WASHINGTON – El subsecretario de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, negó tajantemente el martes un informe que afirmaba que la administración de Donald Trump está preparando cargos criminales contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La respuesta se produjo después de que Reuters informara que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha estado preparando discretamente un borrador de acusación contra Rodríguez por presunta corrupción y lavado de dinero vinculados a la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela, o PDVSA.
El reporte, citando a cuatro fuentes anónimas familiarizadas con el asunto, señaló que fiscales federales en Miami han estado reuniendo posibles cargos como parte de una estrategia más amplia para mantener influencia sobre el liderazgo venezolano tras la dramática captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero.
“Completamente falso, esta historia de Reuters. No estoy seguro de cómo algo tan falso termina siendo publicado”, escribió Blanche en una publicación en X, acompañada de una captura de pantalla del reportaje poco después de que comenzara a circular en línea.
Reuters informó que la acusación aún no ha sido presentada formalmente, pero que los fiscales han estado desarrollando el caso durante meses. Según las fuentes citadas por la agencia, a Rodríguez se le ha advertido que podría enfrentar un proceso judicial si no cumple con las exigencias de Washington durante la frágil transición política de Venezuela.
En una declaración en respuesta al desmentido de Blanche, Reuters reiteró la veracidad de su reportaje.
Disputa en medio de una transición frágil
La disputa surge en un momento delicado para las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, dos meses después de que fuerzas especiales estadounidenses capturaran a Maduro en una operación antes del amanecer en Caracas el 3 de enero y lo trasladaran a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico y narcoterrorismo. Maduro se ha declarado no culpable y permanece bajo custodia federal a la espera de juicio.
En el vacío político que siguió a la operación, Rodríguez —vicepresidenta de Maduro y figura de larga trayectoria dentro del liderazgo socialista venezolano— asumió el poder como presidenta interina. Su ascenso como principal autoridad política del país la ha convertido tanto en la principal interlocutora de Washington como, según críticos, en una figura profundamente vinculada a las estructuras que sostuvieron al régimen anterior.
En público, el presidente Donald Trump ha elogiado repetidamente a Rodríguez por cooperar con Estados Unidos durante la turbulenta transición.
El martes, Trump volvió a destacar lo que describió como una relación productiva con la dirigente venezolana.
“Tenemos a Delcy, que ha sido muy buena. Tenemos toda la cadena de mando y la relación ha sido excelente… La relación ha sido excelente, ha sido perfecta”, dijo Trump.
Alegaciones sobre fondos vinculados a PDVSA
Pero el reportaje de Reuters sugiere una dinámica más compleja detrás de escena.
Según las fuentes citadas por la agencia, fiscales federales en Miami han estado examinando posibles cargos por corrupción y lavado de dinero relacionados con el supuesto papel de Rodríguez en el lavado de fondos vinculados a PDVSA entre 2021 y 2025.
Medios informaron previamente que funcionarios estadounidenses llevaban años investigando a Rodríguez en medio de acusaciones presentadas por testigos en casos judiciales en Estados Unidos relacionados con el llamado Cartel de los Soles, una organización criminal que, según los fiscales, operaba dentro del Estado venezolano. Algunos testigos aseguran que Rodríguez desempeñó un papel dentro de esa red.
Los fiscales estadounidenses han descrito al cartel como la división de narcotráfico del régimen de Caracas.
Mucho antes de la captura de Maduro, analistas e investigadores señalaban que el centro de gravedad político del país había comenzado a desplazarse gradualmente hacia un círculo reducido de figuras de confianza del presidente, entre ellas Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, el poderoso presidente de la Asamblea Nacional.
El general retirado venezolano Cliver Alcalá Cordones, quien cumple una condena de prisión en Estados Unidos, ha descrito a los hermanos Rodríguez como arquitectos centrales del sistema que sostuvo al gobierno socialista durante años.
“Esa foto muestra claramente quién tiene el verdadero poder en Venezuela”, escribió Alcalá en respuestas a través de su abogado, refiriéndose al momento en que Jorge Rodríguez juramentó a su hermana como presidenta interina tras la captura de Maduro. “Ellos son los verdaderos arquitectos del régimen dictatorial venezolano”.
Las afirmaciones de Alcalá son rechazadas por funcionarios venezolanos, pero reflejan acusaciones de larga data de las autoridades estadounidenses de que el Estado venezolano se entrelazó con redes financieras ilícitas durante los años de gobierno de Maduro.
Durante años, las investigaciones estadounidenses se han centrado en lo que los fiscales describen como el Cartel de los Soles, una supuesta alianza de altos funcionarios políticos y militares venezolanos acusados de facilitar envíos de cocaína a través del territorio venezolano.
Según evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos y testimonios de testigos protegidos, la red generó enormes ingresos a partir del narcotráfico, la minería ilegal de oro y otras actividades ilícitas que ayudaron al gobierno a compensar la caída de ingresos petroleros provocada por las sanciones internacionales.
Esas investigaciones cobraron nueva urgencia tras el arresto de Maduro en enero, que funcionarios estadounidenses describieron como la culminación de años de trabajo dirigidos contra lo que los fiscales consideran una estructura de narcotráfico respaldada por el Estado.
El vacío dejado por El Aissami
La influencia de Rodríguez se amplió considerablemente tras la repentina caída de Tareck El Aissami, uno de los hombres más poderosos del régimen.
El Aissami, quien supervisaba los sectores energético y económico de Venezuela, desapareció de la vida pública en 2023 tras ser acusado de corrupción. Estados Unidos ya lo había sancionado años antes bajo la Ley de Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero, acusándolo de facilitar envíos de narcóticos a través de Venezuela.
Su desaparición dejó un vacío en las redes financieras y políticas del gobierno.
Según exfuncionarios e investigadores, Rodríguez asumió gradualmente muchas de esas responsabilidades, incluyendo la supervisión de empresas estatales y de los canales financieros utilizados para evadir sanciones.
En público, continuó actuando como una de las diplomáticas más visibles del gobierno, defendiendo a Venezuela en foros internacionales y denunciando las sanciones estadounidenses como una “guerra económica”. En privado, dicen los investigadores, desempeñó un papel central en el mantenimiento de las redes financieras que permitían al régimen sostenerse.
Testigos protegidos entrevistados por investigadores han descrito a los hermanos Rodríguez como administradores clave dentro de ese sistema, encargados de manejar fondos generados por diversas actividades económicas del régimen. Según esos testimonios, supervisaban redes de empresas e intermediarios que manejaban miles de millones de dólares fuera de Venezuela.
Una transición política frágil
El nuevo papel de Rodríguez como presidenta interina la ha colocado en el centro de una de las transiciones políticas más volátiles en la historia reciente de Venezuela.
La operación de enero que sacó a Maduro del poder sorprendió tanto a aliados como a adversarios, poniendo fin abruptamente a más de una década de su gobierno y creando un vacío dentro del movimiento socialista.
Desde entonces, Washington ha buscado estabilizar la situación mientras presiona a las autoridades venezolanas para que cooperen con investigaciones criminales en curso y solicitudes de extradición.
Funcionarios de la administración Trump han presentado a Rodríguez como una socia pragmática capaz de mantener en funcionamiento las instituciones del país mientras se desarrollan cambios políticos más amplios.
Pero críticos dentro y fuera de Venezuela sostienen que su ascenso representa continuidad más que reforma.
Alcalá, el exgeneral, escribió que el sistema de poder en Venezuela había funcionado durante años menos como un gobierno convencional que como una organización criminal.
“Es evidente que el régimen dictatorial venezolano funcionó durante más de una década como una verdadera organización criminal con múltiples actividades”, afirmó.