La controversia llegó a la Corte Suprema, que permitió temporalmente al Ejecutivo continuar con esas expulsiones mientras el proceso judicial seguía abierto
SAN FRANCISCO – Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos falló este viernes en contra de una política del gobierno del presidente Donald Trump que permite deportar a migrantes hacia terceros países sin informarles previamente del destino ni ofrecerles una oportunidad para impugnar la decisión.
Un panel de tres jueces del Primer Circuito de Apelaciones confirmó en gran medida la decisión de un tribunal federal de Massachusetts, que había declarado ilegal la medida adoptada por el gobierno el año pasado.
La política cuestionada establece que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no tiene que notificar a los extranjeros que serán enviados a un tercer país, siempre que ese gobierno garantice que las personas deportadas no serán sometidas a persecución o tortura.
El fallo de este viernes consideró que esa práctica impide que los migrantes ejerzan de manera efectiva su derecho a cuestionar el traslado cuando temen sufrir persecución en el país al que serían enviados.
“El derecho de una persona a impugnar su traslado a un país, basándose en el temor a sufrir persecución en dicho país, carece de valor si no se le notifica previamente el destino previsto para el traslado y no se le brinda una oportunidad real de impugnar ese destino”, escribió el juez Seth Aframe en nombre del panel.
Los tres magistrados votaron de manera unánime contra la política.
Aframe señaló además que las leyes y los reglamentos federales contemplan procedimientos para que los migrantes puedan presentar sus argumentos cuando alegan que enfrentarían persecución en otro país. De acuerdo con el fallo, esas normas no establecen una excepción para los casos en que Estados Unidos pretenda trasladar a una persona a un tercer país.
“Rechazamos los intentos del Departamento de Seguridad Nacional de inventar tal excepción de la nada”, afirmó el panel.
El Departamento de Seguridad Nacional ha defendido la facultad del gobierno para realizar este tipo de expulsiones, mientras organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han cuestionado que las personas sean enviadas a países distintos de aquellos contemplados inicialmente en sus órdenes de deportación sin poder conocer el destino y presentar objeciones.
La controversia llegó anteriormente a la Corte Suprema, que permitió temporalmente al Ejecutivo continuar con esas expulsiones mientras el proceso judicial seguía abierto.
La decisión del Primer Circuito no pone fin al litigio. El gobierno todavía puede solicitar nuevas revisiones judiciales y previsiblemente buscará llevar el caso nuevamente ante la Corte Suprema para intentar revertir el fallo.