los funcionarios son servidores públicos. Las instituciones existen para responder ante la ciudadanía. Y el poder, lejos de ser un privilegio, es una responsabilidad.
Por ello, quizá la solución no sea borrar palabras, sino recuperar su significado. Porque una sociedad libre no se fortalece cuando aprende a temer el lenguaje, sino cuando aprende a utilizarlo con precisión, con criterio y sin miedo.
– Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen exclusivamente a su autor y no representan necesariamente la posición editorial de El Latino de Hoy ni la de las instituciones u organizaciones con las que el autor pueda estar relacionado.